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Para algunos tarde. Para otros a tiempo. La intervención de esta semana de Isidro Fainé, el verdadero poder en la sombra de Cataluña, ha sido clave para desarbolar desde el punto de visto económico el proceso independentista promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El presidente de Criteria CaixaCorp, el 'holding' de La Caixa y máximo accionista de bancos y empresas como CaixaBank y Gas Natural, se ha reunido en los últimos ocho días con varios presidentes y expresidentes del Gobierno, con el Rey y con Oriol Junqueras antes de asestar un golpe vital al 'procés' al trasladar la sede social de sus principales emblemas empresariales fuera de Barcelona.

A Fainé le habían pedido en numerosas ocasiones un gesto público para detener el tren del soberanismo. Mientras presidentes de asociaciones de pequeños empresarios de Cataluña, como Josep Bou o José Bonet, máximo accionista de Freixenet, daban la cara pública advirtiendo de los riesgos de la deriva independentista, el directivo al que tanto en Madrid como en Barcelona se le otorga un poder por encima de su función ejecutiva guardaba silencio a la espera de los acontecimientos.

Consciente de la inquietud social en Cataluña, del desapego de una parte de la ciudadanía, Fainé solo se ha movido en la sombra, con su habitual sigilo, tratando de acercar posturas, sin mostrar la suya propia ante el riesgo a ser identificado en favor de una u otra causa. Una neutralidad mal vista tanto desde Barcelona, sabedores de que necesitaban su respaldo para bendecir la independencia y financiar su transacción, como desde Madrid, donde se le observa con ojos distintos a los de los años precedentes a la crisis económica.

Su equipo se defendía explicando que el enfrentamiento entre la Generalitat y la Moncloa era un “problema político” sobre el que los empresarios no debían pronunciarse. Argumento que, obviamente, tenía sus deficiencias teniendo en cuenta que los negocios de La Caixa requieren de aprobaciones ministeriales y que la propia entidad y sus participadas habían dado cobijo a políticos de altura como Felipe González –consejero de Gas Natural– y Rodrigo Rato –Servihabitat–, y que sigue teniendo en nómina de la Fundación a la infanta Cristina. Las llamadas puertas giratorias.

Sin embargo, dada la gravedad de la situación tras el 1-O, Fainé decidió tomar partido, pese a discrepar de la inacción política. Y lo hizo para apoyar al Gobierno de Madrid por varios motivos. El primero, que La Caixa no podía refrendar un movimiento político ilegal. El segundo, porque la soflama independentista de los últimos días empezó a golpear el valor de las acciones del banco, una espiral que tenía que detener a toda costa. El tercero, porque, en una Cataluña independiente, el grupo no tendría acceso a la liquidez del Banco Central Europeo (BCE), el banco de sangre del que viven todas las entidades. Y el cuarto y último, porque la entidad, presente en toda España tras las adquisiciones de CajaSol, Banca Cívica y Banco de Valencia, con la mayor red de oficinas del sistema financiero, empezaba a sufrir el mismo boicot que el sufrido en septiembre de 2015.

Ese año, en plena campaña electoral por la Generalitat, infinidad de clientes retiraron sus ahorros de CaixaBank por no pronunciarse en contra de las proclamas soberanistas de Artur Mas. Como ahora, mantuvo silencio hasta que, nueve días antes de los comicios, emitió un comunicado en el que mostró su oposición a la ruptura de España. Entonces, desde Madrid se le acusó de esconderse y de llegar tarde tras ver como Mas y Raül Romeva, líderes de Junts pel Si, ganaban las elecciones y gobernaban con el apoyo necesario de la CUP.

Ahora, Fainé fue llamado a consulta por el Rey y por el Gobierno de Mariano Rajoy. Según distintas fuentes, desde ambos estamentos querían conocer su opinión sobre los acontecimientos, amén de pedirle su colaboración. Y no han sido los únicos. El alma mater de La Caixa también ha mantenido encuentros con José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estado informado por cortesía de la Moncloa en todo momento de las decisiones que se estaban adoptando dada la extrema gravedad de la situación.

