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Hasta ahora, todo eran sospechas o indicios, algunos muy concluyentes eso sí, sobre la insólita tardanza del Gobierno en reaccionar ante la epidemia de coronavirus, anticipada desde diciembre por China y confirmada por la pavorosa situación de Italia con tres semanas de antelación que, en España, no sirvieron para adelantarse con medidas de prevención contundentes.

Pero ahora, además, hay una prueba de todo ello, y de la máxima validez por proceder de alguien que sabe mucho: estuvo en la reunión en el Ministerio de Sanidad en la que el Gobierno tomó la decisión de desechar la gravedad del virus, pese a las advertencias que él hizo sobre su letalidad y capacidad de contagio sin precedentes.

Se llama Juan Martínez Hernández, es el experto en Salud Pública de la OMC y él mismo ha revelado, en un acongojante artículo en El Mundo que ha pasado sorprendentemente desapercibido, cómo y cuándo se adoptó una decisión política y sanitaria que ha sido determinante en la extensión masiva de la enfermedad.

Ocurrió el 30 de enero, cuando en China aún no se había alcanzado el pico y en Italia el coronavirus no era todavía tan destructivo. Entonces él mismo activó la alerta máxima describiendo el tipo de agente vírico que empezaba a extenderse y llegaría pronto a España: de haber sido atendido, posiblemente España no estaría ahora sufriendo un impacto tan terrible, vista la experiencia de otros países que, como Hungría, Rusia o Croacia, sí se tomaron en serio la amenaza.

"El pecado original de la mala gestión de esta epidemia, no sólo en España sino por casi toda Europa, no fue un problema político sino técnico. En nuestro caso tiene su epicentro el 30 de enero, en una reunión en el Ministerio de Sanidad, en la que varios técnicos –no sólo el que ustedes piensan– sostuvieron, en contra de mi opinión, que el nuevo coronavirus es un agente del grupo 2. Yo mantengo que es un agente del grupo 4. Y ahí radica todo. Esa es la clave de toda la mala gestión posterior", explica en su demoledora exposición.

Y prosigue: "Los microorganismos, de acuerdo al RD 664/1997 se clasifican en cuatro grupos, siendo el cuarto el compuesto por aquellos que pueden ocasionar infección grave o mortal y contra los que no hay ni vacuna ni tratamiento. Es de libro. El nuevo coronavirus es un agente del grupo 4".

Para dejar muy claras las graves consecuencias de esa decisión: "Si se hubiera asumido eso desde el principio, dado el potencial pandémico del virus y la susceptibilidad universal para sufrir la infección de toda la Humanidad, habría que haber tomado aquel mismo día decisiones pavorosas, como adquirir ingentes cantidades de equipos de protección como los del ébola, construir o acondicionar a toda velocidad centros monográficos independientes o adquirir un gran número de equipos de ventilación mecánica".

Finalmente, concluye con un contundente reproche: "Pues bien, nada de eso se hizo entonces, al aceptar la benignidad del virus como una ventaja, cuando era ciertamente su principal inconveniente. Y tampoco se hizo después cuando explotó en Italia, y ya era inevitable que de allí, dentro del espacio europeo común, llegara en una o dos semanas al resto del continente y a Latinoamérica".

Fue ignorado

La narración de este experto da un vuelco a la percepción de la gestión de la crisis y evidencia que, como poco, el Gobierno desoyó las opiniones de especialistas que sí se adelantaron a los hechos y han acertado, de lleno, en sus previsiones. Lejos de ser atendidos, el Ejecutivo mantuvo la guardia bajada y más de un mes después de esa reunión a finales de enero incluso mantuvo la convocatoria de manifestaciones masivas en la calle o de grandes eventos deportivos con público.

Tampoco cerró las fronteras hasta esta semana y, durante el mes de febrero completo, no hizo ningún tipo de control sanitario de los visitantes que venían en avión, por ejemplo, desde Italia. El especialista de la Organización Mundial del Comercio lo había avisado todo. Y no le hicieron caso.

Cerrar un país no basta

Juan Martínez Hernández

Cerrar un país no es suficiente para frenar la epidemia por coronavirus (SARS-CoV-2). Es más, si solo hacemos eso estaremos causando dolor adicional al no verificarse mejoría en las cifras de ingresos hospitalarios.

