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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha requerido a la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia. Este es el primer paso para activar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Este requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución”, ha especificado Rajoy.

El presidente del Gobierno ha insistido en que el Gobierno quiere ofrecer “certezas” y “claridad”, a los españoles y a los catalanes. “En la contestación al requerimiento el señor Puigdemont tiene la oportunidad de contestar a tantas llamadas desde tantos ámbitos para recuperar la legalidad", ha dicho Mariano Rajoy en su comparecencia tras el consejo de ministros.

"Si Puigdemont respeta la legalidad se pondría fin a un periodo de ilegalidad e incertidumbre. Es lo que todos esperan para poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña", ha señalado Rajoy. “Es preciso que vuelvan la tranquilidad y el sosiego. Seguiré actuando con prudencia y tranquilidad”, ha concluido.

Rajoy ha estado negociando hasta última hora con el PSOE y Ciudadanos para recabar el "máximo consenso" ante los pasos que se van a dar tras la sesión plenaria que se celebró este martes en el Parlament, en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asumió el "mandato del pueblo" para que Cataluña se convierta en un estado independiente para después proponer suspender los efectos de la declaración de independencia.

Así, el jefe del Ejecutivo se reunió en la noche del martes en el Palacio de la Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y esta mañana ha conversado por teléfono con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que viene reclamando desde hace varias semanas la aplicación del artículo 155 para convocar elecciones en Catalunya.

Ayer, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña pero abogó por suspender durante varias semanas los efectos de esta declaración para lograr una mediación.

Puigdemont prolonga la tensión con una secesión en diferido

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró este martes la independencia de Cataluña pero abogó por suspender durante varias semanas los efectos de esta declaración para lograr una mediación. En una comparecencia estudiada al milímetro para intentar evitar la intervención de la autonomía y contentar al mismo tiempo a las bases independentistas, Puigdemont afirmó: “Asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”. Justo después añadió: “Propongo que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo”. Puigdemont prolongó así la incertidumbre sobre la economía, que ya ha producido una fuga masiva de empresas.

La fórmula elegida por Puigdemont para proclamar la independencia y dejarla después en suspenso estuvo influida por las presiones extremas, tanto del sector más independentista para que no diera ni un paso atrás como del Gobierno, la comunidad internacional y los empresarios para que renunciara a su plan.

Sin embargo, la filigrana dialéctica no impidió que esta vez Puigdemont diera a entender claramente que la independencia había sido declarada y que lo único que pedía dejar en suspenso eran sus efectos. O lo que es lo mismo, la aplicación de la ley de transitoriedad jurídica, que fija la desconexión real de Cataluña del resto de España.

Los diputados de las dos formaciones independentistas que tienen la mayoría absoluta del Parlament, Junts pel Sí y la CUP, firmaron después del pleno un documento que proclama “la república catalana, como Estado independiente”, y pide su reconocimiento internacional. El documento, de altísimo calado político, puede no tener, sin embargo, validez jurídica, ya que ni se votó ni se registró en el Parlament.

El pleno terminó, pues, sin ningún tipo de votación y dejando un ambiente de absoluta incertidumbre por los siguientes pasos que pueden dar tanto los independentistas como el Gobierno.

Pese a que el documento de declaración de la independencia fue firmado por todo el bloque separatista, los anticapitalistas de la CUP se desmarcaron de Puigdemont y hablaron de “oportunidad perdida” por haber dejado en suspenso la declaración de independencia.

Como justificación a su intención de asumir “el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, Puigdemont hizo referencia a “un consenso amplísimo y transversal” que sostenía que el futuro “lo tenían que decidir los catalanes a través de un referéndum”. Y sobre el intento de diálogo con el Estado interpretó que la respuesta ha sido “una negativa radical y absoluta y combinada con la persecución de las instituciones catalanas”. “No somos unos delincuentes ni unos locos ni golpistas ni abducidos”, dijo el president en castellano. “No tenemos nada contra España y los españoles”, añadió para luego recurrir a que la “relación que no funciona” para justificar su decisión. “Nos queremos reentender mejor”, dijo.

