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Hace tan solo dos semanas, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias abogaba por la moderación y tendía la mano a los partidos de la derecha, incluso al PP. En juego estaba la prórroga del estado de alarma y la táctica de Podemos era evitar el conflicto. En 14 días todo ha cambiado. Iglesias se ha convertido en el principal azote del PP y de Vox, además de cuestionar el trabajo de los jueces y de parte de la prensa de centroizquierda. La lógica que subyace a esos movimientos, según fuentes de Podemos, puede calificarse de estrategia de la tensión, o lo que se resume en alimentar la polarización de los bloques para evitar encuentros indeseados en el centro.

En el equipo de Iglesias no esconden la preocupación por los juicios en los que puede verse involucrado el vicepresidente. Por un lado está la causa del 'caso Tándem' sobre el excomisario Villarejo, en la que temen que el juez pida su imputación con el objetivo de aclarar su papel en la desaparición y devolución en mal estado de una tarjeta del móvil de su exasesora. De momento, el juez ya le ha quitado la condición de “perjudicado”.

Además de eso, Podemos recuerda la difícil situación del Ejecutivo ante la batería de querellas presentadas por las víctimas de la covid-19. En el caso de Iglesias, se teme por las residencias de mayores. El vicepresidente, responsable de asuntos sociales, supervisaba las residencias tras la puesta en marcha del mando único, y el grueso de los fallecidos se registró justo en esos centros. Aun así los morados creen que la responsabilidad principal será de los dirigentes regionales en las Comunidades más afectadas.

Evitar canales de diálogo

Ante esa situación, y coincidiendo con la declaración de su exasistenta, Dina Bousselham, en la Audiencia Nacional el lunes 18 de mayo, el discurso público de Iglesias ha cambiado radicalmente. Una de las razones de ese giro atañe a la preocupación de que, tras el rescate europeo, el PSOE busque el apoyo externo del PP para modificar el actual gobierno.

Iglesias considera que Sánchez se mantiene de momento a su lado. Los dos líderes han escenificado su cercanía, pero empieza a filtrarse en algunos sectores la idea de que el socialista está preocupado por la supervivencia del Ejecutivo. Y en esa dinámica lo esencial para Iglesias es evitar que se abran canales de diálogo con Pablo Casado.

Gobierno monocolor

La idea de la gran coalición --que en realidad sería un gobierno monocolor con apoyo temporal del PP y elecciones anticipadas-- sobrevuela la Moncloa. La impulsan sectores históricos del PSOE, y según Podemos también grupos empresariales y mediáticos. No es casual que desde hace pocos días, el nuevo diario lanzado por Podemos, La Última Hora, ha señalado a varios periodistas del grupo Prisa porque considera que forman parte de un intento destinado a derrocar el Gobierno.

En este encaje, Iglesias cree que si aumenta la polarización entre derecha e izquierda, o más bien entre fuerzas dispuestas a dialogar con Sánchez (incluyendo Ciudadanos), su papel se reforzará. El diálogo hacia el centro del PSOE, en cambio, le debilitará. El guiño de Iglesias a Sánchez para hablar en redes de la serie francesa el Baron noirva interpretado en esa dirección, según algunos. En la tarde del pasado jueves, Iglesias compartió un artículo de opinión que aboga por un periodismo militante, alejado de la "equidistancia".

Instaurar un marco de excepcionalidad

La estrategia de la tensión no es nueva en Europa. Salvando las distancias con lo ocurrido en los años setenta, cuando el conflicto político era más extremo, ese movimiento se asocia con la creación de una alarma y terror para justificar la instauración de un marco de excepcionalidad. Es decir, que si la derecha trabaja para una insurrección a la izquierda solo le queda cerrar filas y atrincherarse. Y todo tipo de debate y autocrítica en el PSOE se evaporaría.

De aquí la utilización de los miembros de Podemos de términos como “lawfare” (algo así como guerra judicial) o “golpe de Estado”. El lawfare apunta a la existencia de una red judicial que busca tumbar el gobierno, y se remonta a casos como el de Lula en Brasil. Con el “golpe de Estado”, que Iglesias lanzó contra Vox en la mesa de reconstrucción (foro en teoría para cimentar los nuevos Pactos de la Moncloa), el partido morado aspira a escorar el Ejecutivo a la izquierda, elevando la indignación en el bloque conservador y alejando a Casado de todo tipo de diálogos.

Otro ejemplo de ello es que el miércoles Iglesias afirmó que el PP está alentando una “subversión”. Y el jueves apoyó una negociación con Carles Puigdemont y la salida de la cárcel de los presos independentistas condenados por sedición.

