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Marco Teruggi

Crece el cuestionamiento a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Algunos, como el Gobierno de México y el Grupo de Puebla, plantean la posibilidad o necesidad de su renuncia en lo que se considera fue un rol activo en el golpe de Estado en Bolivia. Pero, ¿alcanza con un cambio en la Secretaría del organismo?

El Gobierno de México pidió determinar si Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), "aún cuenta con la autoridad moral necesaria para seguir encabezando la organización". La posición fue expresada a través de Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina, durante la Asamblea General de la OEA realizada el 20 y 21 de octubre.

La Asamblea tuvo lugar en el contexto de las elecciones ocurridas en Bolivia el pasado 18 de octubre, donde resultaron electos Luis Arce y David Choquehuanca, del Movimiento al Socialismo (MAS)[2], en una jornada que Reyes calificó de pacífica y democrática "muy a pesar de usted secretario general y de su misión de observación electoral".

La posición expresada oficialmente por México dio cuenta de la gravedad de la situación denunciada desde el golpe de Estado contra el entonces presidente boliviano Evo Morales en 2019: la participación activa de la OEA, en particular de Almagro, en el entramado golpista.

Las denuncias contra Almagro y la misión electoral de la OEA en Bolivia en 2019 ya habían sido realizadas por diferentes medios de comunicación y centros de investigación. Sin embargo, tomaron una relevancia mayor en vista de los resultados electorales actuales: el MAS alcanzó una victoria cercana a 55%, con más de 20 puntos de diferencia sobre el segundo, Carlos Mesa.

Uno de los argumentos expuestos por el informe de la OEA denunciando irregularidades en 2019 había sido el resultado en 86 mesas de votación, donde el MAS había sacado resultados muy elevados. "Si hacemos una comparación de esas mismas mesas electorales con los resultados del pasado domingo, el MAS en esas mesas ganó con la misma cantidad, o aún más votos", explica a Sputnik la abogada y analista internacional venezolana Laila Tajeldine. Es decir, los resultados de 2020 confirman que los de 2019 fueron correctos y que no hubo fraude.

​La nueva evidencia del accionar de la OEA en el golpe en Bolivia volvió a poner a Almagro en el banquillo de los acusados. "Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados y de lastimar nuestras democracias, lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse nunca más", afirmó Reyes.

La OEA de Luis Almagro

Las acusaciones presentadas por el Gobierno de México apuntan específicamente a Almagro por "utilizar sus facultades administrativas para la toma de decisiones políticas que impactan el rumbo de la organización sin someterlas previamente a la consideración de la membresía".

Además, tales decisiones "adolecen de un sustento jurídico y de la información necesaria que permita conocer su motivación y objetivo", destacó Reyes en la asamblea general. Se trata entonces de un problema del organismo, pero particularmente de su secretario general.

Fueron más las voces que señalaron a Almagro. El Grupo de Puebla, por ejemplo, pidió su renuncia: "El papel que jugó en la desestabilización de Bolivia y las relaciones excluyentes que mantiene con otros países del área lo inhabilitan para seguir ejerciendo el papel de mediación y facilitación democrática que debería desempeñar". El documento fue firmado por personalidades políticas como la expresidenta de Brasil Dilma Rouseff y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Por su parte, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) pidió la remoción de Almagro en una carta enviada a los ministros de relaciones exteriores de los Estados miembros de la OEA, por "su papel en los sucesos de octubre de 2019 que se fundamentaron en un informe sin rigurosidad técnica que resultó lesivo para la institucionalidad democrática en Bolivia".

​Tajeldine señala que "Almagro ha sobrepasado sus atribuciones y ha llegado a una posición descarada, ha sido uno de los secretarios generales más posicionados a favor de la política de EEUU en la región". Sin embargo, subraya un elemento: el problema estructural de la OEA "desde sus inicios".

A su juicio, una remoción de Almagro, que sería necesaria tomando en cuenta lo sucedido, no resolvería el problema. "La OEA viene a ser formada estructuralmente como un organismo para la legitimación de las políticas de intervención por parte de EEUU en toda la región", observa Tajeldine.

