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La Guardia Civil considera "acreditado" el "conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid, de los riesgos relacionados con el Covid-19" tres semanas antes de permitir la celebración de la multitudinaria manifestación del 8-M.

Esta es una de la conclusiones del segundo informe entregado por los investigadores a la jueza Carmen Rodriguez-Medel, que trata de determinar si constituyó un delito de prevaricación la decisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, de no prohibir la celebración del Día de la Mujer y otras concentraciones masivas que tuvieron lugar en Madrid pocos días antes de decretarse el estado de alarma debido a la crisis sanitaria.

Franco tiene la condición de investigado en el procedimiento y está citado a declarar el próximo día 10. La Abogacía del Estado, que defiende al delegado, es muy crítica con la viabilidad jurídica del procedimiento y niega la existencia de prevaricación.

El nuevo documento de la Guardia Civil comienza subsanando los errores detectados en el primer informe, en el que se afirmaba que la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus el 30 de enero, cuando en realidad lo que declaró fue una emergencia de salud pública de alcance internacional. No fue hasta el 11 de marzo cuando la OMS dio el salto de la epidemia a la pandemia.

El informe da cuenta a la instructora de las declaraciones tomadas a trabajadores de la Delegación del Gobierno, cuyas manifestaciones han motivado que Rodríguez-Medel haya citado a varios de ellos para que testifiquen en el Juzgado el 11 de junio.

Mediados de febrero

Entre los funcionarios interrogados por los agentes de Policía Judicial destaca el jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno, que manifestó "a principios de febrero de 2020" empezaron a recibir información relacionada con el Covid-19 y que a mediados de ese mes "se produce una reunión en la que participan el secretario general, recursos humanos y más personas de la Delegación, fecha que ya era coincidente con el problema generado" por el coronavirus.

A partir de ese momento, añade el informe de la Guardia Civil, se mantienen varias reuniones a instancias de los sindicatos y del secretario general para abordar las iniciativas a adoptar, que "incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros".

El departamento de prevención de riesgos laborales elaboró protocolos que incluyeron esas prevenciones. El primero de ellos se terminó el 28 de febrero y se distribuyó de forma masiva al personal de la Delegación del Gobierno por correo electrónico el 2 de marzo.

 

Declaración a la Guardia Civil del jefe de riesgos laborales de la Delegación./ E.E.

De esta forma, la Delegación del Gobierno adoptó precauciones en su sede -entre ellas, que los empleados mantuvieran la distancia social- 10 días antes de permitir la celebración de la manifestación del 8-M "sin ninguna advertencia sobre los riesgos del Covid-19", señala el informe.

Según el responsable de prevención de riesgos laborales, la "concienciación social" del personal de la Delegación del Gobierno sobre el coronavirus existía "desde principios del mes de marzo". El propio José Manuel Franco remitió un correo electrónico el 13 de marzo enfatizando que "el Gobierno de la Nación está tomando medidas con las que esta Delegación está absolutamente implicada desde el primer momento".

"Finalmente", señala la Guardia Civil, "el manifestante ofrece su punto de vista, como experto en riesgos laborales y farmacéutico, sobre las manifestaciones celebradas en torno al 8 de marzo, considerando que no se deberían haber celebrado y que las mismas pudieron tener incidencia en el número de contagios, por lo que le extraña que desde la Delegación del Gobierno no se hubieran suspendido".

En esta valoración - que es también la expresada por el médico forense adscrito al Juzgado- coincide otro empleado de la Delegación que trabaja como técnico de prevención de riesgos laborales y que también fue preguntado por la Guardia Civil.

Este declarante hizo constar "su percepción personal como experto en sanidad exterior y en enfermería acerca de las manifestaciones celebradas alrededor del 8 de marzo, mostrándose crítico en cuanto a la confusión generada y considerando que las mismas tuvieron una incidencia en el número de personas contagiadas".

Manifestó que tuvo conocimiento de los riesgos del Covid-19 "a finales de enero y principios de febrero, dado que ya en esas fechas desde la Secretaría General se les instó a hacer algo al respecto" en relación con el personal de la Delegación.

