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El consejo de administración de Banco Sabadell ha convocado una reunión extraordinaria para esta tarde con el objetivo de aprobar un cambio de sede social de la entidad ante la crisis por el desafío independentista catalán, según ha podido confirmar EL PAÍS. Ya está decidido que se va a producir el cambio de domicilio social y lo que se va a discutir es el destino. Las dos opciones que hay sobre la mesa son Madrid o Alicante, aunque la ciudad mediterránea toma cada vez más fuerza como destino final. Tras conocerse la decisión, el banco, que durante esta mañana caía en Bolsa, ha empezado a recuperarse y antes de mediodía ya remontaba por encima del 5%. La decisión mete presión a CaixaBank, también castigada en los últimos días tras el referéndum ilegal del domingo pasado. Esta entidad no ha tomado una decisión todavía sobre su sede social. Al mediodía subía un 3,4% en la Bolsa.

La entidad que preside Josep Oliu ha confirmado el cambio de sede, aunque insiste en que en la reunión de esta tarde se decidirán los detalles. Asegura que el traslado de sede social es simplemente una decisión técnica, que el banco no se posiciona políticamente y que toma las decisiones que considera más adecuadas para proteger los intereses de los clientes. De hecho, el propio Oliu advirtió, este martes pasado, que ante la "inquietante" situación política por la que atraviesa España la entidad financiera tomaría "las medidas suficientes" para proteger los intereses de sus clientes y accionistas.

Oliu también se refirió a la necesidad de contar con un marco jurídico estable. Y es que la entidad no puede permitirse quedarse fuera del Eurosistema ni bajo el paraguas del Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, que le permiten el acceso a la liquidez en euros y el sistema de garantía de depósitos, el Fondo de Garantía de Depósitos, que se perderían en el caso de una hipotética independencia de Cataluña. Pero además, fuentes del mercado resaltan que con el traslado la entidad podrá competir en igualdad de condiciones con el resto de las entidades financieras españolas, algo que dado el actual contexto político no podían hacer.

Presiones políticas

Desde la propia entidad se admite que la presión política de las autoridades catalanas es considerable por la decisión del cambio de sede. Los máximos responsables del banco han explicado que la salida de Cataluña es "una decisión empresarial, no política", es decir, que no se debe entender como un ataque contra la Generalitat. "Ante esta situación inquietante, se busca transmitir tranquilidad y eliminar las incertidumbres que existen ahora", apuntan fuentes internas del Sabadell. En definitiva, se trata de tranquilizar a los inversores, como se ha visto en Bolsa, y a los clientes, que han retirado fondos, aunque la entidad minimiza las cantidades. "Hay más preguntas y revuelo que retiradas de efectivo", apuntan.

El Sabadell es consciente del rechaza político (y sus consecuencias en el negocio) que tendrá su decisión. No obstante, insisten en que se está "protegiendo a los trabajadores, buena parte de ellos catalanes, accionistas, muchos también catalanes y clientes". La primera reacción llegó de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant que, en una entrevista en 'Nació Digital' recogida por Europa Press, ha llamado al Gobierno catalán que deje de trabajar con La Caixa, Sabadell y BBVA, y que el Instituto Catalán de Finanzas sea su banca pública. También ha pedido el control de los puertos y aeropuertos de Cataluña.

Ya ayer los bancos catalanes, el propio Sabadell y CaixaBank acusaban la tensión por el desafío independentista y fueron los valores más castigados en Bolsa, con caídas superiores al 5% y pérdidas de más de 3.000 millones en capitalización bursátil desde el referéndum del domingo. Y reconocían que tomarán las medidas necesarias para preservar los intereses de sus clientes y accionistas en caso de que la situación se desbordase. Entre esas medidas, estaba el cambio de sede, que el Sabadell ya ha decidido.

La opción del cambio de domicilio social de Banco Sabadell lleva ya tiempo sobre la mesa. La opción de llevarse fuera de Cataluña sus cuarteles generales ya cobró fuerza cuando el expresidente Artur Mas convocó las elecciones del 27-S, a las que quiso dar un carácter "plebiscitario" y, en especial, tras la declaración de Junts pel Sí y la CUP del 9-N. Esa cuestión llegó a estar a punto de ser abordada Consejo de Administración del banco, aunque finalmente saltó de la orden del día, según fuentes cercanas a la entidad. El banco consideraba que no podía permitirse ninguna de las incertidumbres que plantean los planes independentistas del Ejecutivo catalán. Pero el argumento de mayor peso es que, como ha recordado en numerosas ocasiones la Comisión Europea, Cataluña quedará fuera de la Unión Europea, algo que la entidad no puede permitirse sobre todo porque perdería los mecanismos de acceso a la liquidez en euros y a la garantía de los depósitos.