La OEA y el caso Venezuela

La participación de la OEA y centralmente de Almagro en el golpe en Bolivia puso sobre la mesa lo que venía sucediendo en Venezuela desde hace varios años, donde el actual secretario general ha actuado como una de las figuras más agresivas en la política internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En octubre de 2018 afirmó, desde la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que "en cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción".

El rol de la OEA, y en particular de Almagro ha sido central para la legitimación del "gobierno interino" encabezado por Juan Guaidó. Así, en abril del 2019, es decir tres meses después de su autoproclamación como presidente de Venezuela, la OEA acreditó como representante venezolano al enviado por Guaidó ante el organismo, Gustavo Tarre Briceño, un político que se ha manifestado a favor de acciones de intervención internacional en el país.

El asedio diplomático contra el Gobierno de Maduro es el tema principal de Almagro al frente de la OEA por una razón central: Venezuela es el principal objetivo de la política exterior de Estados Unidos en el continente. La OEA, y centralmente su secretario general, que realiza acciones con las irregularidades señaladas por México, es uno de los instrumentos de Washington para llevar adelante esa política en América Latina.

Esta última Asamblea General del organismo no resultó ser la excepción, y uno de los temas centrales fue Venezuela: las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, se encargó de preanunciar la posición que tomaría la Asamblea General ante el tema: "Estados Unidos espera que este organismo apruebe una resolución contundente condenando al régimen de Maduro este año, así como esperamos que todos los Estados miembros no reconozcan las elecciones ilegítimas de Venezuela, pasadas o futuras".

En efecto, la Asamblea General adoptó una resolución para señalar la "carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela". La resolución tuvo cuatro votos en contra, nueve abstenciones, de los Gobiernos progresistas de México y Argentina inclusive, y 21 votos a favor, entre los cuales, falsamente, el de Venezuela, es decir del enviado por Guaidó.

El Gobierno venezolano no solamente no participó de la reunión sino que, desde abril del 2019 quedó formalmente fuera de la OEA, luego de haber activado dos años antes el mecanismo para retirarse. Tajeldine valora ese retiro como acertado: "El balance que hacemos al respecto es que fue una decisión histórica y necesaria, que respondió a una realidad que sigue existiendo".

Venezuela no es parte del organismo tan cuestionado actualmente por su rol en Bolivia, y conocido de memoria en el caso venezolano: "ya podemos escribir lo que va a decir y hacer la OEA respecto a Venezuela porque es un libreto que se repite una y otra vez", remarca la analista.

Organismos de integración regional

La OEA, conformada en 1948, recobró una centralidad que había perdido en años anteriores debido al debilitamiento de los instrumentos de integración regional construidos recientemente, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en 2010.

Se trató de una política diseñada desde EEUU y aplicada por cada gobierno de derecha que asumió en la región en los últimos años: uno por uno se fue retirando de la Unasur, vaciando la Celac, centralizando la OEA, integrando el Grupo de Lima, formado en 2017 con el fin de asediar diplomáticamente al Gobierno venezolano. Asimismo crearon una alianza de gobiernos de derecha como el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), en 2019.

Así, un instrumento como la Unasur, que tuvo un rol central en el intento de golpe en Bolivia en el 2008, dejó de tener relevancia diplomática. Ese vacío, producto de una correlación de fuerzas favorable a gobiernos con política exterior regional subordinada a la agenda de Washington, fue ocupado por la OEA.

"Instrumentos ya existentes, como la Celac y la Unasur, pueden ser columna vertebral para una verdadera integración de la región", evalúa Tajeldine.

"Es necesaria la formación de organismos que estén realmente subordinados a la normativa internacional y a aquellas normas que van dirigidas a la no intervención de los asuntos internos de los Estados. Y cuando nos referimos a eso no nos referimos solamente a la no intervención militar, sino a todo tipo de intervención, la política, económica, tal como la OEA lo ha venido haciendo", plantea la abogada.

Por lo tanto, mientras por un lado crece el pedido de renuncia de Almagro por su participación en el golpe en Bolivia que costó dos masacres, persecuciones, mayor pobreza, por el otro lado, aparece con más fuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos creados en años anteriores para tener instrumentos latinoamericanos de integración que contengan la diversidad de gobiernos y tengan puntos claros de acción.