Tras declarar la independencia y suspender sus efectos Puigdemont lanzó llamadas a la “responsabilidad” de los actores implicados. Al Gobierno central le pidió que “escuche” a quienes abogan por la mediación y a los “millones de ciudadanos de toda España que piden que renuncie a la represión y a la imposición”.

“Amedrentar”

A los ciudadanos catalanes el president les reclamó que actúen con “respeto” a los que piensan diferente. A las empresas les solicitó que continúen generando riqueza y que “no caigan en la tentación de utilizar su poder para amedrentar a la población”.

Lo dijo después de que las grandes empresas hayan emprendido una huida masiva de Cataluña por la inseguridad jurídica provocada por el proceso independentista. La declaración de ayer de Puigdemont, que no pone fecha para la concreción de los efectos de la independencia, prolongará aun más esta inseguridad.

El discurso de Puigdemont coincidió, de hecho, con una nueva jornada de fuga de compañías de Cataluña. Tras la marcha, en los últimos días, de seis de las siete grandes empresas del Ibex 35 ayer continuó el goteo con el anuncio del traslado de su domicilio social de, entre otras, la aseguradora Catalana Occidente, la editorial Planeta, las filiales españolas de viajes en línea eDreams Odigeo o el grupo químico Indukern. Otras empresas —como Freixenet y Codorniu— esperaban al discurso de Puigdemont para decidir.

Además, CaixaBank y Sabadell dieron un paso más y trasladaron también su sede fiscal a la Comunidad Valenciana tras haber anunciado ya la semana pasada el traslado de su sede social.

El presidente catalán intentó implicar, de nuevo, a la comunidad internacional en el conflicto, algo que el Gobierno español ya ha asegurado que no sucederá. “A la Unión Europea le pido que se implique a fondo y que vele por los valores fundacionales de la Unión”, dijo.

Esta apelación a las instituciones comunitarias llegó, precisamente, solo horas después de que sus máximos responsables rechazaran el plan de Puigdemont de proclamar la independencia. El rechazo más contundente llegó del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien, antes de la sesión plenaria, llamó a respetar el orden constitucional de España. “Hoy le pido a usted que respete el orden constitucional y que no anuncie una decisión que haría ese diálogo imposible”, dijo en un debate en el Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), tras recordar que el 2 de octubre le pidió diálogo al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Justo antes de que comenzara el pleno del Parlament, la portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker desmintió cualquier intento de mediación por su parte. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también quiso mostrar su confianza en que la crisis catalana pueda ser resuelta “pacíficamente”.

La oposición catalana reaccionó con una mezcla de incredulidad e indignación ante las palabras del president. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, dio por hecho que se ha puesto “en riesgo” la autonomía catalana. El PSC, en cambio, se agarró a la poca concreción de Puigdemont para poner en duda que haya dejado nada en suspenso. “No se puede suspender una declaración que no se ha hecho”. Catalunya Sí que es Pot, donde se integra Podemos, interpretó las palabras del presidente como una puerta abierta al diálogo.

El pleno del Parlament se desarrolló con problemas ya antes de comenzar, hasta el punto de que tuvo que retrasarse una hora. Fue el propio Puigdemont quien solicitó este aplazamiento por las discrepancias de última hora surgidas con la CUP. Mientras que Puigdemont y Junts pel Sí querían limitar el pleno a una declaración ambigua y sin concreciones, la CUP exigía una declaración de independencia sin matices. La fórmula elegida finalmente no contentó a amplios sectores de la formación anticapitalista. Fuentes de Junts pel Sí añadieron que, más allá de esta discrepancia, Puigdemont estuvo intentando algún tipo de mediación internacional que no se concretó. También el PP y Ciudadanos intentaron parar el pleno y llegaron a pedir formalmente su suspensión, petición que no fue atendida por la mayoría independentista.