Del otro lado, el presidente de La Caixa se ha sentado en los últimos días con Oriol Junqueras, al que le explicó que, en caso de Declaración Unilateral de Independencia, no tendría más remedio que trasladar sus sedes fuera de Cataluña. El vicepresidente y consejero económico de la Generalitat le advirtió que sus feligreses retirarían las cuentas de CaixaBank, por lo que, se inclinara por una u otra decisión, sufriría un daño en sus oficinas. Pero ante ambas opciones, la de estar dentro de la ley era una condición 'sine qua non' para el septuagenario banquero, un hombre de creencias religiosas que vio con preocupación cómo una parte de la Iglesia catalana se ponía del lado soberanista.

Pero con su habitual estrategia, Fainé condicionó su apoyo al Ejecutivo de Rajoy a que desarrollase a la carrera un real decreto que permitiese a sus empresas mudarse tantas veces como considerarse conveniente sin necesidad de someter una decisión de tal calibre ante una junta de accionistas. Luis de Guindos, al frente de estas conversaciones, accedió a tramitar un traje a medida para CaixaBank, que sin este recurso legal de última hora hubiera tenido que convocar una junta extraordinaria o esperar más de seis meses a la reunión ordinaria de 2018.

Fainé quiso hacer pública esta decisión el pasado martes, cuando sabía que ya iba a aparecer el Rey con su discurso ante la nación y tras ver cómo empleados del banco participaron en lo que fue llamado “paro de país” cortando la avenida de la Diagonal. Una imagen viral que supuso un serio revés para la red. Pero se encontró con reticencias dentro del consejo de CaixaBank, cuyo presidente, Jordi Gual, es asesor de cabecera de Artur Mas. El actual presidente del banco prefirió hacer un comunicado interno con una primera advertencia de que la entidad tomaría las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de sus clientes. En la Moncloa se podía interpretar como un gesto insuficiente.

El presidente de Criteria coordinó su decisión con José Oliú, su homólogo del Banco Sabadell, que el mismo jueves aprobó la mudanza, como al mismo tiempo hicieron Oryzon, Eurona, Dogi y Service Point, empresas de mediano tamaño. Los consejos se convocaron con apenas 24 horas de antelación tras negar el martes que fueran a celebrarse. Fainé derribó las últimas resistencias internas de algunos consejeros, como Xavier Vives, también próximo a Mas, que le aconsejaban esperar a la próxima semana. Su lealtad al Estado se tradujo en los traslados a Valencia y Madrid de las sedes del banco –hoy sábado hay un nuevo consejo para ratificar el cambio de domicilio– de la gasista dejando la puerta abierta a volver gracias al real decreto si las partes retornan al diálogo.

Tomada la decisión, el resto de cotizadas del Ibex sobre las que Caixa (Criteria) mantiene ascendente han seguido los mismos pasos. La eléctrica Gas Natural Fenosa comunicó el viernes por la tarde su decisión de trasladarse a Madrid ante la deriva de la actual coyuntura política. Y no será la última. La próxima semana, ante la amenaza de una Declaración Unilateral de Independencia, tanto el gigante de infraestructuras Abertis como su participada Cellnex tienen previsto seguir sus pasos. El veterano Fainé ha tardado en tomar partido, pero a su señal todos han formado fila, aunque haya sido sobre la bocina.

Carles Puigdemont pisa el freno ante el cisma separatista

El referéndum ilegal tiene ya resultados oficiales. Más de 2,2 millones de votos, dice la Generalitat. De acuerdo con la ley transitoriedad, dentro de 48 horas debería proclamarse la independencia. No va a ser así. Los tiempos de Puigdemont se han ralentizado. Primero iba a ser el miércoles pasado. Luego se pasó al viernes. Se anunció a continuación de este próximo lunes. Finalmente se desconoce la fecha. Este martes comparece el 'president' ante la Cámara. Se desconoce el contenido de su discurso e incluso de la sesión. No está anunciado que se vote la DUI.

Pero todo es posible. Depende del nivel de presión. Incluso se habla de una fórmula ambigua. Algún diputado 'pedecato' podría abstenerse. O no votar, como Santi Vila, cabeza de la disidencia, 'rata traidora' para alguno de sus compañeros. O algún otro. La propuesta saldría adelante sin ostensibles facturas en el equipo de Gobierno.

El movimiento de piezas en el frente empresarial ha sido un golpe decisivo a las pretensiones secesionistas. Emergen las disputas en la Generalitat y en los partidos que la soportan. Santi Vila, conseller de Empresas, abrió la puerta a las dudas. "Hay que detenerse y razonar" y buscar otro camino. Artur Mas también echa el freno: "Cataluña no está preparada para la independencia real". En el equipo de Gobierno de Puigdemont aumenta el desconcierto y el temor. "Esto ha ideo demasiado lejos", mencionan en privado. Y no hay plan B, salvo las elecciones, que casi nadie quiere.