Esto último podría comenzar a fortalecerse a partir de la victoria del nuevo Gobierno en Bolivia, que viene a ampliar el mapa de gobiernos dispuestos a avanzar en esa dirección, y ya adelantó que será parte del relanzamiento de la Unasur, el apoyo a la Celac, y que se retirará del Grupo de Lima. Una posible victoria de Andrés Arauz en febrero en Ecuador sería otro paso para ese proyecto continental.

"Sus manos están manchadas de sangre boliviana": Evo Morales exige la renuncia de Luis Almagro en la OEA

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, exigió este jueves la renuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por el papel que jugó el organismo regional durante las elecciones de octubre de 2019.

"Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA, debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre boliviana", escribió Morales en su cuenta de Twitter. "Si no lo hace, solicito a los Estados Miembros que inicien su desvinculación al amparo del Artículo 116 de la Carta de la OEA", advirtió.

El artículo establece que la Asamblea General de la OEA, con el voto de dos tercios de los Estados miembros, puede remover al secretario general o al secretario general adjunto, cuando "así lo exija el buen funcionamiento de la organización".

Morales señaló que las acciones de Almagro y de Manuel González —excanciller de Costa Rica y quien lideró la Misión de Observación Electoral de la OEA durante los comicios de octubre de 2019— derivaron en "masivas violaciones de los derechos humanos" y en la "comisión de crímenes de lesa humanidad".

"Presentaremos una denuncia contra ellos ante la Corte Penal Internacional para que sean procesados y juzgados", anunció el mandatario depuesto boliviano.

El grupo de auditores de la OEA que verificó los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 —en las que Morales obtuvo la victoria en primera vuelta— señaló presuntas "irregularidades" en 226 de las 4.692 actas que revisaron. En medio de una creciente polarización alimentada por sectores de la derecha boliviana que alegaron fraude en los comicios, la OEA publicó un informe preliminar, el 10 de noviembre de 2019, en el que instó anular los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre y convocar nuevos comicios.

Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones, pero fue forzado a dimitir por el comandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el de la Policía Nacional, Vladimir Calderón.

Tras el golpe de Estado contra Morales y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, la OEA publicó el informe final de los comicios el 4 de diciembre de 2019, en el que afirmó que la victoria en primera vuelta del mandatario depuesto "fue estadísticamente improbable".

No obstante, en el mismo documento, el organismo aseguró que hubo irregularidades pero al mismo tiempo admitió que no pudo "contrastar la información consignada con las actas de escrutinio y cómputo", debido a la quema de material electoral.

"No hay paralelismos"

Durante el cierre del período ordinario de sesiones de la OEA, Almagro dijo este jueves que "no era muy inteligente" hacer "paralelismos" entre los resultados de los recientes comicios y los de octubre de 2019, a pesar de que en ambos ganó el candidato del Movimiento Al Socialismo, el partido de Evo Morales.

"Si ustedes ven el resultado de estas elecciones, comparado con el resultado de las elecciones anteriores, o del propio referéndum, realmente no hay cifras trasladables", aseguró Almagro, tras considerar que es "un despropósito absoluto" atribuirle los votos de Arce a Morales.

El secretario general de la OEA consideró que si Morales hubiese obtenido los votos de Arce -quien ganó después de un golpe de Estado contra el líder de su partido político- Bolivia no hubiera tenido los "problemas" que ha afrontado "en el último tiempo", sin referencia expresa a la violencia política contra el MAS y la instauración de un Gobierno de facto.

Preparando la fuga: Áñez pide a EEUU 350 visados

Ante la victoria del MAS en las elecciones de Bolivia, el gobierno de facto, presidido por Jeanine Áñez, ha solicitado visas a Estados Unidos para su personal.

El periodista de la cadena estadounidense de noticias NBC, Tom Brokaw, informó el jueves sobre una carta de Áñez, en la que ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos 350 visas para los funcionarios de su gobierno interino.

El informe, citado por la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano, indica que la razón detrás de dicha petición es la preocupación que el gobierno de facto boliviano tiene de ser enjuiciado por el Gobierno del presidente electo Luis Arce Catacora.

