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Una salida digna, pactada, ofrecer un puente de plata al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y mientras, ir lanzando mensajes de abandono por parte de altos mandos de las fuerzas armadas. Ésa parece ser la estrategia del autoproclamado presidente, Juan Guaidó, quién vaticinaba este sábado en un tuit: "El pronunciamiento del General de Aviación, Francisco Yánez, y la negativa de la PNB a reprimir al pueblo en Lara, muestran que cada vez más funcionarios policiales y militares están del lado de la Constitución y respaldan nuestra lucha. ¡Se sumarán más Venezuela, muchos más!".

Detrás de esa arenga de Guaidó, hay una estrategia de negociación que pasa por ofrecer a la cúpula militar que dirige Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) –el verdadero poder del país– unas buenas condiciones de salida del país si rompen con el Gobierno de Nicolás Maduro, lo que traería, asimismo, una grave fractura en el Ejército. En este tablero, España y Estados Unidos tienen su propio canal abierto a través del abogado de la PDVSA, el exjuez Baltasar Garzón, según han confirmado fuentes de la inteligencia española. Sin embargo, Público se ha puesto en contacto con el exjuez que niega estar intermediando y asegura que la PdVSA le llegó como cliente a través de un despacho de EEUU.

España ya ha hecho algunos movimientos respecto a los exdirectivos de la petrolera venezolana, acusados en nuestro país de blanqueo de capitales y, en Andorra, de defraudar 2.000 millones de euros a la compañía pública. En este sentido, la semana pasada, España confirmó la entrega a Estados Unidos del viceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2017, junto a otro grupo de exchavistas. La Fiscalía Anticorrupción había recurrido esta decisión y Villalobos había comenzado a cooperar, hasta el extremo de denunciar cómo la cúpula policial española sólo le requería información sobre Podemos y sus dirigentes. La confesión de Villalobos ya la desveló Público en octubre de 2016.

De defender a los exchavistas, a trabajar para la petrolera estatal

Baltasar Garzón accedió a la sociedad estatal venezolana a mediados de 2017, aunque ya en 2012, su nombre había aparecido en grabaciones de la Operación Clotilde, donde se investigaba un posible blanqueo de capitales en el Banco Madrid, propiedad en ese momento de la Banca Privada de Andorra (BPA). En esas conversaciones, uno de los empleados andorranos asegura a un cliente venezolano residente en EEUU –con una fortuna forjada al calor del petróleo- que han "contratado a Garzón para atacar". El multimillonario era el conocido empresario venezolano Diego Salazar, primo hermano del exdirector de la PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, que fue embajador de Venezuela ante la ONU.

En su momento, Garzón negó haber sido contratado por la Banca Privada de Andorra (BPA) para ser el abogado de Salazar. Lo hizo durante la presentación de su último libro en Madrid, en 2016, al día siguiente de que el diario ABC desvelara la información. Asimismo, el exmagistrado dejó clara ya entonces su postura sobre la situación del país caribeño: "Hay un grave problema de derechos humanos" en Venezuela que se ve "en el día a día de las noticias".

Por eso sorprendió entre investigadores de las diferentes causas que implican a los exchavistas que, presuntamente, están blanqueando 2.000 millones en España y Andorra, que Garzón aceptara como cliente a la petrolera del Estado que preside Nicolás Maduro para interponer una querella contra los exdirectivos Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera. Venezuela acusa a éstos de amañar contratos y defraudar a PDVSA, al menos, 500 millones de euros que fueron invertidos en España, concretamente, en fincas y pisos de lujo.

La querella contra la familia Rincón y otros millonarios venezolanos llevó a la detención de su hijo en España, en junio de 2018, por las inversiones que estaba realizando en nuestro país, aunque su padre llevaba ya procesado en EEUU desde 2015. Rincón Fernández admitió ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos a la PDVSA para asegurar que se le diera prioridad a sus compañías, según informó en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Garzón trabajó para la Banca d'Andorra, donde hay cuentas de 'excapos' huidos de Venezuela

Patricia López

El exjuez es el abogado de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), tras ser contratado por un despacho de EEUU que ahora lleva a exdirectivos de la compañía que guardan el dinero defraudado en la Banca Privada de Andorra (BPA). Su relación esta entidad se remonta al menos a 2009, a una conferencia organizada por el letrado José María Fuster-Fabra, a la que también acudieron su colega de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez y el 'fiscal del procés', Javier Zaragoza.