ERC se ha echado al monte. Quieren la declaración ya o, en su defecto, que Rajoy se humille y se siente en la mesa para negociar sobre el proceso de 'desconexión. Esto es, plazos y fórmulas. La CUP, ante los titubeos del Govern, aprieta el acelerador y exige una DUI para la semana próxima. En el frente callejero, Òmnium y ANC, cuyos líderes, 'los dos Jordis', declararon este viernes ante la Audiencia Nacional, preparan la mayor movilización 'que recuerdan los tiempos' para el lunes. Un 'in crescendo' de días. En paralelo, se engrasa la huelga general pro su el gobierno central recurre al 155.

Fuga de empresas

La súbita fuga de empresas ha puesto a Puigdemont contra la pared. Su partido está hecho trizas. El sector convergente quiere echar el freno. Los radicales, como Jordi Turull, portavoz, se resisten. "Hay dirigentes que no se hablan entre ellos, diputados que se pelean, esto está al borde del cisma", comenta un dirigente del sector renovador. "Este partido estaba menguante, ahora está a punto de saltar hecho pedazos".

ERC, el socio de Puigdemont en el Gobierno catalán, no tiene dudas. Quiere la independencia ya. O, en su caso, que Rajoy se humille y se siente en la mesa para negociar la secesión. "O sea, una rendición". Oriol Junqueras no habla. La estampida empresarial, Gas Natural, Sabadell, Dogi, Freixenet, Naturhaouse..., ha provocado un cimbronazo de dimensiones cataclísmicas en el vértice del 'proceso'.

Puigdemont comparecerá el martes ante la Cámara catalana para hablar sobre 'la situación política'. Un eufemismo para burlar al TC. Nada se sabe sobre el contenido de su discurso. Este fin de semana se reunirá con los líderes de las familias secesionistas para orientar su discurso. Una vez publicados los resultados del referéndum, lo que hizo la Generalitat en la tarde del viernes, la ley de ruptura señala dos días de plazo para proclamar la independencia.

El presidente catalán parece que optará por ganar tiempo. Dar largas al compromiso de la DUI y anunciar la puesta en marcha del proceso constituyente. Seis meses de debates, elaboración de documentos, trámites parlamentarios y, finalmente, elecciones de las que saldrá el Parlamento que aprobará definitivamente un texto constitucional que debería ser sometido a nuevo referéndum. "Le muerden los tobillos, tanto la CUP como sus escuadras de la ANC. Están movilizados y muy calientes tras los episodios del 1-O. Es complicado ahora bajar el ritmo", señalan estas fuentes.

La 'hoja de ruta', dicen en la Generalitat, sigue inalterable. Otra cuestión es que haya matices, que se modulen los tiempos. "Puigdemont no quiere bajarse del tigre, pero quiere que el tigre no se acelere", añaden.

La presión económica desata los nervios en el bloque soberanista

Del tenim pressa (tenemos prisa) con el que los partidos independentistas habían jaleado su causa en los últimos años se pasó ayer a una apuesta clara por la desaceleración. No un frenazo en seco —todos insisten en que quieren aplicar los resultados del referéndum ilegal del pasado domingo—, sino una bajada de revoluciones para reorganizar filas y encajar situaciones como la huida de empresas. A los dos grandes bancos catalanes se sumó ayer, entre otras, Gas Natural. La Generalitat intenta ahora tranquilizar a los empresarios mientras crecen las voces que descartan declarar la independencia “en días”.

Desde el lunes, en el seno del Ejecutivo catalán y del PDeCAT se vive un debate intenso sobre cómo y cuándo declarar la independencia, apoyándose en la ley del referéndum aprobada por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament (y suspendida por el Tribunal Constitucional). El consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, decidió romper el silencio de los miembros del Govern y ayer pidió, en una entrevista en RAC-1, “reflexionar y tener bien claro si las prisas pueden estropear el sueño”. Hay un riesgo, señaló: “Estropear un proyecto que nunca habíamos tenido tan cerca”.