La noticia se ha hecho viral en las redes sociales bajo el título: “¿Tiempo de fuga?”.

Bolivia: cómo el resultado electoral revela el papel de la OEA en el golpe de 2019

Sergio Pintado

Los mismos 86 centros de votación de Bolivia que la OEA había cuestionado por su "inusual" apoyo al MAS en 2019 demostraron, un año después, que el organismo "politizó" su misión electoral, dijo a Sputnik la socióloga Gisela Brito. Según la experta, el organismo necesitará hacer una revisión interna para recuperar la credibilidad perdida.

Las elecciones bolivianas del 18 de octubre no solo significaron el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS) al Gobierno sino que también confirmaron los cuestionamientos hechos a la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en 2019 había denunciado presuntas "irregularidades", encendiendo la chispa de la violencia que terminó derrocando al entonces presidente Evo Morales.

En su informe final sobre las elecciones de 2019, los observadores de la OEA habían cuestionado los resultados en 86 centros de votación, considerando que arrojaban un apoyo al MAS de 91% en promedio, lo que representaba un comportamiento "inusual" que amplió definitivamente la ventaja de Morales sobre Carlos Mesa sobre el final del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

Con los resultados preliminares del 18 de octubre a la vista, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) decidió poner a prueba la validez del informe de la OEA de 2019, comparando los resultados de 2020 en los 86 centros de votación cuestionados un año anterior. El resultado arrojó que, lejos de disminuir, el apoyo al MAS en esos circuitos pasó de 91% promedio a 97%.

En diálogo con Sputnik, la socióloga argentina Gisela Brito, coordinadora de Opinión Pública de Celag, explicó que el relevamiento indicó que el MAS obtuvo "en promedio cinco o seis puntos más" de lo que había tenido en 2019 en esos circuitos, un resultado que se condice con la votación del MAS a nivel nacional, que también pasó de 47% en 2019 a cerca de 54% en 2020.

Brito remarcó que el caudal de votos que recibe el MAS en esos lugares "no es inusual", como decía la OEA, sino que se corresponde con zonas rurales y de comunidades indígenas "que desde el año 2005 (cuando Evo Morales llegó por primera vez al Gobierno) tienen un comportamiento de apoyo mayoritario al MAS, con valores del 80% y 90%".

La analista confirmó que esas zonas del país "históricamente y de manera recurrente votan de esa manera" y que sus datos suelen llegar al final del conteo porque se trata de zonas del país con poca conectividad y donde el cómputo de las actas debe hacerse de forma manual.

Para Brito, el análisis ratifica que en 2019 "lo que la OEA hizo fue politizar una misión electoral que debe tener carácter técnico". En ese sentido, sostuvo que los veedores electorales del organismo regional actuaron con "intencionalidad" porque querían "erosionar y deslegitimar una elección que había tenido un margen muy estrecho".

Al apartarse de su carácter técnico, la OEA acabó "cuestionando el comportamiento político de los electores". "La OEA no tiene la potestad de cuestionar qué votan los ciudadanos, solo tiene que garantizar que las elecciones se den de manera limpia", sostuvo.

La integrante de Celag responsabilizó al organismo del clima de violencia que se desató en Bolivia a partir de que la misión electoral cuestionara el propio TREP, echando dudas sobre el proceso incluso antes de que se iniciara el conteo oficial, el verdaderamente válido para determinar el ganador de la elección. "En esos días en que la OEA insinuó que debía haber segunda vuelta se generaron quemas de tribunales electorales departamentales, con lo que se destruyeron las propias evidencias de las papeletas reales y ya no se podía saber quién era el ganador", recordó.

Almagro y una OEA sin credibilidad

Así como la misión electoral de 2019 tuvo serias consecuencias en el sistema político boliviano, las conclusiones que pueden extraerse de su accionar tras los nuevos comicios de 2020 pueden marcar un antes y un después para el organismo, advirtió Brito.

"La principal consecuencia es que la OEA queda deslegitimada como institución a la hora de hacer misiones electorales en otros países", planteó la experta.