Fuentes gubernamentales no revelan si la estrategia de Iglesias tiene el visto bueno de Sánchez. Pero comentan que Iván Redondo, el principal asesor de Sánchez, es partidario de una táctica que se resume en generar más caos sobre el caos. Dicho de otro modo, después del "error" en el acuerdo con Bildu, es conveniente dar más golpes y evitar que la opinión pública, confundida por la batería de titulares negativos, comprenda cuál es el tema que puede amenazar la supervivencia del Ejecutivo. La destitución del coronal de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, formaría parte de esa lógica. Y las provocaciones de Iglesias, también.

La clave para todas las fuentes se encuentra en los juzgados de Madrid y en Bruselas. El Congreso se ha convertido en algo parecido del lugar donde despistar a la opinión pública. Pero en Bruselas esos tipos de maniobras servirán a poco, comentan fuentes del Ejecutivo. “El momento de la verdad será en septiembre, cuando se deberán tomar medidas serias para recibir los fondos europeos”. La Comisión, o sea Francia y Alemania, exigirán la puesta en marcha de reformas estructurales, y, según miembros del Ejecutivo, el Presidente deberá decidir si seguir con la coalición, aunque retocada, o tentar la suerte en solitario y aprovechar las encuestas convocando elecciones en 2021.

La consorte respalda el "acto de dignidad" de Iglesias tras acusar a PP y Vox de alentar un golpe de Estado

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al PP y a Vox de llevar "semanas llamando a la insubordinación del Ejército", al que han instado a "actuar" diciendo "que este es un Gobierno criminal e ilegítimo". Además, ha aseverado que en política "es un acto de dignidad decir las verdades a la cara", en alusión a lo ocurrido entre Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros este jueves.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Montero se ha remitido a las "declaraciones de dirigentes de Vox", y ha señalado que una de las diputadas del partido dijo que no "es lo mismo el Gobierno del Estado que la nación y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han jurado por lo primero". "Por tanto, alentando a la rebelión y la sublevación", ha añadido.

Además, ha señalado al secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, por sus palabras desde la tribuna durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, cuando aseguró que hace más de cien años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, "se negó a cumplir una orden injusta del General Narváez".

"Vemos como Abascal y Cayetana hacen un discurso que no solo es incendiario sino que califica de criminal al Gobierno y diciendo que tome el mando el jefe del Estado o un gobierno de técnicos en que se incluyan a Vox y al PP. Parte de su problema tiene que ver con que estén en la oposición. No creo que debamos callarnos cuando están en esta campaña de crispación", ha apuntado Montero.

"No es incompatible hacer políticas para ayudar a las personas y construir el escudo social, hacer cosas que mejoran la vida de la gente, con decirle a sus señorías cuatro verdades. Llevan semanas llamando a la insubordinación del Ejército, diciendo que debería actuar, diciendo que este es un Gobierno criminal e ilegítimo", ha recordado.

Por otro lado, ha defendido este viernes al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, después de que la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, le acusase de ser "hijo de un terrorista". "Llama terrorista a quien Franco llamaba terrorista", ha lamentado Montero.

Iglesias dijo a Vox "cuatro verdades a la cara"

Así, la titular de Igualdad ha asegurado que "lo grave no es que" acuse de terrorista al padre de Iglesias, sino que está "lanzando un mensaje que criminaliza a los demócratas valientes que se jugaron el tipo" para que España viviese "en libertad".

"Es grave porque criminaliza a quienes lucharon contra una democracia de las más sangrientas de Europa", ha lamentado Montero, para después señalar que, "a lo mejor", Álvarez de Toledo "es más de" 'Billy el Niño'.

En esta línea, Montero ha criticado las "políticas de crispación y de odio" en las que la "extrema derecha y el PP llevan semanas" instalados. A su juicio, "lo más edificante para la ciudadanía es presentar propuestas concretas para salir adelante y para que" España "pueda salir fuerte y sin dejar a nadie atrás".

Con todo, cree que esto no es "incompatible" con "decirle a la derecha cuatro verdades a la cara", como a su juicio hizo el propio Iglesias este jueves en la comisión de reconstrucción de la Cámara Baja, algo que considera "un acto de dignidad".

