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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vivido la semana más difícil desde que llegó al cargo hace dos años. La destitución el pasado domingo del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y responsable, por lo tanto, de los agentes que investigaban las posibles responsabilidades penales de los miembros del Gobierno que autorizaron la manifestación del 8-M provocó la mayor crisis en la cúpula de la Guardia Civil desde el caso Luis Roldán. Aquella decisión desencadenó la renuncia irrevocable del director operativo del cuerpo, Laurentino Ceña, la posterior salida de su segundo, el teniente general Fernando Santafé, y una retahíla de críticas por parte de asociaciones de guardias civiles, jueces y fiscales.

Los primeros reprochaban una intromisión en el sistema de ascensos en la cúpula del instituto armado, que hasta el momento se había hecho sin intervención política alguna, de forma natural, según los criterios de escalafón y antigüedad. Los segundos —jueces y fiscales—, una posible injerencia en el terreno judicial. En ese contexto, la propia titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, lanzó una advertencia al ministro para recordarle que, si se demostrara injerencia alguna por parte de la autoridad política en la causa que la magistrada había encomendado a la Guardia Civil, tomaría las medidas pertinentes en el marco de una causa que por otro lado avanzaba rápido. El mismo lunes pasado, la instructora citó a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al haber permitido las concentraciones masivas sabiendo de antemano, como mostraba el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, que las aglomeraciones representaban un riesgo para la expansión del coronavirus.

En el plano político, además, tanto el PP como Vox y Ciudadanos utilizaron sus respectivas palestras en el Congreso de los Diputados y en el Senado para acusar al ministro de interferir en un asunto judicial a través de la destitución de Pérez de los Cobos. Ayer mismo, el portavoz del PP en la Comisión de Interior de la cámara alta, Fernando Martínez-Maíllo, pidió la salida de Marlaska. "Es la primera vez que usted comparece en esta comisión y espero que sea la última, porque tiene que dimitir cuanto antes", dijo el senador popular, que acusó al ministro de estar "bajo sospecha de haber interferido en una investigación judicial". "Usted le pidió cometer un delito; Pérez de los Cobos es un servidor público intachable que no tendría que ser cesado, sino ascendido por negarse a cometer un delito", sentenció Martínez-Maíllo.

Marlaska negó en el Senado haber solicitado informe alguno al coronel. "Ni yo ni nadie del ministerio", añadió. El titular de Interior se limitó a defender que está en su derecho de "reestructurar sus equipos" a través de la herramienta de la libre designación. El presidente me deja formar mi grupo, porque soy yo quien respondo", ha sentenciado. El general Pablo Salas y el general Félix Blázquez tienen un "reconocido prestigio", argumentó Marlaska. "Las razones de conciencia por las que dimitió el teniente general Ceña yo no las discuto", se limitó a señalar en el Senado Marlaska, quien no explicó sin embargo cuál fue la razón por la que perdió la confianza de Pérez de los Cobos, origen de toda la crisis que vino después.

Esa reestructuración de equipos esgrimida por Marlaska ha sido justificación suficiente para explicar, como hizo el ministro en el Senado y en la rueda de prensa del pasado martes, que las salidas de Ceña y de Santafé estaban ya planificadas por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, antes de la crisis, ya que el hasta ahora director adjunto estaba a punto de jubilarse. Pero el argumento no aclara, sin embargo, por qué fue destituido Pérez de los Cobos, ya que este último aún no ha sido sustituido. "Si haces cambios es porque tienes a alguien a quien poner; no quitas primero al que vas a sustituir y luego piensas en quién puede reemplazarle; y más cuando llevas dos años con él", afirma un alto mando del cuerpo.

La razón aún queda por explicar, ya que en todas sus comparecencias públicas Marlaska ha pasado siempre de puntillas en este punto. La diputada Macarena Olona, de Vox, le preguntó expresamente por el motivo de esa "pérdida de confianza" que el Ministerio argumentó para explicar la destitución. También lo han hecho varios periodistas durante las apariciones públicas que ha protagonizado el ministro, quien sin embargo se ha limitado en todas sus respuestas a dar como explicación la mencionada "reestructuración de equipos" general en la que aglutinaba todos los cambios de destino. Tampoco ha explicado el ministro por qué la destitución de Pérez de los Cobos tuvo lugar un domingo por la noche.