Brito apuntó que la OEA actuó en Bolivia sin "imparcialidad y rigurosidad técnica", dos requisitos que consideró necesarios para este tipo de intervenciones en procesos electorales, y cuya ausencia puede marcar un precedente que imponga dudas en futuras participaciones. El Gobierno de México fue, de hecho, uno de los primeros países en expresarse en ese sentido.

También lo hizo el Grupo de Puebla —coordinación política que reúne a referentes políticos progresistas de América Latina— que directamente solicitó la renuncia de Almagro, reelecto en su cargo en marzo de 2020. Para Brito, una renuncia de Almagro sería un camino para recuperar credibilidad del organismo, como también lo sería "una autocrítica y una auditoría interna sobre esa misión electoral, algo que es perfectamente posible".

"Es imprescindible que se revise cuál fue el comportamiento de esa misión como forma de volver a legitimar y generar confianza, porque las misiones electorales se construyen con la confianza y la rendición de cuentas", detalló.

¿Podrá Luis Arce recuperar el milagro económico de Bolivia?

Sebastián Ochoa

El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, deberá valerse de toda su experiencia como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) para enfrentar la formidable crisis económica que dejan la pandemia de COVID-19 y el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Cuando asuma el Gobierno en la primera quincena de noviembre, el presidente electo, Luis Arce, tendrá que enfrentar una crisis como nunca se vio por estas tierras. La pandemia de COVID-19 paralizó el motor económico del país, que deberá ponerse a rodar otra vez. Además, deberá implementar algunos ajustes para revertir la desaceleración en el crecimiento que se registra desde 2014, producto de la caída de los precios del petróleo.

Bolivia, con 11 millones de habitantes, tiene un 34,6% de su población bajo la línea de pobreza. Y el 12,9% en pobreza extrema. La gestión gubernamental de Jeanine Áñez, además del azote de la pandemia, causó que el desempleo creciera del 4% (cuando era presidente Evo Morales) a 12% en estos momentos.

Según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía del Estado Plurinacional caerá un 7,9% durante este año, mayormente motivada por las afectaciones del coronavirus. Sin embargo, pronostica que en 2021 habrá un efecto rebote, que cerrará con una recuperación 5,6% en el Producto Bruto Interno (PBI).

Este es, a grandes rasgos, el panorama que deberá enfrentar Luis Arce cuando asuma la presidencia. Por ahora, en algunas entrevistas dejó entrever que podría devaluar el peso boliviano, luego de 10 años en los cuales el precio del dólar se mantuvo sin cambios, a 6,92 Bs.

El ministro de Economía de Áñez, Branko Marinkovic, dijo el 16 de octubre pasado que delegaba al próximo Gobierno la tarea de devaluar la moneda boliviana. Argumentó que en el plano del comercio internacional el país se volvió poco competitivo, porque su moneda es muy fuerte.

Arce y Marinkovic representan dos miradas opuestas sobre lo que es el Estado. Por ello, si ambos concuerdan en la cuestión de la devaluación, algo de cierto debe haber en ello.

"Arce ha dicho que todavía no va a devaluar. Pero viendo la tendencia a nivel internacional, creo que va a haber la necesidad de hacerlo. El secreto va a estar en cómo lo hagan, en el sentido de que tienen que hacerlo lentamente", comentó a Sputnik la economista María Teresa Hosse Sahonero. Para ella, una devaluación gradual permitiría que no resulte muy afectada la economía de las familias bolivianas.

"Para poder exportar es mejor tener un buen precio del dólar. Pero ahorita estamos importando más de lo que estamos exportando, esa es una tendencia desde 2014, cuando bajaron los precios internacionales del petróleo", dijo Hosse, quien durante 24 años fue directora del Centro de Desarrollo y Comunicación Andino (CENDA), con sede en la ciudad de Cochabamba.

"Desde 2014 podría haberse hecho una estrategia de ir devaluando de a poquito, pero no se ha hecho. Ahorita Arce va a tener que hacer algo así. No lo ha negado, ha dicho que 'por ahora no'. Pero creo que es necesario, porque de lo contrario se crea una burbuja financiera que al reventar hace que se caiga toda la economía", opinó la economista.