Podemos flirtea con las puertas giratorias: así es el asesor que han enchufado en Enagás

Podemos ha luchado desde su fundación contra las llamadas 'puertas giratorias', ese salto habitual que realizan los representantes públicos a la empresa privada al finalizar su mandato. Un reproche muy habitual de la formación a los partidos tradiciones y, con el nuevo fichaje de Enagás, el partido de Pablo Iglesias se acerca a esta actitud. Cristóbal Gallego, experto de confianza de la formación morada, aterriza en la mesa de gobierno de la compañía del Ibex 35 de la mano de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla.

Un enchufe que no es puerta giratoria, ya que Gallego nunca ha ocupado un cargo público con Podemos a diferencia de sus compañeros. Pero su incorporación a uno de los consejos más politizados del Ibex cuenta con el visto bueno del Gobierno, ya que es el máximo accionista de la compañía con el 5% que controla a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Su nombramiento lo aprobó el pasado lunes el consejo de administración a propuesta de la presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, la también exministra Ana Palacio (en este caso de Exteriores con el PP). Su elección deberá ser aprobada por los accionistas de la compañía, junto a la de Montilla y Blanco, el próximo 29 de junio como anunció la empresa este jueves a la CNMV. El sueldo base de un consejero de Enagás, según consta en su última memoria anual, es de 160.000 euros al año.

Castillo compartirá mesa en la gasista con Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, también con el PP, y Antonio Hernández Mancha, que fue líder de la formación conservadora antes que José María Aznar. Además, el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja Arburua, hijo del exministro y comisario europeo del PP, está ligado a ese partido. También tiene pasado político el consejero Ignacio Grangel, asesor del Ministerio de Energía con el PP de Mariano Rajoy, y Gonzalo Solana, expresidente del Tribunal de la Competencia en tiempos del Gobierno de Aznar.

El último general nombrado por Fernando Grande-Marlaska, investigado por prevaricación

El actual 'número 3' de la Guardia Civil, el último nombramiento del ministro del Interior y general de brigada, Félix Blázquez, está siendo investigado por el Juzgado Togado Militar Central número 1 de Madrid, por prevaricación y en el marco de un supuesto caso de acoso laboral.

Fue una denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles la que dio inicio a una serie de diligencias contra Blázquez, que acababa de ser nombrado mando de operaciones del cuerpo por Fernando Grande-Marlaska.

Según la denuncia, como ha adelantado 'El Correo', un guardia civil que se encontraba en el puesto del instituto armado de Llodio (Álava) en el año 2015 tuvo varios conflictos con sus superiores.

Estos conflictos derivaron en la apertura de cinco expedientes disciplinarios contra él por faltas graves o muy graves. En lo alto de estos mandos se encontraba Blázquez.

Expedientes disciplinarios considerados injustos

Según la denuncia, estas sanciones fueron interpuestas de manera injusta, como fruto de la presión que un grupo de mandos ejercía sobre el funcionario.

La asociación señala que todas esas sanciones suponían en algunos casos pérdida de destino para el agente y hasta 15.000 euros de multa.

Además, estas sanciones habrían provocado daños psicológicos al guardia civil, que tuvo que ser atendido por los servicios de Psiquiatría del Hospital Militar de Zaragoza.

Nombramiento de Blázquez

La cartera dirigida por Grande-Marlaska anunció en diciembre de 2018 el nombramiento del que hasta el momento era jefe de la Zona de la Guardia Civil en el País Vasco como nuevo Mando Único Operativo de Coordinación de las actuaciones frente a la inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar.

Marlaska complica un procedimiento que el Gobierno ve inviable

En política, se dice que no hay que hacer lo que no se pueda explicar y que todo lo que pueda ser malinterpretado será malinterpretado. El Gobierno considera que el proceso penal abierto por la jueza Carmen Rodríguez-Medel carece de base y es procesalmente insostenible, pero los acontecimientos de los últimos días y, sobre todo, decisiones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo han resucitado y lo han situado en el primer plano.

La tranquilidad del Gobierno sobre el horizonte de ese procedimiento se ha convertido en intranquilidad política por el escándalo, como se vio este miércoles en el Congreso, y en intranquilidad jurídica porque transcurre en aguas procelosas que tienen que ver con la independencia judicial. Vox ya ha anunciado que llevará al ministro al Tribunal Supremo, lo que volverá a hacer ruido. Una vez llegado hasta aquí, Marlaska, además, no puede moverse de su versión oficial inicial, entre otras cosas, porque podría meterse en un grave lío, y no solo político.

Por el momento, en ninguna de las dos versiones que conocemos hasta ahora se incluye que el coronel Pérez de los Cobos fuera destituido por la mala calidad del informe de la Guardia Civil a la jueza que investiga la supuesta responsabilidad del Gobierno en la propagación de la pandemia por haber admitido la manifestación feminista del 8-M.