España y otros países de la Unión Europea, como Alemania o Francia, reconocieron el lunes a Juan Guaidó como presidente de Venezuela frente a un Nicolás Maduro que se aferra al Ejército y al pueblo armado. Precisamente es en los militares donde tienen puestos sus ojos Estados Unidos y el Grupo de Lima, con especial relevancia en los que manejan la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), cuyo abogado en España es el ex juez Baltasar Garzón.

Como desvelaba ayer Público, el ahora letrado es una baza para los estrategas de España y Estados Unidos que quieren que esta cúpula de poder abandone. Aunque Garzón lo negó, las fuentes consultadas destacan que acababa de llegar de República Dominicana de presentar el documental The Code, sobre jurisdicción internacional y la persecución de grandes delitos económicos, financieros y medioambientales. Un evento donde coincidió con personas que tendrían algo que decir en un posible proceso contra Maduro y su Gobierno ante la Corte Penal Internacional.

Lo que sí confirmó Baltasar Garzón es que la petrolera venezolana le llegó como cliente en 2017, a través de un despacho estadounidense con sede en España, y que su relación con la empresa era "cero". Las gestiones realizadas por este medio apuntan a que se trataría del bufete Squire Patton Boggs, con domicilio en Estados Unidos y Madrid, y que representó a una filial de PDVSA hasta que en 2018 comenzó a representar a uno de los 'desertores' exchavistas, Abraham Shiera. Para rizar más el asunto, Shiera es uno de los denunciados por Garzón en España, querella puesta a mediados de 2017.

Andorra, la salida de los exdirectivos de la petrolera

Medios de comunicación venezolanos apuntan lo extraño de que los mismos despachos se pasen la defensa y la acusación según el momento. Señalan al multimillonario empresario venezolano Diego Salazar y a su primo hermano exdirector de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño —que fue embajador de Venezuela ante la ONU—, como las personas que diseñaron "negocio financiero ilegal para el enriquecimiento propio, de familiares y amigos".

Precisamente a Garzón ya se le relacionó con Salazar en 2012, cuando su nombre apareció en grabaciones de la Operación Clotilde, donde se investigaba un posible blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA), por parte de una organización rusa. En esas conversaciones, uno de los empleados andorranos asegura a Salazar, residente en EEUU, que han "contratado a Garzón para atacar".

Cuando esta información salió a la luz, el ex juez negó trabajar para la entidad andorrana. Pero en la conversación mantenida reconoció haber hecho un informe para la Banca Privada de Andorra, en un procedimiento concreto en 2012.

Las relaciones de Garzón con la BPA, desde 2009

Sin embargo, sus relaciones con la BPA habían comenzado al menos en 2009. Ese año, el abogado José María Fuster-Fabra invita a dar una charla sobre blanqueo de capitales a tres personajes relevantes de la Audiencia Nacional: el fiscal jefe, Javier Zaragoza; y sus colegas, el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, y el titular del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón. Los gastos corrían a cargo de Banca Privada, de la que era abogado Fuster-Fabra por su amistad con los propietarios, Higini y Ramón Cierco.

Los cuatro asistentes han confirmado a este medio que la BPA cubrió al menos una noche de hotel y una cena, pero no recuerdan si cobraron por el evento. Al año siguiente también asistió la actual ministra de Justicia y entonces fiscal, Dolores Delgado, entre otros destacados miembros del mundo judicial.

La conferencia versaba sobre la aplicación de la nueva legislación de blanqueo de capitales que se iba a poner en marcha en 2011. Sin embargo, a partir de ese año se sucedieron en España las investigaciones sobre corrupción y crimen organizado que acabaron conduciendo precisamente hasta la BPA: desde la causa Pujol hasta organizaciones mafiosa chinas, como la encabezada por Gao Ping, rusas o las cuentas de los ex funcionarios de la petrolera venezolana. Algunos de los imputados en estos procedimientos pudieron ser utilizados por el Ministerio de Interior para obtener testimonios falsos o pruebas ilícitas en casos como el del ex president de la Generalitat o los informes apócrifos sobre Podemos.

En la causa Tándem se investiga la relación entre algunos miembros de estas organizaciones o de los hermanos Cierco con los servicios de policía paralela que prestaban los comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. Tanto Baltasar Garzón como Gómez Bermúdez son abogados defensores en dicho procedimiento.

Fuente: Público 

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