El Ejército se prepara para apoyar a la Policía y la Guardia Civil en Cataluña

“Somos militares y nos gusta hacer planes y prever”, respondió el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre, cuando se le preguntó por los convoyes enviados durante los últimos días a Cataluña. De momento, lo que ha hecho el Ejército es acumular material logístico, “para estar preparado ante cualquier contingencia”, según sus palabras. El objetivo, según fuentes militares, sería apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si el Gobierno da la orden de activar el denominado Plan Cota de Malla.

“El Ejército no intervendrá en Cataluña si no lo ordena el Gobierno. Lo contrario sería un golpe de Estado”, proclama el teniente general retirado Pedro Pitarch. Los generales en activo con los que ha hablado EL PAÍS, bajo compromiso de anonimato, discrepan sobre si el Gobierno debería haber actuado antes contra el órdago separatista, pero todos coinciden en que el Ejército no dará un paso hasta que no se lo ordenen las autoridades legítimas. No podría ser de otra manera. Pero eso no significa que no esté ya elaborando planes y posicionando material por si llega la orden.

La misión que cumplirían las Fuerzas Armadas en Cataluña, según las fuentes consultadas, sería la de apoyar a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en su tarea de garantizar la seguridad. Ya se les está prestando apoyo logístico, en forma de alojamiento en las bases militares de Sant Climent Sescebes (Girona) y El Bruch (Barcelona), pero si fuera necesario se daría un paso más: sustituirlas en la vigilancia de objetivos estratégicos para que los Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran liberar efectivos y dedicarlos a otros cometidos.

Se trataría de que los militares se hicieran cargo de la protección de puertos, aeropuertos, centrales nucleares, depósitos de combustible y otras infraestructuras críticas. Es una misión prevista en la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005, que ya se estaría ejecutando si, tras los atentados del 17 agosto en Barcelona y Cambrils, el Gobierno hubiese elevado a 5 el nivel de la alerta antiterrorista.

Las Fuerzas Armadas cuentan desde hace años con un plan de contingencia, denominado Cota de Malla, por el que los militares asumen la protección de los objetivos que se les asignan. Ese plan se activó en el pasado para la protección de elecciones y conferencias internacionales; y fue especialmente importante tras los atentados del 11-M o con motivo de la boda del entonces Príncipe de Asturias en 2004. Sólo se trata de sacarlo del cajón, actualizarlo y adaptarlo a las circunstancias de Cataluña.

Según estas previsiones, los militares se encargarían preferentemente de tareas de vigilancia estática, evitando el riesgo de que tuvieran que hacer frente a algaradas y tumultos. Y ello porque los miembros de las Fuerzas Armadas carecen de la instrucción y el equipo adecuado para disolver manifestaciones, además de que no tienen, salvo en casos concretos (policías militares y la Unidad Militar de Emergencias), la condición de agentes de la autoridad, necesaria para poder dar órdenes a civiles.

De la ley al plan de contingencia 

Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005. Establece que las Fuerzas Armadas, “junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”. La misma ley incluye entre las operaciones militares “el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo” y la “colaboración con las diferentes Administraciones Públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”.

Cota de Malla. Es el nombre del plan de contingencia por el que las Fuerzas Armadas apoyan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando es necesario, para garantizar la seguridad mediante la protección de objetivos asignados. Se ha aplicado en múltiples ocasiones por la celebración en España de cumbres internacionales o de eventos de proyección internacional. También se aplicaría en el caso de elevarse del actual 4 al 5 el nivel de alerta antiterrorista.

Además de esta tarea, para la que harían falta más de un millar de efectivos, el Ejército podría recibir encargos más complicados, como mantener abiertas las vías de comunicación, mediante la retirada de obstáculos (de barricadas a tractores) con grúas y vehículos de ingenieros. También podría facilitar las comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de las redes militares.