La versión oficial del ministro del Interior señala desde el principio que la destitución tiene que ver con una reestructuración de los equipos de la Guardia Civil. Lo malo es que no ha hecho más, salvo las provocadas como consecuencia de la destitución de Pérez de los Cobos.

Y el propio ministro lleva dos días diciendo en rueda de prensa y en el Congreso que no conoce el citado informe. No puede moverse de ahí. Si admitiera lo contrario, es decir, que le destituyó al conocer el informe, estaría aceptando que ha cometido varias posibles infracciones. Una, por injerencia en un proceso judicial, y otra, porque la norma impide a un miembro de las Fuerzas de Seguridad que actúa como policía judicial dar cuenta a sus superiores de un informe como este.

El Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial señala en su artículo 15 que “los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan. La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar. La obligación de reserva no impedirá, salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes, el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios”.

Es decir, Marlaska no puede admitir que le destituyera por las supuestas falsedades del informe, porque no puede conocerlo legalmente. Cabría la opción de que lo conociera por la personación de la Abogacía del Estado, pero la notificación por la jueza no se produjo antes de la destitución y, en todo caso, Marlaska ha renunciado a esa vía de explicación pública.

Tampoco puede admitir la causalidad entre el informe y la destitución porque Pérez de los Cobos no es el autor del texto y, según la citada norma, el coronel tampoco puede tener conocimiento de él. Luego tampoco por esto podría justificar que le destituye por un informe erróneo o falso.

Si Marlaska atribuyera al coronel cesado la autoría del informe y le hiciera responsable, se estaría metiendo en un lío aún mayor que con la destitución, porque según el artículo 16 de esa norma, “los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente. Cuando los funcionarios a quienes esté encomendada una concreta investigación hayan de cesar en su destino por causas legalmente establecidas, su cese se participará a la Autoridad Judicial o Fiscal para su conocimiento”.

Es decir, son inamovibles, y contravenirlo podría convertirse en una obstrucción a la Justicia. La otra versión que tenemos hasta hoy es la de la Guardia Civil, en concreto de fuentes próximas a Pérez de los Cobos. Señala que el domingo le llamaron tres superiores, uno de ellos la directora general de la Guardia Civil, para pedirle insistentemente el informe. Él se negó y fue destituido por ello.

Marlaska no puede aceptar esa versión porque admitiría las citadas dos infracciones. Y si Pérez de los Cobos hubiera obedecido a sus superiores y les hubiera dado el informe, también estaría incurriendo en grave responsabilidad. Por lo que se puede concluir que ha sido destituido por no obedecer una orden ilegal, si es que fuera cierta su versión.

Otra cosa es la calidad del informe, la actuación de la jueza o el sustento penal de la causa, basada en el complicado establecimiento de un nexo directo entre la manifestación del 8-M y el contagio.

La jueza deberá decidir si asume el informe, si deduce testimonio por falsedad contra los autores del informe o si simplemente lo tira a la basura. Y en todo caso, las partes en el proceso, empezando por la Abogacía del Estado, pueden recurrirlo, como ya ha hecho.

Hay precedentes de informes policiales 'erróneos' en casos notorios que luego no se tienen en cuenta judicialmente, aunque tengan gran eco mediático. Por ejemplo, el nombre de Ana Mato ha quedado unido para siempre al confeti por un informe policial que erróneamente le atribuyó todo el confeti utilizado en una fiesta en el estadio de fútbol del Getafe. Simplemente, la Justicia no lo tuvo luego en cuenta, aunque haya quedado unido de forma indeleble a la exministra.

Entonces, por cierto, el Gobierno del PP también desacreditaba como el de ahora informes de policía y Guardia Civil que le afectaban. Desde el punto de vista jurídico y político, el Gobierno (en el que hay tres jueces) dice estar tranquilo por ese proceso y resume sus argumentos en el recurso de la Abogacía del Estado, que se apoyará en breve en otro similar y contundente de la Fiscalía. Hay que recordar que no hay denunciante ni acusación en el proceso.

El Gobierno considera que no se ha respetado la suspensión de plazos establecida en el decreto de alarma y que, sobre todo, los hechos carecen de encaje penal porque supondrían acusar por una prevaricación pasiva, es decir, no haber impedido una manifestación en un momento en el que no hay ningún derecho suspendido. Es decir, que según el Ejecutivo, es procesalmente insostenible.