Llamadas para desconvocar

En el informe se recogen también las declaraciones de responsables y empleados del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Delegación, que se encarga de lo relativo a la comunicación y celebración de manifestaciones.

Los testigos explicaron que a partir del 11 de marzo empezaron a realizar llamadas telefónicas a los convocantes de manifestaciones pendientes de celebrar "con la intención de que procedieran a suspenderlas o a cancelarlas" debido al Covid-19.

La Guardia Civil concluye que la Delegación del Gobierno "utilizó mecanismos inductores y alternativos que quedan fuera de lo preceptuado en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, en cuanto a la forma jurídico administrativa de cómo deben suspenderse".

Las llamadas efectuadas no quedaron reflejadas en la aplicación informática que registra los expedientes relativos a la comunicación de manifestaciones.

La Guardia Civil revela que Fernando Simón ocultó a las CCAA el informe de la UE sobre manifestaciones como la del 8-M

El 2 de marzo, la agencia de la Unión Europea para el control y la prevención de enfermedades (ECDC) emitió un informe en el que reclamaba a los estados europeos "evitar" que la población acudiese a "actos multitudinarios" e impedir "concentraciones masivas innecesarias" por el coronavirus.

El motivo que aducía era que al estar científicamente demostrado que favorecía la expansión de la Covid-19, en base a los datos de otras pandemias y epidemias, cancelarlas "puede reducir la transmisión del virus".

El Gobierno de España hizo caso omiso de ese informe, desvelado por EL MUNDO, y permitió las manifestaciones del 8-M. Pero no sólo eso. Según las investigaciones de la Guardia Civil, actualizadas en el informe enviado a la juez de Madrid que investiga el alcance penal del 8-M, Carmen Rodríguez Medel, el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón recibió esas advertencias el propio 2 de marzo (a las 12.45 horas), pero no se lo reenvió a las comunidades autónomas y ni siquiera lo discutió en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

La Guardia Civil resalta que el organismo de Simón adujo que dado "el carácter público del documento" europeo, de "general conocimiento y acceso", "no procedió a su distribución". "De igual forma, no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones" preparatorias de la respuesta al virus "de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial", ni "en ninguna de las Ponencias de Alertas y planes de preparación y respuesta", relata el informe del Instituto Armado.

Es decir, no se avisó a las comunidades autónomas de la importante alerta que estaba lanzando la agencia de la UE que se encarga de las pandemias. Esta forma de actuar choca con las advertencias que estaba haciendo el Ministerio de Sanidad a cuenta de otros eventos multitudinarios, según pone de manifiesto la Benemérita.

"GRAVE SITUACIÓN SANITARIA"

El 3 de marzo, un día después de recibir -tanto en el correo electrónico del CCAES como en el suyo propio- el informe de la UE, el doctor Fernando Simón recomendó que "no se organicen en las próximas semanas congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios, siendo uno de los objetivos que justifican dicha medida el evitar que puedan actuar como transmisores de la enfermedad a los grupos de población más vulnerables con los que tratan en su práctica profesional".

"De estas recomendaciones y medidas del Ministerio de Sanidad a día 3 de marzo se desprende el conocimiento y preocupación acerca de la grave situación sanitaria que acontecía", concluye la Guardia Civil. Y estas advertencias sí se les enviaron a las autonomías.

De hecho, el 28 de febrero el CCAES había establecido en un informe que las medidas de distanciamiento social "buscan minimizar en contacto en ámbitos comunitarios (...) tales como eventos multitudinarios", y entre ellas se incluye la "cancelación de eventos".

Estas medidas se deberían tomar "de forma temprana y consistente" para que tenga "algún impacto". Aunque en ese informe no se refería a la situación de España en ese momento, sino a los escenarios posibles, la Guardia Civil opina que "esta información era conocida por el CCAES" y sí que se incluyó en los temas a tratar en las Ponencias de Alertas, al contrario que el informe de la UE.