El Ejército dispone en Cataluña de dos batallones, ambos pertenecientes al Regimiento Arapiles: el Extremadura, con base en Sant Climent Sescebes (Girona) y el Barcelona, en el cuartel de El Bruch (Barcelona). Tienen unos 350 efectivos cada uno y están desde principios de año en proceso transformación. El Extremadura, que ya ha recibido sus primeros blindados de cadenas Pizarro, es un batallón Mecanizado; y el Barcelona, motorizado, con vehículos VAMTAC.

Las mismas fuentes subrayan que estos efectivos son insuficientes para apoyar a las Fuerzas de Seguridad del Estado (además de que en dos provincias, Lleida y Tarragona, no hay ninguna guarnición), por lo que deberían ser reforzados con tropas llegadas de fuera de Cataluña.

Eso en el caso de que los militares se limitaran a tareas de vigilancia, pues los planes del Ejército contemplan escenarios mucho más exigentes. “Si se produjera una escalada de violencia que desbordara a las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército tendría que hacer valer su superioridad”, advierte un mando. En el escenario más peligroso, Policía y Guardia Civil no solo tendrían que enfrentarse a disturbios o algaradas, sino a grupos armados.

Los expertos no dan mucha probabilidad a la hipótesis de que todos o parte de los casi 17.000 Mossos d´Esquadra se levantasen contra el Estado, pero no descartan el riesgo de que surjan grupos armados entre los sectores más radicalizados del independentismo. “La maniobra debe montarse de acuerdo a la hipótesis más probable y la seguridad, según la más peligrosa”, recuerda un mando.

Francia: No reconoceremos la independencia de Cataluña

La Cancillería de Francia ha alertado sobre las consecuencias de declaración de independencia en Cataluña, entre ellos una salida de la Unión Europea (UE).

“Si hubiera una declaración de independencia sería unilateral y no sería reconocida”, ha asegurado este lunes la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Nathalie Loiseau, en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa CNews.

La secretaria de Estado gala además ha dicho que Cataluña vive una “crisis” que se puede superar mediante el “diálogo de todas las fuerzas políticas”, al mismo tiempo ha dejado claro que la primera consecuencia de una independencia sería “automáticamente la salida de la Unión Europea”.

Loiseau ha subrayado el apoyo del Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, al Ejecutivo español. “Somos socios y aliados de España. España es una gran democracia”, ha afirmado.

Si hubiera una declaración de independencia sería unilateral y no sería reconocida”, asegura la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Nathalie Loiseau.

En esta misma linea ayer domingo la sede del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas (Bélgica) fue escenario de una manifestación en pro de la unidad en España.

En un debate en el Parlamento Europeo dedicado el miércoles al desafío independentista en Cataluña, el vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, consideró el diálogo dentro de la Constitución como una solución para “salir de un callejón que parece sin salida” en Cataluña.

El domingo 1 de octubre se realizaron las votaciones que, conforme a las autoridades catalanas, el 90 % de 2,2 millones de catalanes (42 % del censo) dijo ‘sí’ a una Cataluña soberana en forma de república. Sin embargo, Madrid tachó de ‘ilegal’ la celebración de una consulta secesionista.

Por el contrario, el presidente catalán, Carles Puigdemont, insiste en que declarará la independencia de Cataluña, según la ley del referéndum, le guste o no al Gobierno de España.

“La DUI es una imposición antidemocrática”: el manifiesto de la izquierda catalana

La izquierda catalana cree que una declaración unilateral de independencia (DUI) es una “imposición antidemocrática”. Éste es el título de un manifiesto que firman organizaciones, personalidades y activistas políticos, sindicales y sociales de la izquierda en Cataluña, que exigen elecciones autonómicas en un tiempo prudencial.

Cargan contra la posibilidad de una DUI, que se baraja desde el 1-O y ha dividido a los miembros de PDeCAT. Los firmantes sostienen que más del 60% de los catalanes rechazan esta vía. Aseguran que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende imponerla “haciendo caso omiso a la voluntad mayoritaria de los catalanes" y que esto “profundiza la división y el enfrentamiento ya existente en Cataluña”.