Irritación del CNI con el Gobierno por una filtración que pone en riesgo sus operaciones

El anonimato es uno de los principios sobre los que se sostiene buena parte de la actividad que lleva a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y la filtración del nombre de uno de sus máximos responsables -hasta ahora en la sombra- amenaza con suponer una merma en sus capacidades, así como un riesgo en las operaciones que dependen del miembro aludido. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a un alto cargo de los servicios de inteligencia: su identidad se desveló en una respuesta parlamentaria a preguntas del PP. La irritación en la cúpula por el desliz es palpable y analizan las consecuencias del mismo.

Como adelantó La Información, el Gobierno desveló el nombre y apellidos del jefe de Inteligencia del CNI, considerado el número 3 del centro. De hecho, es el máximo responsable en mantener en secreto su identidad, tras la directora Paz Esteban y el secretario general, Arturo Relanzón. Su identidad figuraba en una respuesta escrita del Ejecutivo a preguntas parlamentarias del PP, en la que interrogaban sobre una reunión en Moncloa sobre el coronavirus. Un error que podría deberse a un copia y pega en el que no se eliminó la referencia al alto cargo.

Según fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli, el daño podría ser "irreparable". La respuesta permaneció varias horas colgadas en la página web del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, la identidad del alto cargo al descubierto. Una información suculenta para algunos servicios de inteligencia extranjeros de escasa afinidad, una amenaza para la propia seguridad individual del afectado y un riesgo para algunas de las operaciones que él mismo supervisa bajo el anonimato.

La transición en el CNI

El CNI afronta una transición suave tras la marcha del que ha sido su director durante la última década. Paz Esteban, hasta entonces su número 2, tomó el relevo convirtiéndose en la primera mujer que asumía el cargo bajo expresa confianza de Margarita Robles. El nombramiento fue recibido con agrado entre el personal del centro, que lo consideró como "la mejor noticia" en una "línea continuista", lejos de otros nombramientos más políticos del pasado que agitaron las bases de la inteligencia española.

Transición suave, pero en la que la directora necesita estabilidad en su núcleo más cercano para afrontar las principales vías de actuación del centro. Recordemos que cada vez que se elige a un presidente del Gobierno, el CNI redacta unas líneas maestras sobre sus planes, de acuerdo a las inquietudes del máximo responsable del Ejecutivo y sus asesores. La inestabilidad política de los últimos años, con mociones de censura, meses con Gobiernos en funciones y repeticiones electorales, ha obligado a los servicios de inteligencia a redoblar esfuerzos en este sentido.

Semanas de retos para la seguridad

Las últimas semanas, además, han representado un reto para el CNI. La irrupción del coronavirus ha obligado a un despliegue policial y militar sin precedentes, al mismo tiempo que no se podían perder capacidades de investigación de otras amenazas. Prueba de ello son las detenciones de varios yihadistas o miembros afines a Daesh durante la pandemia, con operaciones destacadas en Almería y Barcelona. Las Fuerzas Armadas también se han replegado de algunas de sus misiones de forma temporal, con los consiguientes esfuerzos del centro.

La filtración ha llegado en un "momento delicado" para la seguridad nacional, aseveran las mismas fuentes. El CNI trata de medir las consecuencias del desliz, aunque posiblemente nunca sepa al cien por cien quién ha tenido acceso a una información tan sensible. Una preocupación que fundamenta la irritación de la cúpula del centro con el Gobierno.

Impresentable: Nocturnidad, lealtades y amenazas: el papel de la directora más opaca de la Guardia Civil

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha mantenido un perfil bajo desde que el pasado enero se puso al frente de la institución. Venía con un buen cartel. La delegación malagueña de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, aplaudió el nombramiento. Los agentes habían tenido buena relación con Gámez durante la época en que esta había ejercido como subdelegada del Gobierno en Málaga y señalaron que estaba "a la altura para afrontar el reto". Sin embargo, conforme han ido pasando los días, se ha ido alejando paulatinamente de esa imagen cercana y positiva para llegar a situarse justo en el extremo contrario.

La nueva máxima responsable del cuerpo ha ido perdiendo credibilidad entre sus subordinados, que la han acusado hasta de estar desaparecida, de no acudir a reuniones con los representantes sindicales ni dar la cara por los uniformados. El pasado 23 de abril, por ejemplo, cuatro asociaciones, entre las que también estaba AUGC, firmaron un escrito conjunto en el que criticaban a Gámez por su "persistente obstinación de no mantener una necesaria interlocución" con ellas "pese a las reiteradas tentativas de comunicación llevadas a cabo desde que comenzó la crisis sanitaria que tan graves consecuencias está teniendo" para los funcionarios del instituto armado.