Cuando a vuelta de la festividad de Reyes la gente contemplaba en la distancia las noticias de un lejano mercado de Wuhan y unos cuantos casos de neumonía, yo sentí honda preocupación. Y mi preocupación provenía (y proviene) de que la mayoría de los casos de enfermedad causados por este virus son leves. Y por lo tanto se deslizarían como arena entre los dedos y llegarían inadvertidamente a todo el planeta. Y por lo tanto costaría toneladas de persuasión convencer al mundo de que algo en principio liviano, podría llegar a saturar los servicios de emergencia, las camas hospitalarias y sobre todo los puestos en unidades de cuidados intensivos. Ahora esto lo sabe ya todo el mundo, del modo más doloroso posible.

El pecado original de la mala gestión de esta epidemia, no sólo en España sino por casi toda Europa, no fue un problema político sino técnico. En nuestro caso tiene su epicentro el 30 de enero, en una reunión en el Ministerio de Sanidad, en la que varios técnicos –no sólo el que ustedes piensan– sostuvieron, en contra de mi opinión, que el nuevo coronavirus es un agente del grupo 2. Yo mantengo que es un agente del grupo 4. Y ahí radica todo. Esa es la clave de toda la mala gestión posterior.

Los microorganismos, de acuerdo al RD 664/1997 se clasifican en cuatro grupos, siendo el cuarto el compuesto por aquellos que pueden ocasionar infección grave o mortal y contra los que no hay ni vacuna ni tratamiento. Es de libro. El nuevo coronavirus es un agente del grupo 4.

Si se hubiera asumido eso desde el principio, dado el potencial pandémico del virus y la susceptibilidad universal para sufrir la infección de toda la Humanidad, habría que haber tomado aquel mismo día decisiones pavorosas, como adquirir ingentes cantidades de equipos de protección como los del ébola, construir o acondicionar a toda velocidad centros monográficos independientes o adquirir un gran número de equipos de ventilación mecánica.

Pues bien, nada de eso se hizo entonces, al aceptar la benignidad del virus como una ventaja, cuando era ciertamente su principal inconveniente. Y tampoco se hizo después cuando explotó en Italia, y ya era inevitable que de allí, dentro del espacio europeo común, llegara en una o dos semanas al resto del continente y a Latinoamérica.

Este es el resumen de la historia y para la Historia. Ahora las soluciones, que se basan esencialmente en no reiterar los errores.

Los protocolos recientemente revisados (van docenas de ellos) dicen que no se hagan pruebas a los pacientes con sintomatología leve. Este es un grandísimo error que funcionará como profecía autocumplida: si no diagnosticamos bien, no aislaremos bien a los pacientes y no haremos un buen control de los contactos.

Por supuesto, hay que construir o acondicionar grandes hospitales monográficos, con la ayuda del Ejército, en lugar de centrifugar el problema por todos los hospitales de la red, destruyendo la sanidad actual.

Es monstruoso, intolerable, que los protocolos vayan rebajando el umbral de protección de los profesionales y de utilización de los equipos de protección individual, simplemente porque no se encuentran y hay desabastecimiento: busquen, fabriquen, dediquen toda su energía y capacidad financiera a ello.

Hay que multiplicar por 10 o por 100 nuestra capacidad diagnóstica actual y hacer PCR a todas los pacientes con infecciones respiratorias de cualquier gravedad, en aquellos lugares donde haya transmisión comunitaria. Aislar obligatoriamente a todos los pacientes con Covid-19 y cuarentenar igualmente de forma obligatoria a todos sus contactos. Durante semanas, en los protocolos se decía que los contactos podían hacer vida normal, incluso con amigos.

Tenemos que conseguir que el personal hospitalario aquejado de sintomatología leve deje de venir al hospital a seguir contagiando a compañeros y pacientes, y contener la infección con buena epidemiología.

Detección precoz, diagnóstico precoz, aislamiento de los casos y cuarentena de los contactos, esa es la receta. Si bajamos los brazos estaremos condenados, y de nada habrá servido parar un país entero.

* experto en Salud Pública de la OMC.

Las medidas de distanciamiento social fueron necesarias en España desde el 28 de febrero

El 28 de febrero la cifra de casos confirmados de COVID-19 en España ascendía hasta los 25 y todavía no se había registrado ninguna muerte. Pero según el informe de situación diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país ya existía transmisión local del virus: es decir, el SARS-CoV-2 ya estaba circulando dentro de nuestras fronteras y no solo afectaba a viajeros procedentes de otros países. Menos de un mes después, en España hay 47.610 casos confirmados y 3.475 fallecidos y se lucha por aplanar la curva de nuevos contagios.