Críticas a las fuerzas de seguridad

El documento carga también contra la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1-O, que describen como “represión”. Las críticas también se dirigen contra Mariano Rajoy y su Gobierno, que “ha causado sufrimiento a nuestros ciudadanos y sólo ha logrado enconar el ánimo”.

Los firmantes llaman al diálogo y al entendimiento, que consideran las únicas formas de solucionar el conflicto. Aun dando por buenos los “dudosos” resultados oficiales del referéndum, afirman, la DUI es una “imposición antidemocrática”.

Los firmantes

Entre las personalidades que respaldan este manifiesto se encuentran los escritores Javier Marías, Juan Marsé, Juan José Millás, Rosa Montero, Inka Martín e Ignacio Martínez Pizón. El diseñador Javier Mariscal, el dibujante Nazario y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo son otros de los firmantes.

De la escena política y social, figuran Alfredo Clemente (exsecretario general de CCOO de Barcelona y del PSUCviu), Dolors Terradas (antigua diputada de En Comú Podem), Nuria Suárez (coportavoz de Recortes Cero) y Manuel Cruz (diputado del PSC en el Congreso), entre otros.

Análisis: Un antes y un después

Francesc de Carreras

Al final de la manifestación de este domingo en Barcelona, que superó las previsiones de los más optimistas, una pregunta rondaba en todas las conversaciones: ¿esta masiva asistencia significa un antes y un después en la política catalana?

En los próximos días, semanas o meses, se podrá contestar con fundamento a esa pregunta. En todo caso, los catalanes callados han hablado, ya no podrá la prensa extranjera —o nuestros nacionalistas locales— hablar de “los catalanes” como un bloque unitario frente a España. Cataluña es plural, hay muchas Cataluñas, como sucede también en España, o en Francia, Italia, Alemania y la mayoría de los demás países europeos. No somos distintos de ellos. Los conflictos, normales en toda sociedad, no son entre países, o entre naciones, sino entre ciudadanos. El Estado de derecho, a través de la democracia, es el cauce normal para resolverlos.

El éxito de asistencia en la manifestación no se puede explicar sin lo sucedido en semanas anteriores, desde finales de agosto. Se dice desde hace tiempo que el llamado procés está generando un hartazgo en buena parte de la población catalana y en la mayoría de la española. Es cierto. Pero al hartazgo se le ha sumado en los últimos tiempos la indignación, indignación ante las mentiras del independentismo, el abierto desafío al Estado de derecho y, finalmente, en los últimos días ha sido bien visible, el peligroso precipicio al que nos estamos acercando con temeridad.

El decálogo de mentiras del independentismo fue objeto de un extraordinario reportaje en EL PAÍS, hace un par de semanas, escrito por José Ignacio Torreblanca y Xavier Vidal-Folch. Desde hace años se repiten estas mentiras, día sí y día también, por políticos y periodistas nacionalistas. Ya puedes rebatirlas con datos y argumentos que, imperturbables, las siguen manteniendo. Cuando estos días recibía visitas o llamadas telefónicas de periodistas extranjeros para que les informara de lo que sucede en Cataluña, les remitía inmediatamente a este reportaje: sintéticamente allí está todo. Léanlo si no lo hicieron en su momento.

El desafío al Estado de derecho, mejor dicho la vulneración sin complejos de la Constitución, el propio Estatuto de autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, viene de años, comenzó con la campaña de descrédito al Tribunal Constitucional tras la sentencia del vigente Estatuto. Entonces se contrapuso la democracia al derecho, algo tan peligroso que ha dado lugar a las más conocidas dictaduras europeas del siglo XX y que genéricamente ha sido llamado fascismo.