La directora no respondió siquiera a estas críticas. Se enrocó en una discreción impropia de su cargo que ha mantenido incluso durante la crisis más importante que ha vivido la institución desde el caso Luis Roldán. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que aglutina a un gran número de mandos del cuerpo, asegura que hubiera sido deseable que Gámez hubiera hecho acto de presencia en algún momento durante las ruedas de prensa posteriores a las mesas técnicas de seguimiento de la crisis sanitaria a las que asistían en representación del instituto armado el director adjunto operativo, Laurentino Ceña, o el jefe del Estado Mayor, José Manuel Santiago.

Ni siquiera cuando este último provocó una enorme polémica al asegurar que la Guardia Civil monitoriza las redes para minimizar el ambiente de crítica contra el Gobierno ha salido a defender a su gente. "Hubiera sido un buen gesto que fuera la directora general quien explicara las declaraciones, pero dejó solos a sus subordinados", reflexionan desde APROGC. Sí salió a la palestra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sido la única cara visible ante la crisis institucional. El asunto, justifican fuentes del ministerio, es que existe una "evidente sintonía" entre la directora, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el ministro. Aunque fuera este último el que saliera, añaden, los que han 'capeado' el temporal han sido los tres como si fueran una sola persona.

La realidad es que Gámez ha jugado un papel esencial en esta última crisis de la historia del instituto armado. Ella fue la que dio origen a la polémica al telefonear personalmente el pasado domingo por la noche al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, para destituirle. Previamente, el alto cargo había recibido la llamada de otros dos tenientes generales para hablar sobre la investigación que el grupo de Policía Judicial que dirigía llevaba en el Juzgado 51 de Madrid que apuntaba a un posible delito de prevaricación cometido por el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, y por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la convocatoria de manifestaciones.

Gámez, además, influyó en la posterior decisión de nombrar al general de división Félix Blázquez nuevo Mando de Operaciones en sustitución del teniente general Fernando Santafé, cesado por Marlaska tras la dimisión del director adjunto operativo, el teniente general Laurentino Ceña, en protesta por la destitución de Pérez de los Cobos. Marlaska designó al general de división jefe de los Servicios de Información, Pablo Salas, para reemplazar a Ceña porque el juez en excedencia le conocía de su época de la Audiencia Nacional, y al mencionado Blázquez, por consejo de la directora general, para sustituir a Santafé porque Gámez le había tratado en su periodo andaluz como candidata a la alcaldía de Málaga y subdelegada del Gobierno en esa provincia.

Fueron estas dos designaciones las que multiplicaron la crisis que ya se había abierto tras la destitución de Pérez de los Cobos. Se trataba de dos nombramientos contra natura en el seno de la Guardia Civil, que iban contra los criterios de antigüedad y escalafón que permiten que los miembros del instituto armado promocionen de forma natural, sin ningún tipo de injerencia política, por estricto orden de cumplimiento de los citados principios. La elección de Salas, número siete en el escalafón, y de Blázquez, número nueve, como nuevos números uno y dos operativos generó un terremoto, pues era la primera vez que un ministro intervenía en la escala de mando de la institución.

Gámez, además, pegó ayer un puñetazo sobre la mesa de su despacho para zanjar de una vez por todas la crisis de los generales. La noche anterior se multiplicaron los rumores de que los tenientes generales Francisco Díaz Alcantud y Rafael Galán, números tres y cuatro del escalafón operativo tras el dimitido Ceña y el cesado Santafé, tenían la intención de renunciar a sus puestos de jefes de los mandos de Personal y de Apoyo respectivamente. El ruido fue aumentando conforme pasaban las horas y la directora decidió llamarlos a capítulo, ya que la salida de ambos provocaría una ruptura total de la cúpula, puesto que no quedaría teniente general alguno en la misma.

Gámez les dio un ultimátum, según fuentes conocedoras del encuentro. Les dijo claramente que quería saber esa misma mañana si podía contar con ambos para seguir al frente de sus responsabilidades. Añadió que, si ellos no respondían, entonces sería ella la que les destituiría, pero no los enviaría a una salida digna como la que Gámez había buscado para el teniente general Santafé, a quien mandó a dirigir la Universidad de la Guardia Civil, sino que les enviaría a su casa, ya que no hay puestos operativos del nivel más allá de los que ocupan en la actualidad y cualquier cosa es una considerable degradación. Ambos mandos hablaron entonces entre ellos y decidieron aguantar.