“Más allá de las inevitables y lamentables turbulencias que genera este conflicto político, no hay ningún indicador que nos diga que alteraremos la seguridad jurídica en un entorno de confianza para que se puedan llevar a cabo las actividades económicas con garantías y seguridad”, insistió Vila, referente de los antiguos sectores moderados del PDeCAT.

Pero el consejero no es el único que intenta calmar los ánimos sobre las implicaciones de una declaración de independencia inmediata. “No es cómo se proclama la independencia, sino cómo se hace efectiva. Al final la declaración de independencia es un acto político, formal y simbólico”, explicó ayer el expresident Artur Mas en una entrevista al Financial Times.

La creación de las llamadas estructuras de Estado por parte del Parlament, un elemento clave para ejercer la soberanía, está muy lejos de ser una realidad. La Agencia de Protección Social, por ejemplo, está viva solo en el papel y recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). La Hacienda catalana, por su parte, tiene un gran sistema informático, pero no el personal para atender la recaudación de todos los impuestos.

Desde el PDeCAT, un partido que siempre ha enarbolado la bandera del business friendly, ayer miraban con un ojo al Palau de la Generalitat y con otro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tras el cambio de sede del Banco Sabadell y de Caixabank, la lista creció ayer con Gas Natural. Cataluña se queda con solo tres empresas en el Ibex35: Abertis, Colonial y Cellnex.

La preocupación es tanta que la Generalitat puso en marcha una comisión de seguimiento para atender las dudas de empresarios sobre la situación política y los posibles boicoteos a productos catalanes. La industria del cava aún lo recuerda. En los últimos diez años, el consumo de cava en España ha caído casi un 12%

Las agencias de riesgo también han enviado mensajes negativos. Fitch abrió la puerta a revisar a la baja la solvencia crediticia de la Generalitat por las últimas tensiones políticas con el Gobierno. Moody's apuntó a la dificultad que tendría una hipotética república catalana para acceder a la financiación exterior.

Figuras tan influyentes sobre el soberanismo como el economista Xavier Sala-i-Martin, con un programa en TV-3, quitaron hierro a la decisión de varias empresas de irse de Cataluña, en la misma línea que ya lo había hecho el vicepresidnete Oriol Junqueras. “El cambio de sede social del Banco Sabadell o Caixabank casi no tiene efectos económicos. Los puestos de trabajo en Cataluña serán los mismos, el IVA y el IRPF también. Lo único que cambia es el impuesto de sociedades, que es una parte muy pequeña”, explicó.

La llamada a la desaceleración en los planes soberanistas, especialmente la de Vila, no ha sentado bien entre los defensores de acelerar la declaración de independencia. Hace casi tres meses se produjo la crisis dentro del Ejecutivo catalán en la que salieron los consejeros que mostraron sus dudas sobre la ruta a seguir.

Con todo, el Govern sigue firme en su idea de aplicar “los resultados del referéndum”, la nueva fórmula con la que evitan mencionar la expresión declaración unilateral de independencia. Para dejar su compromiso patente, el Ejecutivo catalán ha lanzado dos mensajes desde el jueves. El primero, la petición de comparecencia en el Parlament para explicar la situación política, en un intento de buscar una alternativa a la suspensión del Constitucional del pleno del lunes, a instancias del PSC. La Mesa de la Cámara fijó la sesión para el martes por la tarde.

Puigdemont gana más de tiempo y con un fin de semana de por medio. A eso suma la publicación, ayer, de los resultados finales del referéndum, seis días después de la realización de la votación y del operativo policial que terminó en varias cargas y alteró la votación en 400 colegios. La comunicación de los resultados al Parlament activa la cuenta atrás de 48 horas que fija la ley del reférendum para hacer el pleno de declaración de independencia. Una vez más los partidos independentistas incumplen su propia norma.

Fuga de empresas: Gas Natural aprueba su salida de Cataluña

El consejo de administración de Gas Natural Fenosa, reunido de forma extraordinaria a primera hora de esta tarde, ha acordado mover su sede social de Barcelona a Madrid.

La energética secunda así los movimientos de entidades financieras y empresas radicadas en Barcelona que han decidido trasladar sus sedes fuera de Cataluña ante la incertidumbre generada por el referéndum ilegal del pasado domingo y la posibilidad de que la próxima semana se produzca una declaración unilateral de independencia.

