MONTEVIDEO (Sputnik) — El estado de excepción en Ecuador, decretado el 3 de octubre por el presidente Lenín Moreno, es un mecanismo que le permite al Gobierno suspender o restringir temporalmente determinados derechos fundamentales con el fin de afrontar una situación extraordinaria, según indica la Constitución.

"Durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información", dispone la carta magna en sus artículos 164 al 166.

La ley fundamental también aclara que el mandatario podrá adoptar ese régimen excepcional, hasta por 60 días, "en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural".

El presidente podrá decretar la recaudación anticipada de tributos, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, trasladar la sede del Gobierno a cualquier lugar del territorio nacional y disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social.

También puede disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y decretar el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos

"Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional [parlamento unicameral] podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional", se afirma en el artículo 166.

El 3 de octubre, Moreno anunció el estado de excepción ante la huelga en el transporte público que impide la libre movilidad de la población.

"Para precautelar el orden, la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos y controlar a quienes pretenden provocar caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo el presidente en una rueda de prensa televisada y transmitida por la Secretaría General de Comunicación.

El 3 de octubre se produjeron intensas protestas contra las medidas económicas impulsadas por el Gobierno en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El denominado "paquetazo" prevé, entre otras cosas, eliminar el subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, y mantener en 12% el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Gobierno también impulsará reformas laborales que facilitarán contrataciones y el trabajo a distancia, entre otras cosas, pero los empleadores aumentarán su aporte en un 2% mensual para las jubilaciones, explicó el presidente.

​En cuanto al empleo público, Moreno dijo que los nuevos contratos de empleo del sector público se negociarán con remuneraciones un 20% más bajas, que los trabajadores aportarán mensualmente un día de su salario y que se les recortarán las vacaciones a 15 días por año, desde los 30 que tenían hasta el momento.

Análisis: Lenín Moreno: entre la 'muerte cruzada' y los fantasmas de la destitución

Sergio Pintado

Tras el 'estado de excepción' decretado por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, la oposición comienza a recordar la particular figura jurídica de la 'muerte cruzada' como una salida. La parlamentaria andina Pamela Aguirre recordó a Sputnik que los tres mandatarios que decretaron la 'excepción' en Ecuador acabaron destituidos.

"Los tres presidentes que decretaron el 'estado de excepción' fueron sacados por el pueblo ecuatoriano", contó Aguirre, en referencia a la suerte que han corrido los mandatarios que en la historia reciente utilizaron el mismo mecanismo que Lenin Moreno activó para combatir las protestas populares.

Después de que el mandatario ecuatoriano decretara el 'estado de excepción', un mecanismo constitucional que habilita al presidente a restringir ciertas libertades de la población, la parlamentaria andina recordó que se trata del cuarto mandatario en hacerlo en Ecuador. Los tres anteriores fueron:

  1. Abdalá Bucaram (1996-1997);
  2. Jamil Mahuad (1998-2000);
  3. Lucio Gutiérrez (2000-2005)

Aguirre afirmó que los tres enfrentaron el descontento del pueblo ecuatoriano, que salió a las calles a manifestarse en contra de sus gestiones. "Realmente, eso demuestra que hay miedo por parte del Gobierno de Lenín Moreno", aventuró.

Sin embargo, la parlamentaria integrante del Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, admitió que una eventual destitución de Moreno no será fácil debido al "cerco mediático" que respalda al mandatario.

En ese sentido, Aguirre señaló que ya en las primeras jornadas de protestas contra las medidas económicas de Lenín Moreno se registraron detenciones de dirigentes sindicales y estudiantes que no fueron divulgadas como una "noticia negativa" por parte de los principales medios ecuatorianos.

"Están criminalizando la protesta social. Esto es el estado de excepción, para eso el Gobierno la votó. Es evidente que hay una gran arbitrariedad", advirtió.

¿Qué es la 'muerte cruzada'?