Un legado de crisis

En una entrevista con el canal boliviano Gigavisión, Luis Arce indicó que el Gobierno de Áñez "nos está dejando una crisis en -11% de tasa de crecimiento. Si no nos ponemos a trabajar de inmediato, vamos a necesitar de tres a cuatro años para salir de todo esto. Ingresos y empleos es lo inmediato, y de lo primero que nos vamos a ocupar", aseguró.

Apenas ocupe su despacho en la Casa Grande del Pueblo, Arce sostuvo que se encargará de pagar a la población el Bono Contra el Hambre, equivalente a 144 dólares (1.000 Bs.), que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (manejada en sus dos tercios por el MAS), pero Áñez rechazó pagarlo.

También enviará tres leyes a la Asamblea Legislativa. Una es para reducir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 al 8% para quienes usen tarjetas de crédito o débito. Además, establecerá la devolución del IVA a las personas con bajos ingresos. Una tercera ley instaurará el impuesto a las grandes fortunas, para cuyo diseño se necesita información sobre la riqueza de la población boliviana, la cual posee el Ministerio de Economía.

"Arce tiene el desafío de reactivar la economía. El 60% de la economía boliviana es informal. Son trabajadores dedicados al comercio, sin pagar aportes. El próximo Gobierno debe procurar formalizar la economía, así va a lograr ampliar la recaudación por impuestos", consideró Hosse.

"Se debe reactivar la industria, porque la pandemia deL coronavirus ha afectado muchísimo. Mucha gente está siendo despedida, porque no queda otra. Por ello, el Gobierno de Arce va a implementar bonos, porque tiene que inyectar liquidez a la economía. Si la población tiene dinero para comprar, se reactiva el consumo. Así se podrán crear empleos, que es el reto más grande que tiene Arce", dijo la economista, quien actualmente es la secretaria técnica de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

El milagro económico del pasado

Bolivia es un país con importantes reservas de petróleo y gas, pero la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos por la pandemia será otro desafío para el inminente Gobierno del MAS. Hasta 2017, las reservas probadas de gas en Bolivia llegaban a 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por su sigla en Inglés) y a 240.900 millones de barriles de petróleo.

Como ventaja, este país también posee grandes reservas de litio, especialmente en el salar de Uyuni, en Potosí. Según estudios preliminares, allí habría 21 millones de toneladas métricas de este metal, fundamental para la fabricación de baterías de celulares y de autos eléctricos. Durante el Gobierno de Evo Morales no se logró comenzar la explotación. Porque el líder aymara no quería solamente vender el mineral: quería fabricar las baterías en Bolivia.

Según Hosse, otra ventaja que tendrá el próximo Gobierno está en la experiencia que posee Luis Arce a cargo de la política económica del país. Estuvo como ministro de esta cartera durante todos los mandatos de Morales, entre 2006 y 2019, cuando la economía de Bolivia creció a un inédito 4,9% anual en promedio.

Ahora, para levantar económicamente a Bolivia, Arce tiene algo más a su favor: ese 54,75% de votos (hasta el 97% de actas relevadas) que le garantizan acompañamiento para gobernar hasta 2025.

A un año del golpe de Estado de octubre-noviembre de 2019, que derrocó a Evo, la población pudo votar democráticamente en elecciones limpias para volver a elegir al MAS, sin que se pudiera hacer una observación al proceso electoral. Es un duro revés para los partidos de la derecha boliviana, que desde el 12 de noviembre de 2019 administran de facto al Gobierno nacional, con Áñez como figura más visible.

"La gente ha votado muy pragmáticamente. Han dicho: 'Con el MAS hemos estado bien, Arce lo puede hacer. No importa cómo sea, pero nos van a sacar de esto'. Los empresarios también han pensado lo mismo al momento de emitir su voto", consideró Hosse.