En el caso de Gas Natural Fenosa da un paso más al ubicar su sede en la capital de España. Antes de su fusión con Gas Natural, Unión Fenosa tenía sede en Madrid. Esa es la razón por la que el consejo de administración de la compañía se ha decantado por esta ciudad, donde dispone de dos grandes complejos, uno en la Avenida de San Luis -antigua sede de Fenosa- y otro en la Avenida de América, donde Gas Natural tenía sus oficinas.

La compañía presidida por Isidro Fainé tiene actualmente su sede social en la ciudad de Barcelona, en la Plaza del Gas, 1, donde cuenta con sus oficinas centrales.

Decreto del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, con el que se establece un nuevo marco para agilizar el cambio de sedes sociales de las empresas en territorio nacional. Con esta medida se facilita el cambio de sedes empresariales ante el desafío independentista en Cataluña.

Banco Sabadell acordó ayer el traslado de su sede social a Alicante y CaixaBank tratará también este viernes en un consejo extraordinario su posible cambio.

Han sido numerosas ya las empresas, como Dogi, Naturhouse, Eurona, Oryzon, Proclinic o Freixenet, que ante la situación en Cataluña han optado o han mostrado su intención de cambiar su sede social.

Gas Natural Fenosa surgió en 1843, bajo el nombre de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG), y fue la compañía encargada de llevar la luz a las calles y espacios públicos de Barcelona, ofreciendo así el primer servicio público implantado en la Ciudad Condal.

La multinacional, pionera en la integración del gas y la electricidad, tiene presencia en más de 30 países y cuenta con casi 22 millones de clientes.

La energética tiene como principal accionista a CaixaBank, que cuenta con una participación del 24,4%, mientras que Repsol y el fondo GIP cuentan con un 20% cada uno.

Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 550 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un descenso del 14,7% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

La tensión en Cataluña desata una oleada de cancelaciones en hoteles y apartamentos

La huída del turismo que no lograron los atentados yihadistas del pasado 17 de agosto, podría estar a punto de producirse en Cataluña. Será difícil que la región salga indemne en lo que a cuotas turísticas se refiere de la situación generada en torno la posible declaración unilateral de independencia del gobierno de Carles Puigdemont.

Después de que las autoridades catalanas comprometieran a establecimientos del Maresme en el desalojo de policías nacionales allí hospedados tras presuntas coacciones de cierre de sus negocios, hoteles y apartamentos están sufriendo ya las consecuencias.

La región, pero especialmente la capital, está registrando una estampida de turistas, que siempre huyen de cualquier zona envuelta en tensiones geopolíticas."Para las próximas semanas se percibe una ralentización de la entrada de reservas", ha explicado a este diario el Gremio de Hoteleros Catalanes, asociado a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Confirman así que dejan de llegar peticiones de alojamiento, aunque por el momento, dicen, la tónica de los últimos días de septiembre y lo que va de octubre es la de años anteriores.

Pero las cancelaciones de reservas se están sucediendo en la que, al menos hasta el momento, es una de las comunidades autónomas preferidas por los turistas extranjeros que vienen a España. El referéndum del pasado domingo desató casi de forma automática la mayoría de ellas.

El bajón sobrevenido por las cancelaciones lo están notando también los empresarios de los apartamentos turísticos, un segmento que en los últimos años ha experimentado el mayor crecimiento dentro del sector. "Las reservas han bajado, y mucho", reconoce el presidente de la Federación de Apartamentos Turísticos de Cataluña (Federatur), Lluís Torrent. Foco de las tensiones, Barcelona se está llevando la peor parte. "Es donde más está afectando; porque la gente está intranquila".

En cuanto a la costa catalana, explica el empresario, "no se está notando tanto porque pasado ya el verano las llegadas se centran más en las ciudades". Sin embargo, de entrada algunos hoteles del litoral ya vislumbran una variación negativa de su previsión de ocupación, sobrevenida por las plazas que los jubilados que viajan con el Imserso han decidido libres en Cataluña para esta temporada. Y es que el turismo nacional de la tercera edad, tras la convocatoria del referéndum, ha optado por dejar vacantes casi todas las habitaciones que hasta abril oferta el programa estatal en localidades catalanas.