Un estudio que se acaba de publicar en la revista « Science» ha concluido que las medidas de distanciamiento social son necesarias en cuanto se produce la transmisión local del coronavirus. En España la transmisión local se producía el 28 de febrero, fecha en la que Sanidad contemplaba «un escenario de contención», en el que se suponía que no había «transmisión comunitaria descontrolada» y en el que se tomaron medidas de higiene para evitar contagios, se aisló a los casos detectados, se siguió a los contactos y se recomendó celebrar a puerta cerrada grandes eventos. Sin embargo, no fue hasta el día 11 de marzo cuando cesaron las clases, en la Comunidad de Madrid y las ciudades de Vitoria y Labastida, y hasta el 15 de marzo cuando el Gobierno declaró el estado de alarma e impuso el confinamiento de los ciudadanos.

Ahora, científicos de las universidades de Oxford (Reino Unido) y del Nordeste (EE.UU.) ha mostrado el enorme impacto que tuvo la restricción de la movilidad de los ciudadanos de la ciudad de Wuhan, el origen de la pandemia, sobre la dispersión del coronavirus. Sus conclusiones destacan la importancia del distanciamiento social y sugieren que las restricciones de viaje, que impiden viajar a otros lugares para dispersar la epidemia, solo son útiles en las primeras etapas.

La La acción política está yendo por detrás de la propagación del COVID-19 en muchos países», ha dicho Samuel V. Scarpino, profesor de la Universidad del Nordeste y coautor del trabajo. «Las restricciones de viaje y movilidad son las más útiles justo al comienzo, cuando la transmisión local todavía no es un factor. Pero una vez que la transmisión local se establece, el distanciamiento físico y la cuarentena de individuos enfermos es la que funcionará, pero lleva tiempo».

¿Por qué funcionó la respuesta china?

Los autores del estudio, dirigido por Moritz Kramer, investigador en el grupo de Genómica de Pandemias y del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, destacan la dificultad de contener enfermedades respiratorias, como el COVID-19, que se caracterizan por generar síntomas relativamente moderados y que, además, se pueden transmitir antes de que éstos se manifiesten.

Por ello, destacan la necesidad crítica de aplicar medidas de distanciamiento social en cuanto comienza la transmisión local del COVID-19, si bien reconocen que su investigación no permite saber qué medidas son las más efectivas.

«La combinación de intervenciones implementadas en China claramente tuvieron éxito en mitigar la dispersión y reducir la transmisión local del COVID-19», escriben en su trabajo. «Sin embargo, en este estudio no ha sido posible determinar definitivamente claramente el impacto de cada una».

No obstante, destacan varias de las adoptadas, como la multiplicación de pruebas de diagnóstico, el aislamiento rápido de los casos sospechosos y sus contactos y, «por encima de todo, las restricciones de movilidad». Estas arrancaron en la ciudad de Wuhan el 23 de enero, confinando inicialmente a 11 millones de personas.

El estudio también muestra que las restricciones de viaje son más importantes al comienzo de la epidemia y al final, cuando ya se ha controlado la transmisión local. De hecho, sus datos muestran que las restricciones de viaje hicieron que las importaciones de infectados cayeran drásticamente fuera de la provincia de Hubei, y que se pudiera contener la expansión de la COVID-19 más allá de su foco. Se pasó de 515 nuevos casos antes del 31 de enero, a 39 después.

Paquete de medidas para frenar la epidemia

«Nuestros hallazgos muestran que al comienzo de la epidemia del coronavirus las restricciones de viajes fueron eficaces a la hora de evitar la importación de casos», ha dicho en un comunicado Moritz Kraemer. «Sin embargo, una vez que los casos de COVID-19 comenzaron a extenderse localmente, la contribución de las importaciones se hizo mucho menor. «Es aquí donde un paquete completo de medidas, incluyendo la restricción de la movilidad local, los test de diagnóstico, el seguimiento de casos y el aislamiento han de funcionar juntos para mitigar la epidemia», ha añadido Kraemer.

La investigación se basa en datos de movimientos de los ciudadanos recogidos por geolocalización en tiempo real y proporcionados por la compañía china Baidu, y en información epidemiológica recogida por el «Open COVID-19 Data Working Group», que incluye datos como la edad de los afectados o la fecha en la que comenzaron a experimentar síntomas.

Una semana hasta ver los beneficios

El trabajo también muestra que, dado el largo tiempo de incubación del virus, que va de los cinco a los 14 días, las restricciones de movilidad de los ciudadanos no comenzaron a tener un efecto sobre la tasa de aparición de nuevos casos hasta pasada alrededor de una semana, tiempo en el que la curva de infectados siguió empeorando.