ADVERTENCIAS A LOS CIUDADANOS

Asimismo, en el informe policial se analizan los correos electrónicos remitidos por el Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias durante los días previos a la marcha del 8-M.

Del análisis de los mismos, la Guardia Civil destaca que pese a que el CCAES estableció un protocolo para evitar los contagios masivos por la Covid-19 a finales de febrero, "en el caso de las concentraciones celebradas entre los días 5 y 14 de marzo de 2020, con gran afluencia de personas, no se realizó ningún control preventivo para determinar si las personas cumplían con esos criterios" al igual que "no constan mensajes, comunicados o advertencias que anunciasen a los ciudadanos sobre estas obligaciones" provenientes del organismo que dirige Simón.

Por su parte, en el primer informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel, los agentes del Instituto Armado ya apuntaron a que la Delegación del Gobierno en Madrid "conocía" los informes, recomendaciones y documentación sobre el riesgo de propagación de Covid-19 de organismos internacionales como la OMS y del propio Ministerio de Sanidad a finales del mes de febrero.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación, al haber autorizado la celebración de la manifestación del Día de la Mujer en plena expansión del coronavirus.

Franco ha sido citado a declarar el próximo día 10 en los juzgados de Plaza de Castilla. Ese día, Rodríguez Medel también interrogará a varios altos cargos de la Delegación del Gobierno en Madrid en calidad de testigos. Deberán comparecer en sede judicial el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

'FT' critica el baile de cifras por covid-19 y duda del éxito de las medidas en España

El coronavirus continúa generando numerosas dudas: cómo llegó al ser humano, cómo se contagia, por qué afecta más a unas personas o a otras e, incluso, el número de víctimas que provoca siguen siendo objeto de discusión. Y, posiblemente, España sea uno de los países en los que más dudas existe al respecto: no solo por saber por qué es uno de los lugares más afectados del mundo, sino también por el caos que se ha generado con las cifras de afectados y muertos por covid-19.

Esta extraña situación ha provocado que incluso el prestigioso 'Financial Times' se haya hecho eco de la extraña situación que está teniendo lugar en nuestro país, centrándose en el extraño baile de cifras que se está produciendo en los últimos días. Y es que mientras Pedro Sánchez celebraba que en las últimas 48 horas no se había producido ni una sola víctima por coronavirus en territorio nacional, Madrid y Castilla-La Mancha informaban al mismo tiempo de 17 muertes. ¿Qué ocurre?

El problema tiene que ver con el cambio en el sistema de recuento de los últimos días, pues el ministerio solo agrega nuevas muertes al total acumulado si ocurren en las 24 horas previas al boletín diario. Si existe algún fallecimiento previo a ese periodo pero no fue comunicado el día anterior por no tener la información a tiempo o no disponer de ella, no se suma en la actualización del siguiente día, sino solo una vez por semana, cuando se hace la revisión de las cifras totales.

Esa situación genera un movimiento de datos que quedó escenificado este miércoles. Mientras que el Ministerio de Sanidad confirmaba que el número de fallecidos de la última semana aumentó de 34 a 63, el total acumulado desde que comenzó la pandemia solo aumentó en una persona, hasta los 27.128 fallecidos. Según explica 'FT', no hay un intento de manipular la información, sino simplemente descontrol por no poder poseer todas las cifras en el tiempo y forma necesarios.

Pero, a su vez, genera dudas de que las medidas de confinamiento hayan sido las responsables de evitar que se produzcan nuevas muertes durante las últimas 48 horas. Evidentemente, han sido fundamentales para evitar que sigan creciendo el número de infectados y de fallecidos, pero quizá ese cero que aparece en el número de muertos también tenga que ver con datos erróneos, lo que genera dudas que, mal entendidas, pueden convertirse en una sensación de seguridad irreal.

Así, otro de los problemas es que aquellos sistemas de salud autónomos han proporcionado en varias ocasiones cifras de muertes tardías o inexactas. Pero en realidad no es tanto el problema de la comunicación o de las cifras adulterados, sino como la falsa sensación de protección contra el virus que crea en la población, especialmente en un momento en el que España está empezando la desescalada del confimaniento. Creer que estamos seguros puede tener un efecto contrario al deseado.