La confusión que ha generado tanta información cruzada sobre dimisiones (Ceña lo hizo un día después de la salida del coronel), ceses (Santafé dos días más tarde) y ascensos fuera del escalafón (los nombramientos de Salas y Blázquez provocaron un conato de revuelta dentro de la cúpula que a punto estuvo de provocar la salida de los dos tenientes generales que estaban por debajo del director operativo dimitido y del Mando de Operaciones cesado) han permitido a Marlaska eludir el punto clave que originó la crisis, la expulsión de Pérez de los Cobos, quien además de ser el responsable jerárquico de los investigadores del caso del 8-M también dirigió el operativo contra las protestas en Cataluña a raíz del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y había sido duramente criticado por ERC. Este partido de hecho le ha vuelto a criticar esta semana en el Congreso y en el Senado.

En este contexto, fuentes del Ministerio del Interior admiten que de momento no hay ningún nombre claro sobre la mesa para relevar a Pérez de los Cobos. El cambio, especifican, aún se está "trabajando", extremo que apoya la teoría de que la reestructuración prevista por Gámez se limitaba a la cúpula del cuerpo y no tanto a la delegación de Madrid. La próxima semana, aventuran las fuentes consultadas, habrá seguro un nuevo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. La Comandancia, explican desde el instituto armado, está de momento dirigida provisionalmente por el coronel Eduardo Gómez, jefe de Operaciones y hasta el pasado domingo número dos del mando cesado.

Análisis: Margarita Robles, el punto ciego (ante una crisis de Gobierno)

José Antonio Zarzalejos

El pasado 22 de enero la ministra de Defensa, Margarita Robles, no asistió al solemne acto de toma de posesión de la nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Se echaron en falta otras presencias de magistrados y fiscales. La ausencia de la titular de Defensa debió alertar sobre las proporciones de la colisión de criterios entre Robles y Grande Marlaska, ministro de Interior. Pero el acto pasó con más pena que gloria. Casi nadie se hizo las preguntas que sugerían la inasistencia de la ministra.

Según la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 13 de marzo de 1986, la Guardia Civil tiene una doble dependencia, de Interior y de Defensa, departamentos que "conjuntamente dispondrán de todo lo referente a la selección, perfeccionamiento, armamento, despliegue territorial, y propondrán al Gobierno el nombramiento del titular de la Dirección General de la Guardia Civil" (artículo 14).

Otras dos leyes (de derechos y deberes de los miembros del Cuerpo y sobre su régimen de personal) establecen puntillosamente una red normativa a la que debe ajustarse la Guardia Civil y detallan el sistema de doble dependencia ministerial. Nada en el Instituto Armado se ha dejado al azar o la interpretación. Es difícil localizar una policía de carácter militar más milimétricamente regulada por dos normas orgánicas, otra ordinaria y varios reglamentos.

El silencio de la directora general de la Guardia Civil durante estos días de tensión y crisis en la cúpula del Instituto Armado, estaría dando la razón a los que suponían que María Gámez no era la sustituta idónea del magistrado Félix Azón. Tampoco ha hecho acto de presencia pública durante todo lo que llevamos de estado de alarma. El puesto le viene grande. Pero la incomparecencia política de Margarita Robles en este episodio de crisis que le concierne de manera tan directa, aumenta la gravedad del caso y convierte la pugna de Grande Marlaska y los mandos superiores de la Guardia Civil en una silente pero muy sería colisión también entre los titulares de Defensa e Interior.

Algo está ocurriendo en el ministerio de Margarita Robles para que ella, de larga trayectoria en cargos políticos (fue subsecretaria del ministerio de Justicia y secretaria de Estado de Seguridad) y judiciales (magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y, antes, vocal del Consejo General del Poder Judicial), haya optado por la invisibilidad en esta crisis que delata un enfrentamiento enconado con su colega.

La ministra de Defensa, con más experiencia en todos los terrenos que Grande Marlaska, de más categoría profesional que él en la magistratura, suponía que, antes o después, y más aún observando el pésimo manejo de la Guardia Civil durante la pandemia con el bochornoso episodio del general José Manuel Santiago, la situación iba a derivar de la peor manera. Y así ha sido. Ella ha dirigido exitosamente la 'Operación Balmis' de las Fuerzas Armadas que han coadyuvado en labores asistenciales durante el azote del coronavirus, aunque no sin roces con los cuerpos policiales que también han repercutido en la mala relación entre los titulares de Defensa y Justicia.