En ese contexto es en el que APROGC califica la gestión de la crisis llevada a cabo por Gámez como "lamentable". "Es necesario y urgente que dé explicaciones públicas y detalladas y que no olvide que los guardias civiles llevamos mucho más tiempo que ella y que el ministro", aseguran a El Confidencial. "Conocemos muy bien la institución por dentro, sus procedimientos, los trámites necesarios para la toma de decisiones importantes", añaden desde la asociación, que pide a su directora que "no intente colar teatrillos de reestructuraciones o excusas similares". "Las reestructuraciones de unidades no se hacen un domingo por la tarde", sentencia la agrupación.

Bousselham cambia su versión y asegura ahora que Iglesias le entregó la tarjeta en buen estado

La exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo Dina Bousselham ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que cambia de versión y asegura que su jefe en Podemos, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le entregó en buen estado una copia de la tarjeta del móvil que le habían robado, según consta en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.

De esta forma, Bousselham niega ahora en el escrito, adelantado por eldiario.es, que Iglesias le entregara la memoria SD "destruida", tal y como declaró como testigo, y por tanto con la obligación de decir la verdad. En concreto, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha especificado en un informe que la tarjeta estaba "parcialmente quemada".

"Debo decir que cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono, y así, yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relación de pareja, accedí a los elementos de naturaleza más personal e íntimos de ésta, y por ello puedo indicar que inicialmente funcionaba bien si bien no contrasté ni analicé su contenido", destaca el escrito, en el que no se cita a Iglesias, prosigue el diario digital.

Declaración de Dina Bousselham en el 'caso Villarejo' by Vozpopuli on Scribd

"Dejó de funcionar"

"Cuando volví a tratar de acceder a ella (después de serle entregada y ver su contenido) dejó de funcionar, pudiendo haber quedado la misma afectada, y es, a partir de ahí, cuando no funcionaba y no pude volver a acceder, tratando de recuperar la misma por mero interés personal, previo a ninguna cuestión judicial, procedimiento alguno, y desconociendo lo que sería la posterior aparición en un registro de los mismos materiales con igual origen en mi teléfono", concluye la exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

El último interrogatorio a Dina Bousselham se centró en la actuación de Iglesias. La exasistente aseguró ante el juez del caso Tándem que el líder de Podemos le entregó "destruida" la memoria SD del móvil que le habían robado en 2015, según confirmaron a Vozpópuli fuentes jurídicas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 intentó esclarecer quién destruyó la tarjeta.

Estaba "destruida"

La versión que la exasistente aportó en su última declaración difiere en parte de la ofrecida por Iglesias. El líder político nunca precisó que la SD que había entregado a Bousselham estaba "destruida". Ella tampoco lo mencionó en su declaración anterior. Aunque indicó que el contenido era ilegible, no señaló que había sido "destruido".

El 18 de mayo fue la primera vez que facilitó esta versión en el marco de la causa. Según dijo en el interrogatorio, intentó recuperar la información alojada en la tarjeta SD una vez la recibió de manos de Iglesias. Para ello, añadió acudió sin éxito a una empresa especializada. Ahora ha presentado un escrito ante el Juzgado para aportar otra versión.

El juez cree que el marido de Bousselham ocultó que Iglesias devolvió la tarjeta dañada

El juez del caso Villarejo cree que Ricardo Sá Ferreira, marido de la exasistente de Podemos Dina Bousselham, ocultó información en su declaración como testigo. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que el instructor sospecha de la versión del asesor de la formación morada en el Parlamento Europeo, en la que en ningún momento se dice que el ahora vicepresidente devolvió a la pareja la tarjeta SD que había sido robada en 2015 y cuya información apareció después entre los archivos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"¿Le consta a usted si de los efectos sustraídos a Dina [Bousselham], en particular su tarje..., su documentación o el teléfono móvil, fue recuperado de alguna manera o tuvo alguna información sobre ello?", preguntó de forma expresa uno de los dos fiscales de anticorrupción que se encarga del caso Villarejo. Sá Ferreiro contestó de forma enigmática: "Yo no pido que se recupere el teléfono móvil".

En este sentido, la investigación policial ha podido constatar que el 10 de febrero de 2016, un año después de que Iglesias tuviera acceso a la tarjeta SD, Sá Ferreira intercambió correos electrónicos con un empleado de una empresa "recabando información para poder recuperar los datos de una tarjeta SD". Ante el precio que le reclamaba la firma para llevar a cabo el trabajo, este asesor de Podemos renunció a su intención inicial, y solicitó la devolución de la memoria.