Los autores han señalado la necesidad de tener en cuenta estas conclusiones también a la hora de salir de la epidemia, puesto que el aumento de la movilidad de los ciudadanos puede reintroducir la enfermedad y extenderla de nuevo. Además creen que es necesario seguir estudiando esta materia para determinar cuál es el equilibrio adecuado entre «un efecto positivo sobre la salud pública y el efecto negativo sobre la libertad de movimiento, la economía y la sociedad en su conjunto».

Demoledora crítica de The Guardian a la gestión de Sánchez del coronavirus: «Reaccionó tarde y mal»

España se ha convertido en el segundo país del mundo con más muertos por coronavirus. Ni el brote en China, ni su propagación fugaz por decenas de países, ni que Italia se convirtiera en epicentro de la pandemia en Europa hizo que el Gobierno actuara con celeridad y el Covid-19 se expande por España sin control.

Ya hay más de 3.400 muertos y 47.000 contagiados. Las críticas dentro y fuera de nuestras fronteras se suceden a diario y la última llega desde el prestigioso diario de centro-izquierda británico The Guardian. El periódico dedica un artículo ha analizar «por qué reaccionó tan mal España al coronavirus».

The Guardian recuerda en su artículo que «España vio lo que sucedió en Irán e Italia y, sin embargo, superó el número de muertos de China en uno de los momentos más oscuros de la historia española reciente». Dice que «España es ahora el foco de la pandemia mundial» y cree que se podía haber evitado.

El diario británico critica que el Gobierno de Pedro Sánchez «había visto lo que sucedió en China e Irán», y «tiene a Italia a solo 400 millas a través del Mediterráneo» por lo que debería haber intuido que «el virus podía propagarse rápida y brutalmente dentro de Europa».

Aun así, The Guardian cree que «España pensó que estaba lo suficientemente lejos» y recuerda cómo Fernando Simón llegó a decir el 9 de febrero que «España solo tendrá un puñado de casos«. «Seis semanas después da cifras diarias de cientos de muertes», asegura el diario.

El rotativo apunta como una de las primeras negligencias a lo ocurrido el 19 de febrero, cuando «2.500 fanáticos del fútbol de Valencia se mezclaron con 40.000 simpatizantes de Atalanta para un partido de la Liga de Campeones en Bérgamo».

«A finales de febrero y principios de marzo, con temperaturas superiores a los 20 °C, los cafés y bares de Madrid estaban llenos de gente feliz, haciendo lo que más les gusta a los madrileños: ser sociables. Eso significa abrazos, besos y charlas animadas a solo unos centímetros de la cara de otra persona», apunta The Guardian.

Además, también critica ferozmente que el Gobierno socialcomunista permitiera la manifestación del 8M que supuso cientos de infectados: «El 8 de marzo, justo una semana antes del cierre del país, tuvieron lugar eventos deportivos, conferencias de partidos políticos y manifestaciones masivas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer».

The Guardian es claro: «El Gobierno socialista de Pedro Sánchez reaccionó tarde y mal. El país carecía de equipos esenciales y el virus también ha descubierto fallas profundas en el sistema de atención español. Las residencias no tenían suficiente personal, no estaban preparadas y se abrumaron rápidamente, con tasas de mortalidad de hasta el 20%».

Además critica la tardanza en reaccionar del presidente del Gobierno: «Cuando Sánchez anunció que invocaría poderes de emergencia tardó más de 24 horas en implementarlos, momento en el cual parte de la población de Madrid y otras ciudades se había dispersado por todo el país».

The Guardian finaliza su artículo alertando de la crisis económica que le espera a España cuando supere esta pandemia: «Cuando la crisis financiera golpeó en 2008 el desempleo se elevó al 27%, la deuda pública saltó hacia arriba y la caída en picado hacia la recesión fue una de las peores en Europa. Lo mismo sucederá este año».