Al tiempo que la bancada de Revolución Ciudadana reclamó la necesidad de que las medidas y el estado de excepción sean analizados por la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre recordó una figura jurídica que podría hacer caer al Gobierno de Moreno y que los ecuatorianos conocen como 'muerte cruzada'.

En su artículo 130, la Constitución de Ecuador prevé que la Asamblea Nacional puede destituir al presidente en caso de "grave crisis política y conmoción interna" con el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea a favor de la iniciativa.

El concepto de 'muerte cruzada', incorporado en la Constitución, es el que establece que, ante una destitución del presidente, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a nuevas elecciones presidenciales pero también legislativas, por lo que ambos poderes deben ser renovados juntos.

"El Gobierno le ha fallado al país, y la Asamblea, como medida de presión política, le pide que renuncie, renunciando también la Asamblea Nacional", planteó Aguirre.

De todos modos, la parlamentaria opositora admitió que el mecanismo podría no prosperar debido a que Moreno cuenta con un respaldo mayoritario en el Parlamento, que también acabará aprobado las reformas laborales propuestas por el mandatario.

"La Asamblea Nacional esta vez tiene un rol histórico y no puede prestarse para aprobar reformas laborales que son restrictivas de los derechos", enfatizó la parlamentaria andina.

Aguirre cuestionó que haya legisladores dispuestos a respaldar una reforma que incluyó "el despido de 23.000 servidores públicos y el anuncio de que se van a despedir 10.000 más abruptamente y sin ningún tipo de indemnización". En la misma línea, lamentó que el paquete de medidas incluya la disminución del 20% del salario a los empleados recontratados por el Estado y el recorte de los días vacacionales de 30 a 15.

Para la dirigente, tanto las reformas laborales como los aumentos en el precio de los combustibles provocarán un "retroceso en la economía" y un encarecimiento de todos los productos, afectando especialmente a las clases menos pudientes.

En caso de que una 'muerte cruzada' no prospere, Aguirre reforzó la necesidad de que el pueblo "siga protestando de forma pacífica" en las calles.

Análisis: La repetitiva historia de las recetas del FMI (que no funcionan) en América Latina

Emmanuel Gentile

Las restricciones al crédito externo a las que muchas veces son sometidos los países en desarrollo de América Latina, promovieron a lo largo de los años una estrecha y tormentosa relación entre la región y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya intervención prestamista suele estar asociada a profundas crisis económicas, en especial desde la llamada "década perdida" de los 80, hasta la actualidad.

En la mayoría de los casos, los sucesivos gobiernos liberales han aplicado, siguiendo las recetas del organismo, ajustes recesivos que recaen en la población y despiertan un descontento social que hace tambalear a la clase dirigente.

Ecuador ha ingresado recientemente en el grupo de naciones que conocen en carne propia las consecuencias de asumir una deuda que se torna impagable y termina en una debacle financiera y una crisis social incontenible: aunque con economías muy dispares, Argentina, Haití, Bolivia y Venezuela han pasado por lo mismo.

Es preciso señalar que el FMI, a través de sus acuerdos 'stand-by', el instrumento crediticio utilizado por el Fondo para los países emergentes, otorga préstamos con tasas de interés más bajas que las que se consiguen en el mercado financiero privado, pero, como contrapartida, exige a los Gobiernos aplicar reformas estructurales de la economía para reducir su déficit fiscal, bajo un estricto monitoreo de su directorio. ¿Cuáles han sido los resultados?

Venezuela: 'Paquetazo' + crisis = 'Caracazo'

En febrero de 1989, el ya impopular Gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez aplicó una serie de reformas económicas impuestas por el FMI, conocidas como 'Paquetazo', a cambio de recibir un préstamo de 4.500 millones de dólares.

La receta fue sin dudas un cóctel explosivo: los aumentos de la gasolina, el transporte público, los alimentos y otros productos de primera necesidad, coincidieron con el congelamiento de los salarios.