Por otra parte, en un sector en el que España se ha puesto el objetivo de la calidad por bandera, el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) ha remarcado este viernes que "Cataluña, y especialmente su capital, ha posicionado su marca en el mundo como un territorio enmarcado en España". El organismo recuerda en un comunicado que la imagen que la Ciudad Condal tiene en el extranjero se proyectó especialmente tras los Juegos Olímpicos de 1992, cuyos eventos fueron posibles "gracias al respaldo presupuestario y social del estado español y de todos sus territorios". Asume además, que en lo que a este sector se refiere, "sería muy difícil explicar la historia turística de España sin Cataluña y la de Cataluña sin España".

No sólo los viajeros de ocio nacionales e internacionales se están retrayendo. El turismo de negocios, un importante filón de ingresos para la Ciudad Condal, tampoco podrá quedar al margen. España es el tercer país del mundo en número de tipo encuentros de negocios a nivel mundial. Y Barcelona con congresos tecnológicos como el Mobile World Congress y otros del sector farmacéutico, la automoción o el gran consumo, su principal baluarte. La organización de este tipo de eventos podría peligrar en esa comunidad.

"Un entorno incierto es el peor escenario para desarrollar cualquier actividad económica y en la medida en que esta incertidumbre perdure en el tiempo, el impacto será mayor", explican desde la Federación Española de Asociaciones de Empresas de Organización Profesional de Congresos (OPC). De hecho, la Mesa del Turismo ya ha avisado de que las repercusiones pueden ser "gravísimas" para la actividad en toda España.

A día de hoy la Institución Ferial de Madrid, Ifema, confirma que ningún expositor ni empresa catalana ha decidido cancelar su presencia en congresos previstos en Madrid ni tampoco ha registrado ninguna petición de traslado de eventos derivada de Barcelona. Sin embargo, la posición de relevancia de España en este tipo de congresos podría disminuir a raiz de una declaración de independencia y lastrar los significativos ingresos que tanto a Cataluña como al resto de España reporta este segmento del turismo corporativo. No hay que olvidar que Fira Internacional de Barcelona -cuya trayectoria comenzó en 1932, es una entida pública que cuenta con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en sus órganos de gobierno.

En cuanto a las compañías aéreas, en líneas generales no quieren "especular" sobre un futuro incierto en Cataluña, como manifestó el pasado jueves la alemana Lufthansa. Se centran en el optimismo y no se muestran excesivamente preocupadas, gracias en parte a la movilidad sin complicaciones de sus activos, los aviones.

No obstante Vueling sí tiene su sede social en Barcelona, y lo que es más importante, su hub o centro de conexiones entorno al que crece la aerolínea. Hace aproximadamente año y medio abrió una sucursal en Canarias. Entones tuvo que tranquilizar a los sindicatos sobre las posibles especulaciones de que abriese fuera por motivos políticos o tributarios. Y negó que pensara irse de la la Ciudad Condal. Hoy, con una declaración de independencia a las puertas, la aerolínea del grupo IAG no se ha manifestado todavía oficialmente.

Los resultados definitivos del “referéndum” no cuadran con los provisionales

Los datos del recuento definitivo del referéndum no cuadran con los avanzados por el Govern con el 95% escrutado. En el escrutinio del último 5%, el número de votos solo ha aumentado un 1%, y el número absoluto de síes ha aumentado más de lo que ha aumentado el número total de votos. En cuanto a los votos en blanco, el recuento, con el 100% escrutado es menor que la cifra que se dio con 95%. Asimismo, el número de votos nulos también se ha reducido: con el 95% escrutado había más de los que hay con el escrutinio total. No cuadra cómo al escrutar más votos puede haber significativamente menos en cualquier categoría.

Según la Generalitat, el número de votos totales ha aumentado de 2.262.424 (con el 95% escrutado) a 2.286.217 votos (recuento definitivo). Eso son 23.793 votos más. Sin embargo, el número de síes ha aumentado en 23.894 votos. La Generalitat no publicó los datos provisionales con el desglose suficiente para hacer un análisis detallado, pero los datos por veguerías muestran que, por ejemplo, en Barcelona el sí ha logrado el 103% de los votos adicionales computados y ni siquiera una hipotética reclasificación de votos nulos justificaría la evolución de las cifras.

Fuentes del Govern achacan el baile de cifras en el recuento final a la confusión en algunas mesas de Mataró. Además, en la nota de los resultados, la Generalitat advierte que "algunos municipios presentan más votantes que personas en el censo, debido a que la configuración del censo universal y la movilización de votantes de otros colegios electorales cerrados a otros puntos de votación".