Ximo Puig no comunicó la ‘víctima 0’ por coronavirus hasta que Sánchez anunció sus medidas: 19 días después

Carlos Cuesta. La víctima mortal cero por coronavirus en España –la primera de las cerca de 3.500 que suma ya la enfermedad– se produjo un 13 de febrero en la Comunidad Valenciana. Pese a que desde el 30 de enero la OMS había alertado ya a España de la gravedad y potencial de contagio de la enfermedad, no se le quisieron efectuar las pruebas para comprobar si la causa era el coronavirus. Se acabaron haciendo. Pero el resultado de la necropsia no se comunicó hasta el 3 de marzo. Y se hizo justo horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudiese demostrar que no había olvidado la gestión de la enfermedad porque su ministro de Sanidad anunció las primeras medidas de impacto contra la enfermedad: la celebración de los partidos de fútbol a puerta cerrada. Todo ello, tras 19 días de espera para conocer la causa de la muerte de la víctima cero.

España registraba su primera muerte de una persona infectada por coronavirus, pero nadie lo supo aquel 13 de febrero. El fallecido era un varón de 69 años. El lugar de la defunción fue el Hospital Arnau de Vilanova (Valencia). La causa directa: neumonía.

Todo ello ocurría aquel 13 de febrero. Pero, pese a que la víctima comunicó su procedencia de Nepal, pese a que el rumor en el hospital fue su posible contagio por el virus, y pese a que el Gobierno había realizado reuniones científicas sobre el coronavirus desde el 2 de febrero ante la evidencia de la gravedad de los contagios, lo cierto es que no se le pudo confirmar en aquel momento el virus porque no se le realizaron las pruebas. El Covid-19 fue confirmado mucho después, en una necropsia posterior.

La nota de prensa comunicando el fallecimiento de la persona contagiada por coronavirus no llegó hasta poco después de que Sanidad anunciara las primeras medidas para restringir aglomeraciones de personas con el propósito de aplacar el coronavirus.

De hecho, cuando se admitió el positivo en coronavirus de la víctima mortal, España superaba ya los 160 contagios, y se reconocían focos sin control en Torrejón y en Vitoria.

Cambio de criterio de Sanidad

La versión oficial asegura que esta víctima no se registró hasta que produjo el cambio de criterio del Ministerio de Sanidad. Ese cambio, pasado ya el tiempo, exigió revisar los casos graves de neumonía sin origen conocido.

Fuentes del hospital han reconocido a OKDIARIO que la víctima estuvo en la UCI y que allí se planteó ya la posibilidad de hacerle el test del coronavirus, pero que se desestimó. La versión filtrada oficialmente, aclara este punto señalando que se rechazó esta posibilidad porque aún no estaba indicado que se tuviera que realizar en pacientes con neumonía de origen desconocido.

La exigencia de hacer esa prueba, sin embargo, tampoco es cierto que llegara tan tarde: se adoptó un 27 de febrero. Pero, pese a ello, el resultado de la necropsia no se comunicó hasta ese 3 de marzo. Y, sobre todo, hasta que el Gobierno de España había demostrado –al menos, aparentemente– que no le había cogido desprevenido y sin medidas el avance del coronavirus.

Porque justo horas antes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pedía que se celebraran a puerta cerrada las competiciones deportivas con afluencia masiva y participación de equipos procedentes de zonas de riesgo: especialmente aquellos equipos de fútbol procedentes del norte de Italia. El retraso en la comunicación de la primera víctima mortal permitió igualmente al Gobierno lanzar su recomendación de cancelación de todos los congresos y encuentros médicos que se debían celebrar en los siguientes días para poder disponer de la mayor parte del personal sanitario potencial ante la evidencia de la cadena de contagios por el coronavirus.

“No tiene sentido que vengan grandes grupos de personas procedentes de lugares donde se restringen estas mismas competiciones deportivas”, afirmó Illa.

La medida tuvo impacto mediático inmediato porque afectaba a cuatro partidos: de fútbol dos, el Valencia-Atalanta de Champions del 10 de marzo y el Getafe-Inter de Europa League del 19 de marzo. Y de baloncesto otros dos : el Valencia-Armani Milan de Euroliga del 5 de marzo y el Girona-Venezia de la Eurocup femenina del 19 de marzo.

Sanidad admite que la última semana de febrero fue clave en el contagio masivo

Salvador Illa ha situado hoy en la semana previa al 8M el contagio "importante" del coronavirus en algunos territorios de España. Por otro lado, José Luis Escrivá que ha detallado la tramitación de 130.000 bajas laborales relacionadas con el coronavirus, casi el triple que de casos 47.610

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha situado en la última semana de febrero el contagio "importante" del coronavirus en algunos territorios de España, en concreto, en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí, ha dicho, el Gobierno ha ido dando respuestas "de forma rápida" conforme tenía información.