Robles debe intervenir necesariamente porque le corresponde ascender al general de división Pablo Salas a teniente general para que ocupe el cargo de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, tras la dimisión de Laurentino Ceña y el cese fulminante del también teniente general y número tres del Instituto Armado, Fernando Santafé, los dos en total desacuerdo con la destitución del coronel Pérez de los Cobos.

Las diferencias mayúsculas entre colegas se dirimirán en privado y bajo el arbitraje del presidente del Gobierno. Los dos departamentos son de Estado y ambos han sido delegados en la autoridad única en estos meses de emergencia. De momento, Margarita Robles utiliza el silencio crítico porque sus palabras no mejorarían el reproche implícito a Grande Marlaska y porque la magistrada sigue el consejo shakespeariano según el cual es preferible reinar sobre la discreción que esclavizarse con declaraciones públicas.

Los enfrentamientos entre ministros están a la orden del día. Pero dos choques se sobreponen a otros: el de Iglesias con Calviño y Montero y el de Robles con Grande-Marlaska. O sea, el núcleo duro del Ejecutivo está roto. La crisis del pacto con los abertzales radicales ha disparado sus expectativas electorales para el 12 de julio (Metroscopia pronostica que pasarán de 17 a 21 escaños de los 75 del Parlamento Vasco que registrará, con los 30 atribuidos al PNV, una mayoría nacionalista histórica del 64% de los votos) y la que protagoniza Interior con la Guardia Civil y Defensa, están desarbolando al Gabinete.

Pedro Sánchez tendrá que renovar el Consejo de Ministros antes de encarar los Presupuestos que absorberán la condicionalidad de las ayudas europeas y normalizar la situación en un Cuerpo policial de carácter militar integrado por 78.469 efectivos. Y para enfrentarse a tamaño desafío tendrá que hacer un descarte entre el amateurismo y la experiencia, entre la moderación y la radicalidad. Mientras, esperemos a que se proyecte luz sobre el silencio elocuente de Margarita Robles que es el punto ciego de la peor crisis de la Guardia Civil y de la de un equipo gubernamental ya sin horizonte de continuidad.

Análisis: Vox se 'lepeniza' con la crisis: giro social y soberanía contra el capital extranjero

Iván Gil

Vox cambiaba de posición esta semana para pasar de criticar el ingreso mínimo vital como una "paguita", con el único resultado de cronificar la pobreza, a defender su implantación, aun con matices a la medida aprobaba este viernes, para "no dejar a ningún español solo". Al mismo tiempo, la formación liderada por Santiago Abascal intensificaba su discurso soberanista, defendiendo la soberanía nacional frente a hipotéticas imposiciones futuras venidas de Bruselas al condicionar las ayudas a recortes y austeridad. Todo ello, después de haber demandado ya al inicio de la crisis que el Estado asumiese el pago de las nóminas de todos los trabajadores que no pudiesen trabajar en el marco de su programa 'Protejamos España', lo cual rompe con todos los cánones neoliberales.

Pero hay más. Fuentes del partido avanzan a este diario, que en los próximos días lanzarán un paquete de propuestas para blindar el "consumo del producto nacional" frente al extranjero. Buscarán con ello potenciar el comercio nacional y el tejido empresarial patrio, indican estas mismas fuentes, para lo que también realizarán un llamamiento a grandes empresas de cara a que se prioricen productos y servicios nacionales sobre los extranjeros". Para los analistas políticos se trata de un giro hacia posiciones más proteccionistas, en línea con otras formaciones europeas de ultraderecha, como las lideradas por Matteo Salvini en Italia y Marine Le Pen en Francia. De ahí que otros lo califiquen como "lepenización" o "frentenacionalización".

Se trataría, de seguir por esta nueva línea para responder a la crisis económica de adoptar posiciones menos liberales y más obreristas. Y sobre todo enfrentadas al "globalismo" capitalista. "Se tienen que articular ayudas desde la UE, pero no desde una imposición globalista, sino desde la idea de que la UE es un conjunta de naciones soberanas que cooperan libremente", indican fuentes cercanas al eurodiputado de Vox Jorge Buxadé. La línea comunicativa que ha adoptado la formación da pistas en este sentido. Desde vídeos promocionales sobre el 15-M en los que se recalca el mensaje de que "seguimos indignados" y que es sensato ser obrero y de Vox, hasta mensajes en redes sociales respecto al cierre de la fábrica de Nissan.