El ‘procés’ está generando hartazgo e indignación en buena parte de catalanes y del resto de españoles

Pero en septiembre pasado, durante los días 6 y 7, el Parlamento de Cataluña fue el escenario de la bochornosa aprobación, sin debate alguno, de dos leyes que prescindían sin tapujos del marco legal vigente. Dos leyes que prepararon el simulacro de referéndum del pasado día 1 de octubre y sus consecuencias, precedido todo ello por la deslealtad del jefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, que incumplió un mandato judicial y dio lugar a una campaña de desinformación cuidadosamente preparada por el Govern de Carles Puigdemont, las redes sociales controladas por las entidades independentistas y los medios de comunicación públicos de la Generalitat o los privados alimentados con sus generosas subvenciones. Las mentiras han sido demasiadas y al final muchos catalanes han decidido salir a la calle porque ya era hora de denunciarlas.

Pero también contribuyeron a esta salida masiva a las calles de Barcelona otros dos hechos sucedidos la semana pasada que marcaron un importante punto de inflexión.

En primer lugar, el discurso real. Con rostro grave y severo, en poco más de seis minutos, el rey Felipe VI fue contundente. Dijo primero que, antes de nada, y previamente a todo, era imprescindible el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña. Con ello constataba que ese orden constitucional había sido gravemente conculcado. En segundo lugar, el Rey no hizo ninguna referencia al diálogo ni a la negociación, tan común a todos sus discursos sobre Cataluña. Significado general de sus palabras: sin el respeto a la autoridad del Estado no es legítimo plantear demanda alguna. Como colofón, comunicaba solemnemente a los españoles que mantuvieran la confianza en la Constitución, las leyes y la democracia, en definitiva, a nuestro Estado de derecho.

Al día siguiente, Puigdemont expresó su disconformidad con el Rey, de quien dijo que había renunciado a su papel constitucional de mediador. Sin duda, el discurso del Rey había surtido efecto y el vértigo ante su incierto futuro empezaba a aflorar en las filas independentistas. ¿Cuál debía ser el paso siguiente? ¿La declaración unilateral de independencia, la famosa DUI? Y después de la declaración, un acto de pura retórica, ¿se habrían constituido en el tan anhelado Estado propio? Tras la euforia de la jornada del domingo, empezó el miedo y la decepción.

¿Mediadores entre quienes? ¿Cuáles son las partes? Esto no es Oriente Próximo ni Colombia

El aldabonazo final sobrevino el jueves. El Banco Sabadell anunciaba el traslado de su sede corporativa a Alicante. Le siguieron, entre otras empresas, CaixaBank y Gas Natural, y amenazan con seguir el ejemplo Freixenet, Codorniu y Planeta. Huida masiva contra el pronóstico de ilustres economistas, ahora sumidos en el ridículo. A los empresarios les asusta la independencia, a los trabajadores también. Esto fue definitivo para que todos salieran a la calle: contra las mentiras y engaños, contra los que subvierten la democracia y el derecho, contra los que quieren separarnos de España y de Europa.

En este punto, empezaron a surgir como setas, tristes y ridículos, los mediadores. ¿Mediadores entre quiénes? ¿Cuáles son las partes? No estamos en Colombia, ni en Oriente Próximo. Aquí el problema es de lealtad a las leyes por parte de la Generalitat y no de conflicto de intereses entre Cataluña y España. La prueba está en que grandes y medianas empresas huyen de Cataluña porque sus intereses no los defiende la Generalitat sino un Estado que permanece y seguirá permaneciendo en la Unión Europea. Mediar hoy sería salvar a los culpables de haber llevado a Cataluña a una tristísima situación por haber estimulado las bajas pasiones y olvidar la razón.

Los hasta ahora callados han hablado, saliendo a la calle, tras tantas provocaciones, ante el riesgo cierto de empobrecerse, ante la descarada vulneración de las leyes que ponen en peligro su seguridad. En fin, ante tantas mentiras. ¿Ello significa que las causas de la afluencia a la manifestación significan un antes y un después en Cataluña? Esperemos que así sea. Después de tanta irresponsabilidad, de actuar con tan poco fundamento, a los independentistas, como es lógico, empiezan a temblarles las piernas.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.

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