En rueda de prensa, Illa respondía así al ser preguntado sobre si ya el 9 de marzo, cuando España pidió ayuda de material a la OTAN, se conocía la expansión de la pandemia y si fue un error celebrar "actos multitudinarios" los días previos, en referencia a las manifestaciones con motivo del Día de la Mujer del 8 de marzo.

El ministro ha explicado que hasta el momento en que el Gobierno tiene notificación de los casos han pasado una media de entre 8 y 10 días, periodo durante el cual aparecen los síntomas (5-6 días tras el contagio), se acude a los servicios sanitarios, se hacen los test, se obtienen los resultados y se comunican.

"Lo que detectamos la tarde-noche del 8 de marzo se produjo 8 o 10 días antes y estimamos que hacia la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto, en la Comunidad de Madrid y esto es lo que sabemos", ha respondido Illa. Ha recordado que desde el principio el Gobierno ha manifestado que "esta epidemia guiaría nuestras actuaciones y así ha sido".

El ministro ha reconocido que cada día que pasa va a ser más difícil cumplir con las medidas de restricción, pero ha subrayado la importancia de que se cumplan "con mucha exigencia", ya que es la única forma de derrotar al virus.

Los tests rápidos de Sanidad no funcionan y China avisa de que el gobierno los compró a una empresa sin licencia

Los tests rápidos para detectar la infección de coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad en China no funcionan bien. Tienen una sensibilidad del 30%, cuando deberían superar el 80%. ¿Y eso qué significa? "Que los tests no valen, porque dan muchos falsos negativos", explican a este diario responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, que recibió la primera remesa de pruebas rápidas. "Muchos pacientes que teniendo positivo por coronavirus en la PCR [la prueba de referencia, que tarda más tiempo] dan negativos en el test".

Pero no queda ahí la cosa: la embajada de China en España ha anunciado que la empresa a la que le compró los tests el Ministerio, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tiene licencia. "El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida". "Shenzhen Bioeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos", añade.

SENSIBILIDAD FRENTE A ESPECIFICIDAD

El pasado domingo el Ministerio de Sanidad anunció el inicio del reparto de 640.000 tests de detección rápida y procedió "a la distribución de los primeros 8.000 test en la Comunidad de Madrid", según el ministro Salvador Illa, que aseguró que "a lo largo de esta semana" se va a recibir "un millón más que ya hemos adquirido".

 

Pero la Comunidad de Madrid denunció la inutilidad de los tests: "No valen". "Nos dieron 8.000 test sin haberlos validado, y gracias a la prudencia de la Consejería de Sanidad no se hizo distribución masiva", que quejan en la Puerta del Sol.

En un contexto de fuerte escasez de material, una de las buenas noticias que habían recibido las autonomías se vuelve ahora chasco. Después de salir al mercado mundial a comprar más de 52 millones de mascarillas, la inutilidad de los tests comprados por el Ministerio de Sanidad las pone en la tesitura de seguir comprando material, y de manera urgente.

 

La idea de Sanidad y la Comunidad de Madrid era hacer un "screening poblacional" y probarlos sobre todo con los profesionales sanitarios, que están siendo los más golpeados por la pandemia. Pero la "baja sensibilidad" lo impide. La sensibilidad es la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga una prueba diagnóstica positiva. Y la especificidad, por el contrario, es la probabilidad de que estando sano la prueba sea negativa.

Pues bien, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha corroborado la bajísima sensibilidad de los tests en un "documento de posicionamiento" sobre el diagnóstico del Covid-19. En él, lamentan que los "ensayos preliminares de las primeras pruebas disponibles en España" de estas pruebas rápidas "indican una sensibilidad inferior al 30% y una especifidad del 100% en poblaciones que acuden a las urgencias de los hospitales, en las que el porcentaje de positividad de la PCR es del 84% y de trabajadores sanitarios en las que el porcentaje de positividad es del 50%".

"Estos resultados impedirían su introducción en rutina", según la SEIMC. Es decir, los tests no son válidos para adoptar en España el método coreano, que consistió en detectar masivamente los contagios para tener una suerte de mapa del virus y combatirlo mejor, gracias a los datos de localización de las operadoras telefónicas.

EL GOBIERNO DEVUELVE LOS TESTS

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha confirmado en rueda de prensa que los test rápidos que ha recibido Sanidad no sirven. "El Ministerio de Sanidad se ha estado moviendo muy intensamente para localizar todos los test rápidos que nos permitan descargar de presión a los laboratorios que hacen PCR, que están haciendo entre 15.000 y 20.000 pruebas diarias".