La bronca popular no tardó en eclosionar. Los primeros disturbios y saqueos en las calles comenzaron el día 27 en la ciudad de Guarenas, en el Estado de Miranda, pero pronto se extendieron a lo largo y ancho del territorio venezolano. La respuesta de Andrés Pérez fue aplicar más violencia mediante las fuerzas de seguridad, y el resultado, según cifras oficiales, fue de 2.000 muertos, aunque el número de víctimas mortales se duplica de acuerdo a estimaciones no gubernamentales.

La doble odisea de Argentina

La crisis de 2001 en Argentina es un reiterado ejemplo de que las recetas del organismo de crédito internacional en los países en desarrollo de Latinoamérica pueden terminar de la peor manera. Tras la década menemista, de corte neoliberal, la situación financiera y los problemas del endeudamiento externo se tornaron insostenibles para el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2002), quien a pesar de haber cambiado el contexto global decidió mantener la convertibilidad (un peso argentino valía un dólar).

Para diciembre, el FMI cortó el flujo de ayuda económica ante la inestabilidad financiera y la imposibilidad de pago del país. Las medidas de ajuste aplicadas hicieron lo propio, y la declaración del llamado 'corralito', que implicó una restricción bancaria para el retiro de dinero en efectivo, terminó de encender la mecha.

La escalada de violencia en las calles de Buenos Aires trepó a su punto máximo el 19 y 20 de diciembre, con la declaración del estado de sitio y una represión sin precedentes: 39 civiles muertos y más de 200 heridos. En cuestión de horas, De la Rúa abandonó la Casa Rosada en helicóptero, y le sucedieron 4 presidentes en solo 11 días.

A pesar de haber dejado un pésimo recuerdo en su paso por Argentina tras la crisis de 2001, el FMI volvió a intervenir en la economía de Buenos Aires por pedido del Gobierno de Mauricio Macri, quien en 2018 accedió a un crédito récord en la historia de la institución financiera: 57.000 millones de dólares.

Después de haber aplicado un fuerte ajuste fiscal y monetario, y aún sin poder controlar el preocupante nivel de inflación —en 2018 fue del 47,6 %, la más alta de Latinoamérica después de Venezuela—, la Casa Rosada tomó el camino del endeudamiento. En pocos meses, Argentina se transformó en el país más comprometido de la región en ese sentido: sus obligaciones de pago ya representan, según números oficiales, el 58 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Con la economía cada vez más complicada, y un aumento de la pobreza desde el 32 % hasta el 35,4 % de la población en el primer semestre del 2019, Macri cayó derrotado en las elecciones primarias de agosto ante el candidato del peronismo, Alberto Fernández, por 16 puntos. Si bien el futuro presidente se definirá el próximo 27 de octubre, el impacto en los mercados por el aumento de la desconfianza sacudió todos los indicadores económicos.

Tras una brusca devaluación de la moneda local en agosto —la cotización del dólar trepó desde los 42 a los 59 pesos—, el Gobierno tomó una serie de medidas de control cambiario y propuso postergar los vencimientos de pago con el FMI.

Sin haber podido alcanzar las metas monetarias, fiscales y de reservas exigidas por el organismo, la relación comenzó a fracturarse, y el desembolso de 5.400 millones de dólares que esperaba Macri para septiembre quedó trunco. Mientras tanto, el FMI fue tajante: el futuro de ese acuerdo se discutirá después de los comicios.

Bolivia y la 'masacre de octubre'

En abril de 2003, Bolivia accedió a una línea de crédito de 124,5 millones de dólares por parte del FMI, que se incrementó luego a un total de 248,9 millones de dólares. Aplicando una serie de medidas económicas de austeridad, más la privatización de varios recursos estatales, el Gobierno de Ignacio Sánchez de Lozada intentó avanzar en un plan para exportar gas a EE.UU. a través de Chile, iniciativa que terminó de calentar el clima de ebullición social que ya se vivía.