"Salir y decir que no hay ninguna muerte cuando en realidad sí se están produciendo puede crear muchos malentendidos", afirmó a 'FT' Rafael Bengoa, exconsejero de Sanidad del País Vasco y codirector del Instituto de Salud y Estrategia. "Estamos improvisando en un momento en que la población necesita información clara", asegura. Una sensación de falsa seguridad que puede devenir en repuntes en los próximos meses, al relajarnos inconscientemente en las medidas de protección.

De hecho, los extraños movimientos de las cifras en las últimas fechas han provocado que, durante la pasada semana, aumentara el número de fallecidos durante la pandemia de covid-19 de 31.000 a 42.000 muertos, un crecimiento que se produjo en un 'solo' día, tras agregar datos no contabilizados hasta el momento. Eso ha provocado que España sea el país del mundo con mayor exceso de mortalidad, siendo líder del ránking de mortalidad por cada millón de habitantes.

El Gobierno intenta utilizar al jugador del Real Madrid Sergio Ramos para su propaganda

Martes 2 de junio a las 13.00 horas. Ese era el hueco en la agenda que encontraron el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la presidenta del CSD, Irene Lozano, y Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, para departir por videoconferencia con los capitanes de los tres equipos más representativos de la Liga -Real Madrid, Barcelona y Atlético-, y también con el de la Real Sociedad, actualmente cuarta clasificada. El objetivo de esta charla fue conocer de primera mano la opinión de los futbolistas sobre el regreso del campeonato, ahondar en los protocolos sanitarios puestos en marcha y agradecerles su esfuerzo y responsabilidad, pero esto no eran motivos suficientes para la presencia de Sergio Ramos, el único capitán que faltó a la cita.

Según ha podido conocer ABC, el Gobierno presionó de manera incansable al capitán del Real Madrid para que estuviera presente en la videoconferencia, pero Ramos declinó la invitación por considerarla un formato de blanqueo del Ejecutivo. Sergio trasladó al CSD y a Sanidad que la charla telemática debía realizarse en directo y en abierto, para que todo el que quisiera la pudiera ver «in situ», pero el Gobierno se negó tajantemente a ello argumentando que la charla solo sería en privado para, «a posteriori», hacérsela llegar a los medios con los cortes que el propio Gobierno quisiera remitir. Esas condiciones no las aceptó Sergio Ramos, a pesar de recibir durante más de una semana fuertes e insistentes presiones, «un día tras otro e incluso a horas intempestivas», como señalan distintas personas que saben de primera mano todo lo sucedido sobre este espinoso asunto, aunque desde el CSD niegan a este periódico que fuera así.

Ramos tenía intención de trasladarle al ministro Illa alguna de las preguntas que se hace en estos momentos la sociedad española tras dos meses y medio de pandemia y duro confinamiento, pero el CSD y Sanidad, ante el temor de perder el efecto publicitario de la charla, y también recelosos de lo que pudiera preguntar Ramos, rechazaron desde el primer momento hacer la conferencia con las condiciones de Sergio. El capitán del Real Madrid quería que esta charla fuera constructiva y sirviese para solucionar interrogantes que no tienen aún una respuesta clara por parte de las autoridades, y no solo que fuese simplemente una conversación de fútbol con una foto que al Gobierno le generara buena imagen.

Esta es la historia de una polémica en la que el Real Madrid siempre estuvo del lado de su capitán, pero que no quiso llevar al enfrentamiento total. Por eso, el club decidió que un internacional absoluto con España y futbolista de muchos años en la entidad, como Dani Carvajal, fuera el que ocupara el lugar de Ramos, aunque la realidad es que el lateral derecho también se identificaba cien por cien con la postura de su capitán y estuvo en la charla por respeto al Real Madrid y a los otros tres equipos, aunque como aseguran a este periódico distintas fuentes acudió «de aquella manera».

Fuente: El Español, El Confidencial, ABC