"Ha habido que resolver algunos problemas de desabastecimiento de reactivos para hacer esas pruebas, pero se están haciendo muchas pruebas. Respecto a los test rápidos, se validaron 9.000 test rápidos en el centro de Microbiología y algunos hospitales de Madrid y esa validación nos dicen que las especificaciones no correspondían a lo que venía marcado en la Comisión Europea. Hemos devuelto los test y nos van a enviar otros nuevos", ha acotado Simón, informa Pilar Pérez.

Policías y guardias civiles denuncian a la Secretaría de Estado de Seguridad por su exposición al Covid-19

Policías nacionales y guardias civiles claman por la "escasez" de material de protección frente al coronavirus y por las decisiones adoptadas desde el Ministerio del Interior en esta pandemia. Los agentes estiman que hay indicios de un "delito continuado de incumplimiento" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por eso han presentado sendas denuncias contra la Secretaría de Estado de Seguridad.

Las denuncias han sido interpuestas por el sindicato policial Jupol y por la asociación de guardias civiles Jucil. Los secretarios generales de ambas organizaciones, José María García y Ernesto Villarino, consideran que las reivindicaciones de dotar a los agentes de los equipos adecuados de protección "no han sido escuchadas": "Los solicitamos antes del inicio de la crisis sanitaria en España".

El sindicato y la asociación, nacidos del movimiento policial Jusapol, acusan a la Secretaría de Estado de Seguridad de no estar cumpliendo con las medidas decretadas por el Gobierno de España para prevenir más contagios del coronavirus: "Supone un incumplimiento flagrante de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales".

"Dejadez de funciones"

A su juicio, esa "dejadez de funciones" ya ha tenido consecuencias entre las plantillas de Policía Nacional y de Guardia Civil: "La falta de medios de protección entre los agentes de ambos cuerpos ha supuesto el contagio de muchos agentes e incluso hemos tenido que lamentar la muerte, hasta el momento, de tres guardias civiles como consecuencia del Covid-19".

Asimismo, lamentan que no se considere a los agentes fallecidos a causa del coronavirus como víctimas en acto de servicio. "Una situación que genera indignación entre los agentes", afirman el sindicato y la asociación en un comunicado conjunto.

"Solicitamos con estas denuncias que se pongan en marcha de manera urgente medidas para frenar la expansión del coronavirus, se dote de todas las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de los agentes durante todo el tiempo que dure la crisis sanitaria y se instaure un protocolo de actuación para los agentes que les indique unas pautas claras y concisas para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad y salubridad".

Sanitarios y personal de residencias demandarán al Estado por la gestión del coronavirus

Los afectados por la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus mueven ficha. Asociaciones de profesionales sanitarios y colectivos vinculados a la tercera edad están consultando con despachos de abogados la posibilidad de emprender acciones legales contra el Estado pero dirigidas al Ejecutivo por su gestión de la crisis del Covid-19.

Para empezar, el artículo 106.2 de la Constitución Española señala que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

En la misma línea, el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público abunda en esa misma idea y precisa que la indemnización será procedente siempre que la lesión sea consecuencia del “funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

Dado que la declaración del estado de alarma por el coronavirus es un caso de fuerza mayor, a priori puede parecer que el Estado está blindado ante cualquier reclamación, pero lo cierto es que no tiene que ser así. El artículo 35 de esa misma ley explica que si las autoridades competentes conocían la gravedad de la situación y no tomaron las precauciones y medidas pertinentes, sí sería procedente la reclamación. “No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos”, reza la ley.

Marcos Peña, abogado y consejero del despacho Montero Aramburu, explica a Vozpópuli que ya estudian la presentación de varias demandas por la vía contencioso-administrativa en representación de personal sanitario (doctores, enfermeros, etc), empleados de residencias de la tercera edad y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En ellas se apela a la responsabilidad patrimonial del Estado y en ningún caso se plantean por la vía penal.

Incumplimiento de las medidas de seguridad

El letrado señala que hay un incumplimiento de las medidas de seguridad existentes y que, por ejemplo, en el caso del personal sanitario, se les ha encargado enfrentarse al Covid-19 sin tener el material necesario para ello. “La responsabilidad del Estado es objetiva. Provocado un daño, no es necesario buscar la intencionalidad, solo la causalidad. No hay que acreditar ni culpa ni negligencia”.

A la hora de demandar, Peña también recuerda que a los afectados les asiste el artículo 1105 del Código Civil: “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.