"Nissan cerrará su planta de Barcelona, donde trabajan más de 3.000 españoles. La izquierda y el separatismo están arrebatando a los trabajadores su futuro. Para evitarlo, será necesaria la movilización trabajadora permanente hasta vencer al Gobierno del paro y la miseria", se afirmaba desde la cuenta de Twitter del partido. Su líder, Santiago Abascal, expresaba por su parte que "el Gobierno no escuchó a los trabajadores, como no escucharon a los agricultores de la naranja. Hoy vemos las consecuencias: 500 posibles despidos en Alcoa que se suman a los más de 3.000 directos en Nissan". El cuadro podría completarse con unas declaraciones del diputado Iván Espinosa de los Monteros en un encuentro digital con jóvenes militantes afirmando que su partido no es de derechas, sino "una alternativa patriótica y social".

'Los de abajo'

Incluso el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reconocía en una entrevista reciente en el diario italiano 'La Stampa', sobre Vox, que "en momentos de crisis es normal que se evalúen los espacios de soberanía nacional". A ello añadía que "la ultraderecha ha entendido este debate", pero recalcaba que en su caso "da respuestas que no son democráticas".

El director General de Public, Abelardo Bethencourt, quien ha trabajado en numerosas campañas electorales y ha sido jefe de gabinete del Secretario de Estado, director del gabinete del presidente del Gobierno y secretario del Consejo de Seguridad Nacional en la etapa de Mariano Rajoy, lo explica así: "Se han dado cuenta de que viene una crisis económica terrible y lo que quieren es convertirse en el partido de 'los de abajo'. Se están 'podemizando', replicando la misma actitud que Podemos en 2014 con la crisis anterior". Hace referencia también a las manifestaciones de Espinosa de los Monteros negando que en España haya partidos de derechas. "Eso recuerda al lema de que no somos de izquierdas ni de derechas, sino que somos los de abajo. Quieren recuperar el eje de los de arriba contra los de abajo".

Además de los cambios que empiezan a percibirse a nivel discursivo, Bethencourt pone el foco en el marketing digital del partido. Concretamente en la campaña 'seguimos indignados' que lanzaron coincidiendo con el aniversario del 15-M. "En ella habla gente que participó en el 15-M y que votó a Podemos, pero que ahora se reconocen defraudados. El mensaje es que el único partido que ahora puede recoger el malestar contra el sistema es Vox", relata este analista político. Bethencourt se refiere a este giro como "frentenacionalización", en referencia al Frente Nacional francés que en 2018 pasó a denominarse Agrupación Nacional. Un espejo a seguir, dice, cuya clave de éxito se resume en su transversalidad al recibir votos a derecha e izquierda, con un discurso antieuropeo y en defensa de las clases trabajadoras, cuyo empobrecimiento asocian a las instituciones europeas y la globalización.

El creciente radicalismo de Vox contrasta, sin embargo, con el giro posibilista de Podemos, pero es también fruto de las reacciones propias que surgen ante los cambios. Y el hecho de que miembros de un partido a la izquierda del PSOE se sienten en el Consejo de Ministros no tiene precedentes desde la Segunda República. A pesar de todo, existen no pocas analogías estratégicas entre ambas fuerzas de la llamada "nueva política" e, incluso, parte de sus diagnósticos, aunque sus recetas y fundamentos políticos sean opuestos. De hecho, antes de fundar Podemos, Iglesias coincidió con Vidal-Quadras en los platós de Intereconomía planteando ambos que España estaba sumida en una crisis de sistema político. "Un tipo listo que me interesó desde el principio", reconocía el líder de Podemos sobre el excandidato de Vox en su libro de conversaciones con el periodista Enric Juliana, 'Nudo España' (Arpa).