Una sonora bofetada para la ‎‎“coalición occidental”‎

General Dominique Delawarde

La elección presidencial que acaba de realizarse en Bolivia confirmó, desde la primera ‎vuelta, que la mayoría de los electores siguen respaldando al MAS, el partido del ‎ex presidente Evo Morales, precisamente el mismo partido al que los golpistas ‎acusaban de haber cometido fraude en la elección presidencial de 2019, hace ‎exactamente un año, elección que fue impugnada por la Organización de Estados ‎Americanos (OEA).‎

El 20 de octubre de 2019, el presidente Evo Morales había ganado la primera vuelta de la ‎elección presidencial con 47,08% de los votos, frente al 36,51% que obtenía Carlos Mesa, su ‎adversario proestadounidense y prooccidental. La Constitución boliviana estipula que cuando un ‎candidato obtiene más del 40% de los votos válidos y un margen de 10 puntos de ventaja sobre el ‎segundo candidato con más votos, el candidato que encabeza la votación resulta electo en la ‎primera vuelta. Por consiguiente, el Tribunal Supremo Electoral había proclamado vencedor a Evo ‎Morales. ‎

Como hacen a menudo cuando pierden –recientemente en Bolivia, en Venezuela y ‎en Bielorrusia–, los candidatos prooccidentales, con el respaldo de los Estados-padrinos que ‎componen la «coalición occidental», encabezados por Estados Unidos, vociferan entonces que ‎hay un fraude electoral y tratan de invertir el resultado de las urnas mediante desórdenes ‎callejeros, con el apoyo, y la injerencia política, mediática, diplomática y a veces militar de ‎Estados Unidos, la Unión Europea y del trío infernal del mal llamado Consejo de Seguridad de ‎la ONU, el trío que con sus acciones injerencistas siembra el caos en el planeta: ‎Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Esto es lo que púdicamente suele designarse ‎en Occidente como operaciones de «cambio de régimen», «revoluciones de colores» o ‎‎«primaveras». ‎

Estas operaciones de «cambio de régimen» no siempre salen bien –como en Venezuela ‎y Bielorrusia, por ejemplo– pero a veces funcionan y fue eso lo que sucedió en Bolivia ‎en octubre de 2019. La corrupción de las altas jerarquías militares, policiales y judiciales ‎bolivianas bastó a los minoritarios para obligar a Evo Morales –quien había ganado muy ‎ampliamente la elección– a dimitir y exilarse en Argentina. Una senadora de los perdedores, ‎Jeanine Áñez, se autoproclamó entonces presidente interina, con el reconocimiento inmediato de ‎Estados Unidos, que de esa manera asumía su apoyo a los golpistas y mostraba claramente ‎su injerencia. La Unión Europea y Francia, sin el menor comentario, se limitaron a «tomar ‎nota» de la dimisión (bajo presión) de Evo Morales y de la toma del poder por parte de los ‎minoritarios.‎

Para evitar el regreso del reelecto presidente Evo Morales –muy popular– el gobierno interino (y ‎minoritario) lo acusó inmediatamente nada más y nada menos que de «terrorismo y genocidio» ‎y retrasó lo más posible la realización de nuevas elecciones, abrigando la esperanza de que el ‎pueblo boliviano acabaría cambiando de opinión y votaría por la minoría golpista. Ese gobierno ‎interino también aprovechó su llegada al poder para perseguir judicialmente a todos los responsables de la formación política mayoritaria [el Movimiento Al Socialismo, MAS] y a sus ‎aliados políticos tratando así de decapitar toda oposición. ‎

Esta farsa “democrática”, que claramente era un golpe de Estado prooccidental premeditado y ‎organizado, llegó a concretarse con la complicidad activa de Estados Unidos y con la complicidad ‎pasiva de la Unión Europea y Francia. ‎

Pero la revancha llegó finalmente este 20 de octubre de 2020 con una brillante victoria del partido ‎de Evo Morales. Al no haber sido autorizado a volver a ser candidato, el presidente derrocado ‎vio a su ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, ganar la elección en la primera vuelta con ‎el 52,4% de los votos válidos y 21 puntos de ventaja sobre su principal rival proestadounidense, ‎Carlos Mesa, en un desenlace feliz, aunque tardío. ‎

Conclusiones:

‎1 – Lo sucedido en Bolivia en octubre de 2019 fue, efectivamente, un golpe de Estado ya que el ‎resultado de la elección de 2019 acaba de repetirse en 2020. Aquel golpe de Estado tuvo éxito ‎gracias al apoyo de Estados Unidos, la colaboración de una alta jerarquía militar, policial ‎y judicial boliviana corrupta y la complicidad de la prensa y de los círculos financieros… y ya ‎sabemos quién los controla, tanto en Bolivia como en otros países. El golpe prosperó con la ‎anuencia silenciosa de la Unión Europea y de Francia. ‎