En octubre de ese mismo año, un levantamiento popular en la ciudad de El Alto acabó en represión. Al menos 63 personas murieron, mientras que otras 400 resultaron heridas.

Las protestas y una huelga general desencadenaron la renuncia del gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), y los dirigentes campesinos y sindicales que encabezaron la revuelta responsabilizaron al FMI y a sus exigencias para otorgar ese préstamo como uno de los factores que provocaron la crisis. "Aprendemos de las experiencias que encaramos en cada país", dijo el entonces vocero del organismo, Tom Dawson.

Ecuador y el resultado de su 'Paquetazo'

Tras acceder Ecuador a un crédito del FMI por más de 4.200 millones de dólares en marzo de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno decidió el pasado 2 de octubre una serie de medidas económicas que apuntan, de acuerdo a la organización internacional financiera, a "proteger a los pobres y los más vulnerables".

Con una deuda externa que para marzo de 2019 superaba los 37.000 millones de dólares una economía dolarizada, el presidente anunció que se pondría fin a los subsidios de los combustibles, cuyas tarifas se elevaron en un 123 %.

Moreno pretende avanzar, además, con un proyecto de reforma laboral que prevé una marcada quita de beneficios para los trabajadores, como la reducción de vacaciones para los empleados estatales, y una rebaja del salario del 20 % en los contratos ocasionales.

Los anuncios despertaron una huelga del transporte y levantamientos populares que incluyeron disturbios y saqueos en varias ciudades del país, incluyendo Quito y Guayaquil. Como consecuencia de estas manifestaciones, el pasado jueves el mandatario decretó el estado de excepción durante 60 días para "garantizar la seguridad". Un día después, el FMI apoyó las medidas aduciendo que su objetivo es "fomentar un crecimiento sólido e inclusivo", pero la conflictividad continúa aún luego del levantamiento del paro.

"Financiar la fuga de capitales"

Repasando estos y otros casos de mayor o menor impacto socioeconómico en América Latina, se impone una pregunta: ¿Hubo alguna intervención exitosa del FMI en el continente?

Para el historiador argentino especializado en los países de la región y su relación con los EE.UU., Leandro Morgenfeld, para hablar de éxito hay que analizar primero cuáles son los objetivos, de quién, y para qué.

"El FMI, sobre todo en los últimos 25 a 30 años, fue el instrumento de defensa de los intereses de las grandes corporaciones de EE.UU. y los demás países del G7, especialmente los europeos", señala el especialista.

Un factor común en las economías de la región que recurren al FMI es que, a pesar de obtener millonarias sumas de dinero, terminan con problemas de liquidez, lo que permite inferir que la asistencia financiera no cumple los objetivos, o bien termina en otros destinos.

"En general los gobiernos acaban con problemas de liquidez porque, a pesar de lo que dicen los estatutos formales del Fondo, en muchos casos, como en el de Argentina, el dinero que proviene del organismo se utiliza para financiar la fuga de capitales. Esto deviene, finalmente, en un cuello de botella externo de falta de dinero, que termina en general en un ajuste vía devaluación, como suele suceder en mi país", dice el historiador.

Morgenfeld recuerda que durante el menemismo de los 90, Argentina era presentada como uno de los alumnos preferidos del FMI porque había seguido a pie juntillas sus recetas. Cuando estalló la crisis de 2001, el Fondo fue muy cuestionado en su legitimidad y la estrategia de esa institución financiera, años más tarde, fue presentarse como una institución distinta que había aprendido de sus "errores del pasado".

Sin embargo, el especialista insiste en que la realidad niega esa premisa. "Más allá de ciertos matices, se nota que las condiciones de achicamiento del gasto y reducción del sector público continúan de la misma manera, porque el FMI no es un organismo neutral técnico que pretenda sanear las economías, sino que responde a los intereses de los países potencia, principalmente EE.UU. En la actualidad, siguen imponiendo sus políticas, basadas en planes de ajuste y pérdida de soberanía económica, a cambio de financiamiento".

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