El 28 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el riesgo de expansión global del coronavirus de alto a muy alto y, tal y como recuerda el abogado, El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había desaconsejado desde el 3 de marzo la celebración de actos multitudinarios en ciudades donde existiesen contagios. En España ya se habían registrado varios positivos y miembros del Gobierno animaron a participar en la marcha del 8-M, recuerda. También se permitieron ese día otros actos como la Asamblea de Vox o la celebración de competiciones deportivas.

Las diez preguntas sobre el coronavirus que Sánchez sigue sin responder

Manuel Marín

La crisis sanitaria que está afrontando España lleva aparejada una crisis política que no ha impedido al Gobierno de coalición exhibir públicamente múltiples diferencias internas sobre cómo afrontar, especialmente, las consecuencias económicas. La división en el Gobierno ha sido patente, tanto como su estrategia política tendente a la opacidad, o como la toma de decisiones políticas no justificadas jurídicamente por la urgencia con que Pedro Sánchez las ha adoptado. Estas son las diez preguntas que Sánchez sigue sin contestar, dos meses después.

1- Sin adoptar medidas

¿Por qué ha repetido el Gobierno en las últimas dos semanas que el 2 de febrero ya tuvo constancia y previsión de la gravedad del virus, de los riesgos de contagio, y de su expansión desde China, y sin embargo no adoptó ninguna medida hasta la adopción del Estado de alarma hace dos semanas?

2- Obvió un informe

¿Por qué el Consejo de Ministros hizo caso omiso a un informe específico del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, fechado el 6 de marzo, en el que se alertaba de que ya había 95.000 casos de infección en todo el planeta (hoy hay más de 400.000) y daba por contrastado que la enfermedad era inéditamente muy contagiosa y se transmitía como mínimo a dos metros?

3- La marcha del 8-M

¿Por qué se permitieron en todas las capitales de España las manifestaciones masivas del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y la celebración de otros eventos políticos, deportivos y sociales multitudinarios?

4- Interés ideológico

¿Por qué antes de decretar un mando único, Sánchez estigmatizó a comunidades autónomas como la de Madrid, que pretendían ampliar su cuota de contratación de suministros, o tomar medidas de control añadidas en los transportes públicos o los centros educativos, en un primer momento de la expansión de la pandemia en España? ¿Había algún tipo de interés ideológico, y no meramente técnico-sanitario?

5- Avisos silenciados

¿Por qué Sánchez se escuda sistemáticamente en los técnicos y expertos de la Administración para sacudirse responsabilidades políticas por la tardanza en llegar a la crisis y la imprevisión en la dotación de medios materiales y humanos? ¿Hay testimonios y advertencias técnicas procedentes del seno de la Administración que se silenciaron por razones de estrategia y comunicación política?

6- El silencio de Iglesias

¿Por qué Sánchez concede a Pablo Iglesias toda la gestión en lo que atañe a asuntos sociales, y aún no ha dicho Iglesias nada sobre la crisis de las residencias de ancianos, cuya gestión supuestamente debe quedar bajo su estricta competencia, más allá de la labor humanitaria del Ministerio de Defensa, una vez conformado un mando único estatal?

7- La economía y el CNI

¿Por qué es urgente que en un decreto de medidas económicas extraordinarias se regule a modo de coletilla jurídica la designación de Pablo Iglesias como dirigente autorizado para acceder a información clave del CNI?

8- Los indultos

¿Por qué el Gobierno ha decidido ampararse en la especialidad de esta crisis global para abrir la puerta en España a indultos masivos de personas condenadas y en prisión mientras dure el estado de alarma? ¿Se beneficiarán de esta medida los independentistas catalanes condenados por sedición y malversación en el proceso separatista del 1-O?

9- Sanitarios contagiados

¿Es la carencia de medios y la imprevisión táctica del Gobierno lo que ha causado que más de 5.000 sanitarios y más de 4.000 miembros de la fuerzas de seguridad se hayan visto forzados a apartarse de sus tareas con síntomas de coronavirus? ¿A qué se debe esta tasa de contagio entre empleados públicos? ¿Cuentan con los medios de protección suficientes?

10- Ayuda a la OTAN

¿Ocasiona al Gobierno de coalición con Unidas Podemos algún tipo de contradicción interna verse forzado a reclamar ayuda institucional a una organización internacional de carácter político-militar como la OTAN, para paliar los daños causados por el virus en España?

Información procedente de ABC, EL Confidencial, El Mundo, Vozpopuli, OKDiario, EsDiario

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