‎2 – Si quiere mantenerse, el nuevo gobierno del presidente Luis Arce tendrá que proceder a una ‎limpieza y destituir lo más rápidamente posible a todos los traidores que participaron en la ‎organización del golpe de Estado de 2019, llevarlos ante la justicia y lograr que sean condenados ‎para evitar que reincidan. Esa limpieza tendrá que ser profunda, en varias capas de la alta ‎jerarquía, ya que los traidores evidentemente han favorecido la promoción de sus seguidores, que ‎podrían ser los golpistas de mañana. El nuevo poder también tendrá que ocuparse de recuperar ‎el control de las instituciones financieras y de prohibir por ley toda concentración del aparato ‎mediático en manos de un pequeño grupo de individuos a veces (¿a menudo?) ‎mal intencionados. ‎

‎3 – El resultado de esta nueva elección boliviana es una bofetada para Occidente, siempre ‎dispuesto a dar lecciones y a inmiscuirse en los asuntos de países soberanos invocando la ‎democracia a geometría variable que dicen promover. También pone en evidencia la hipocresía y ‎los métodos poco democráticos de Occidente en acontecimientos recientes, como el golpe ‎de Estado de la plaza Maidan en Ucrania; la elección presidencial brasileña, donde se manipuló ‎la justicia, para impedir la participación del candidato más popular [Luis Inacio (Lula) da Silva]; ‎las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela y en Bielorrusia, países donde Occidente ‎reconoce de manera explícita o implícitamente como vencedores a candidatos muy minoritarios, ‎reconocimiento que Occidente les otorga únicamente porque son prooccidentales; la elección ‎presidencial realizada en Siria, donde las potencias de Occidente no reconocen al presidente ‎Bachar al-Assad, a pesar de su amplísima victoria, simplemente porque no les conviene… o ‎más bien porque no conviene al Estado de Israel. ‎

‎4 – Los pueblos de los grandes Estados occidentales deberían interrogarse sobre el estado de ‎sus propias democracias y sobre el papel que desempeñan el dinero, la prensa y los jueces que ‎acaban de falsificar los resultados electorales en su propio país. Basta observar hoy las campañas ‎electorales estadounidenses de 2016 y 2020 para darse cuenta de que la mentira, los golpes ‎bajos y el aparato judicial favorecen diariamente que se manipule la opinión pública y que ‎se manipule al elector, principal objeto de dichas manipulaciones. Basta también con haber ‎vivido la elección presidencial francesa de 2017, en la cual la prensa y los jueces –decidiendo a ‎quién se le entrega el trono– utilizaron los mismos métodos de manipulación para poner en ‎el poder al elegido de los grupos de presión de la finanza. ‎

‎5 – Antes de apresurarse a dar lecciones de cómo gobernar y de moral a los demás, como hace –‎por ejemplo– el presidente francés [Emmanuel Macron] con Siria, Ucrania o Bielorrusia, ‎los ejecutivos de los grandes Estados occidentales deberían interrogarse sobre el carácter ‎democrático de las decisiones que toman ellos mismos. La adopción [en Francia] del Tratado de ‎Maastricht, mediante un truco del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy [que lo convirtió ‎en Tratado de Lisboa], en contradicción con el clarísimo resultado del referéndum realizado ‎en 2005, o el abandono del proyecto para la construcción de un aeropuerto en Notre-Dame des ‎Landes, decisión de abandono tomada por el presidente Macron contradiciendo la opinión ‎favorable al proyecto expresada por más del 55% de los participantes en un referéndum, tendrían ‎que hacer reflexionar al elector [francés] sobre la honestidad de los dirigentes, cada vez menos ‎votados, que lo gobiernan. ‎

La bofetada del pueblo a los dirigentes occidentales es por ende bienvenida. Esa bofetada ‎recuerda a dichos dirigentes que, en la democracia, el derecho debe emanar del pueblo y que ‎el pueblo acabará, tarde o temprano, sacándolos del poder si gobiernan en contra de él. ‎

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