Sí para el 38% del censo

El 90,18% de los catalanes que participaron en el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, dijeron sí a la independencia de Cataluña, según los resultados definitivos que la Generalitat ha dado a conocer este viernes, y que no han sido validados por ninguna autoridad electoral ni fruto de un escrutinio con garantías. Esto es, en todo caso, 2.044.038 votantes, el 38% de un censo total de 5.313.564, en una consulta donde según la propia Generalitat solo participaron el 43% de los ciudadanos con derecho a voto. El 7,83% de los votantes rechazaron la separación de Cataluña de España, mientras que el 4% de votos fueron blancos y la mitad, un 2%, nulos.

Han pasado cinco días desde que el domingo por la noche, el portavoz del Govern, Jordi Turull, diera las primeras cifras del referéndum. Entonces, Turull aseguró que habían votado 23.793 personas menos, una cifra, sin embargo, que apenas ha alterado el resultado final, cuyo recuento, apunta la Generalitat, se ha hecho "basado en papeletas verificadas y no secuestradas".

En Barcelona, del total de personas que acudieron durante el domingo a los centros de votación, el 87% lo hizo por la secesión y el 8,7% la rechazó.  En la capital catalana 13.485 de los votos fueron en blanco, mientras que el 5.151 fueron nulos. Con el 95% escrutado, las cifras de blancos y nulos eran mayores.

El 82% de los vecinos de L´Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad en Cataluña, apoyó la independencia, el mismo porcentaje favorable a la separación que recibió Badalona, el tercer municipio catalán por número de población. En Sabadell los votos por la independencia (86%) también fueron mayoritarios y en Terrassa el 'sí' ganó con el 87%.

En la pequeña localidad de Cornellà de Terri (Girona) solo se contaron 17 papeletas del 'no'. En este municipio de 2.200 habitantes votó el president Carles Puigdemont, al no poder hacerlo en su centro de votación habitual en Sant Juliá de Ramís, bloqueado por la Guardia Civil, tras la irrupción, por la fuerza, del Instituto Armado.

Como el president, miles de ciudadanos tuvieron que votar en otro pueblo diferente al suyo. En una comarca de Girona, por ejemplo, esta circunstancia se repitió hasta en seis pequeños municipios. Destaca el caso de Sant Andreu Salou, un pueblo con 155 habitantes, donde el número de votos (422) fue cuatro veces mayor al número de personas que pueden votar (125).

Por provincias, Girona y Lleida fueron los territorios que registraron una mayor participación en el referéndum con un 53%, mientras que en Barcelona y Tarragona participaron el 41% de los ciudadanos con derecho a voto.

Análisis: Una Cataluña inviable

Pocas frases son tan desafortunadas y erróneas como la que pronunció el jueves el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras: “No habrá una huida de empresas”. Y pocas frases reflejan mejor que esa el autoengaño del Govern y el engaño que ha transmitido a los que han creído en sus promesas sobre la viabilidad económica de la independencia.

Desde el momento en que fue pronunciada la frase de Junqueras se han ido de Cataluña sus dos bancos principales (CaixaBank y Sabadell), Gas Natural, Service Point y Dogi. Freixenet y Catalana Occidente se lo piensan, a la vista de la feroz inestabilidad política en Cataluña y la contingencia catastrófica de una Declaración Unilateral de Independencia.

El éxodo empresarial, que amenaza con intensificarse en los próximos días al calor del decreto aprobado ayer por el Gobierno para facilitar el cambio de sedes sociales, confirma que una Cataluña independiente es inviable. La tesis, sostenida por algunos economistas secesionistas, de que una Cataluña independiente sería viable “a largo plazo” es un delirio. Primero, porque hay que llegar a ese “largo plazo” —donde, en ningún caso, su posición sería mejor que la actual dentro de España— y segundo, porque el empobrecimiento a corto llevará a tensiones sociales insoportables. La fuga de empresas —que están votando en su referéndum particular— recortaría cualquier ingreso público por debajo de los límites de subsistencia del presunto Estado, que debería enfrentarse además a un volumen de deuda que no puede pagar.

Mientras tanto, el daño para la economía española puede ser significativo si continúa la tensión independentista, como acaba de recordar con alarma el Fondo Monetario Internacional. Puigdemont y su séquito, con el hálito enfebrecido de la CUP, han llegado a una situación en la que lo único sensato es retroceder.

Fuente: El País, El Confidencial, Vozpopuli

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