Tensiones con el alma 'neocon'

Para el investigador Guillermo Fernández, quien ha estudiado a Vox desde el ámbito académico, y es especialista en derecha radical europea, es elocuente el cambio de posición respecto al ingreso mínimo vital, aunque lo tilda de poco creíble por el ruido que hicieron sus críticas al denominarlo "paguita". Con todo, señala que entre febrero y junio de 2020, Vox habría experimentado un giro estratégico sorprendente. En un artículo publicado en la revista de cultura y pensamiento 'La U', Fernández se retrotrae al segundo congreso del partido, celebrado el pasado 8 de marzo en Vistalegre. "En los discursos de Jorge Buxadé y Santiago Abascal durante el mitin organizado en Vistalegre, se percibía la voluntad de ampliar su electorado y disputar a la izquierda conceptos como el de ecología, soberanía alimentaria, defensa de los sectores primario y secundario, reivindicación de las industrias estratégicas o apuesta decidida por la protección de la España vaciada o interior".

Una posición que habría ido variando, por las tensiones con "el ánimo más 'neocon' del partido —en detrimento de otras sensibilidades o apuestas estratégicas—", y empujada por el intento de capitalizar las protestas contra el Gobierno, más asociadas a las élites que a un carácter transversal como el que buscan otros partidos similares en Europa. El resultado, añade el autor de 'Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional' (Lengua de Trapo), es que se acaba en "una estrategia de nicho, que enardece a los ya convencidos, pero que no suma ni un apoyo más". Desde su punto de vista, la lepenización no está clara y su opinión es que finalmente se acabará imponiendo una versión de Vox que apostaría más "por convertirse en la vanguardia política de la derecha española". Conclusión que basa en el contexto de intensa polarización política en España y de dinámica de bloques cerrados continuamente chocando. También por el poso interno que ha dejado voces como las de Alejo Vidal-Quadras, para quien la finalidad principal de Vox era convertirse en el "PP auténtico".

Entre los politólogos y analistas existen dudas sobre qué estrategia beneficiaría más a Vox, en el ámbito de ensanchar sus apoyos. El politólogo, profesor universitario, editor y político español Raimundo Viejo, no duda en que su mejor carta es seguir la vía que denomina "lógica lepeniana", que en España tendría resonancias en el franquismo sociológico. Esto es, "de las empresas nacionales, de los pantanos, empresas como Fenosa o Telefónica. La idea de un estado fuerte, de los últimos años del franquismo desarrollista". Un Estado protector, incide, sobre todo de cara a posicionarse en el contexto de la crisis económica, para así "acercarse a segmentos electorales de clases más populares" en lugar de ceñirse a la burbuja del barrio de Salamanca o lo que ironiza como "sociología borjamari".

En definitiva, un planteamiento "más estatista", con protección pública, y adaptando el lema trumpista en "hacer una España nueva y grande". Para este politólogo será interesante seguir las propuestas que vayan deslizando desde Vox en los grupos de trabajo para la comisión de reconstrucción. En su opinión, su ventaja radicaría en girar hacia posiciones centradas en salvar los sectores estratégicos nacionales a través de fuertes inversiones y ayudas al tejido empresarial patrio. "Patriotismo económico", resume, o lo que es lo mismo soberanismo.

Para el consultor César Calderón, en cambio, el salto de Vox hacia estas posiciones no daría réditos electorales. "En esa piscina no hay agua. España no es Francia. Allí Le Pen consiguió voto de izquierdas en grandes ciudades, como Marsella, y ha sido capaz de ampliar ese espectro, pero en España cuando te expandes hacia la izquierda obrera, el voto conservador se te va. Aquí se vio con Podemos los límites de la transversalidad interclasista". Además, indica que la líder de la ultraderecha francesa reinventó su discurso pero siempre desde el marco del consenso republicano francés, mientras que "Vox se sitúa fuera del consenso constitucional". Y añade: "Por mucho que Bannon les explique la estrategia populista, en España el voto no es interclasista y si giran para conseguir voto de izquierdas, cabreado, lo que hace es que se le vayan los apoyos conservadores. Tienen que elegir".

Todo movimiento transformador tiene su reacción y la formación de Santiago Abascal no nació precisamente con sus actuales postulados rupturistas y de euroescepticismo. Vox se presentó en sociedad como una formación de “centro-derecha, moralmente conservadora, económicamente liberal y moderada en sus planteamientos”. Y lo hizo con un manifiesto fundacional con medidas que pasarían desapercibidas en un congreso del PP: contra el aborto y contra ETA y a favor de la familia y la unidad de España. Su viaje atrás en el tiempo se ha complementado con la importación de elementos característicos de la ola de populismos blancos inaugurados por Trump y la crisis económica tras la pandemia del coronavirus podría ser su pista de despegue.

Fuente: El Confidencial

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