Ante esa respuesta negativa, el representante del Ministerio Fiscal dio por finalizado el interrogatorio del 8 de abril de 2019, ya que solo le volvió a pedir que aportara información técnica de su teléfono. Esta versión de Sá Ferreira difiere de las declaraciones de su mujer, Dina Bousselham, y del jefe de ambos en Podemos, Pablo Iglesias, que sí aludieron a la entrega de la memoria.

Parcialmente quemada

Bousselham ya había declarado días antes que Iglesias le había devuelto la tarjeta SD del móvil robado, unos hechos que confirmó el líder de Podemos. El informe pericial de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sostiene, además, que la memoria electrónica había sido "parcialmente quemada". Según adelantó este jueves eldiario.es, la exasistente de Iglesias ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que asegura que recibió la tarjeta en buen estado y niega que Iglesias la destruyera antes de entregársela.

El juez que investiga la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, reclamó al testigo que le explicara todo lo que supiera del presunto robo del teléfono móvil. Fue entonces cuando Sá Ferreiro hizo un relato pormenorizado de los hechos, que se produjeron en un centro comercial de Alcorcón. Sin embargo, no aludió en ningún momento a que habían podido recuperar la tarjeta SD de su pareja, aunque ésta estaba dañada.

"¿Esto que ha relatado usted ahora es todo lo que sabe sobre el robo de ese móvil y el contenido de ese móvil?", preguntó de forma expresa el juez Manuel García Castellón. El testigo contestó de forma escueta. "Si", sin citar después a Pablo Iglesias.

Durante el resto del interrogatorio, Sá Ferreira no aportó ningún dato sobre la tarjeta SD. No dijo nada pese a que el juez, al final de la declaración, volvió a dar pie al testigo para que diera información relevante.

¿Añadir algo?

"¿Quiere añadir algo que sea de su interés, que ahora recuerde y que antes no ha dicho?, interpeló el magistrado. Sin embargo, Ricardo Sá Ferreira volvió a contestar con un monosílabo: "No".

Antes todas las contradicciones detectadas, el juez García Castellón decidió encargar el pasado lunes a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía que realizara "las gestiones oportunas en orden a esclarecer los diferentes extremos apuntados en este auto".

Según consta en el auto, "una vez practicadas, deberá valorarse la oportunidad de citar de nuevo a Dina Bousselham, y en su caso, recabar si desea otorgar su perdón, todo ello con las debidas garantías en salvaguarda de su condición de víctima del delito".

En el auto mencionado, el juez instructor retiró a Iglesias la condición de perjudicado al considerar que eso resultaba "insostenible", porque "las contradicciones desgranadas [...] exigen un esfuerzo investigador que resulta incompatible con la situación procesal", especifica la resolución.

Además, la resolución del pasado lunes pone de manifiesto que Bousselham nunca informó al Juzgado de Alcorcón (Madrid), que investigó el robo de su teléfono móvil, de que consiguió recuperar la tarjeta SD.

Un ordenador del Gobierno modificó la Wikipedia para despreciar a Díaz Ayuso

La página de la Wikipedia de la Presidencia de la Comunidad de Madrid fue modificada recientemente desde un ordenador del Gobierno para descalificar a su titular, Isabel Díaz-Ayuso, quien durante esta crisis ha estado enfrentada con las formaciones de izquierda.

Tal y como se puede ver en el historial de ediciones de la 'entrada', fue el pasado 22 de mayo cuando una persona modificó desde la Secretaría de Estado de Función Pública este artículo para calificar a Díaz-Ayuso como "la iluminada" y para incidir en que permanecerá en el cargo cuatro años "para nuestra desgracia".

Las referencias han sido eliminadas actualmente, pero en la base de datos de la enciclopedia digital se aprecia que un usuario con la IP 212.128.104.215 realizó esos cambios.

Al buscar en Internet esa dirección, se aprecia que pertenecen al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La polémica por el FRAP

Llama la atención que estos hechos se sucedieran unos días antes de que se produjera un debate entre los editores de Wikipedia por el contenido del artículo dedicado al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

La polémica se produjo después de que Cayetana Álvarez de Toledo mencionara en el Congreso el pasado "terrorista" del padre de Pablo Iglesias, al estar vinculado a esta organización.

Poco después de que pronunciara esas palabras, algunos usuarios intentaron que el citado grupo dejara de ser adjetivado como "terrorista" en la enciclopedia.

Fuente: Vozpopuli, El Confidencial, El Correo