La reunión del consejo analizará dos opciones para la nueva sede: Madrid o Alicante. El Sabadell tiene ahora el domicilio social en Sabadell, pero sus sedes operativas en Cataluña están en Sant Cugat del Vallès y Barcelona. Fuera de la comunidad el Sabadell está en Las Tablas (Madrid) y Alicante. Aunque siempre se ha trabajado con la hipótesis de ir a Madrid, Alicante, donde tiene sede operativa desde que adquirió la CAM, cuenta con varias ventajas. Allí están las oficinas de su brazo inmobiliario, Solvia, y el departamento de marketing de la entidad. Pero además, en Alicante la entidad tiene clonado todo el sistema operativo, lo cual le permitiría trasladarse allí con rapidez. La opción de Oviedo, donde tiene una fuerte presencia, pierde fuerza. Ahora el Sabadell tiene más de 11 millones de clientes en España, Reino Unido, Estados Unidos y México. El negocio en España supone el 70%, mientras que Cataluña representa el 15% del balance de la entidad.

La decisión mete presión a CaixaBank

La decisión del Sabadell mete ahora presión a CaixaBank que es líder en el mercado minorista español y que estos días también está siendo castigada en el mercado de valores. Fuentes oficiales de la entidad aseguran: "No hay ninguna decisión tomada sobre el cambio de sede a fecha de hoy. Cuando haya algo que decir se comunicará". La entidad tiene la sede en Barcelona. Se ha especulado la posibilidad de que pudiera trasladarla a Palma o incluso a Madrid, pero el banco que preside Jordi Gual no confirma este extremo.

CaixaBank, como entidad cotizada, debe seguir lo que ordenan sus estatutos, que para cambiarse, deben someterse al voto de sus accionistas. Ese proceso por los cauces habituales tendría un plazo largo de aplicación, de varias semanas, ya que supondría convocar una junta extraordinaria, someter a votación la propuesta y unos plazos de registro. Según estos estatutos, "la sociedad tiene su domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal, 621". El artículo cuatro dice "el domicilio social podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del Consejo de Administración. Para proceder a su traslado a un término municipal distinto se precisará el acuerdo de la Junta General de Accionistas".

En principio, no hay opciones fáciles en CaixaBank para un procedimiento tan exprés como el aplicado en Sabadell, que sí puede decidir el cambio de sede con la aprobación del consejo. En otro apartado del mismo artículo sobre la sede social señalan los estatutos que "el Consejo de Administración de la Sociedad podrá acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, representaciones, agencias, delegaciones, oficinas y otras dependencias, tanto en España como en otro estado miembro de la Unión Europea o un tercer Estado, con cumplimiento de los requisitos y garantías que le fuesen de aplicación, así como decidir prestar los servicios propios de su objeto social, sin necesidad de establecimiento permanente". habla de "servicios propios de su objeto social", pero no de sede.

Protección para los clientes

Hace dos días, en una nota interna destinada a sus empleados, CaixaBank aseguró que el "único objetivo" de la entidad es "proteger, en todo momento, los intereses de sus clientes, accionistas y empleados", para señalar que eso será lo que guíe "decisiones futuras". Tras conocerse los planes del Sabadell para trasladar su sede social, las acciones de CaixaBank han empezado a remontar y a mediodía subían por encima del 1%.

Según fuentes del sector, Banco Sabadell había mantenido ya contactos con el Gobierno para comunicarle sus planes de trasladar su domicilio social a otra comunidad. El Ejecutivo de Mariano Rajoy asimismo, está teniendo también contactos con CaixaBank ante la difícil situación por la que atraviesan . El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha subrayado este jueves el compromiso de CaixaBank y Banco Sabadell con sus clientes, depositantes y accionistas y las ha definido como "solventes, catalanas, españolas y europeas". "Puedo asegurar que tienen las ideas muy claras y están totalmente comprometidas", declaró el ministro.

Asimismo, el titular de la cartera de Economía ha calificado de "bastante moderada" la reacción hasta ahora mostrada por los mercados. "La reacción es bastante moderada hasta ahora", dijo Guindos.

Las farmacias se plantean buscar alternativas a la industria catalana

Ante el clima de independentismo catalán, farmacéuticos de varios puntos de España están promoviendo una campaña para buscar alternativas a los laboratorios farmacéuticos catalanes, a pesar de que en Cataluña radica la mayor parte de la industria nacional.

Como ha relatado a El Confidencial Digital uno de los promotores, “ante la situación de independentismo insolidario de una buena parte de los catalanes, si no nos quieren, nosotros a sus productos tampoco”.

Los farmacéuticos están haciendo circular a través de internet y entre sus contactos personales un texto en el que se recuerda, en primer lugar, “la prioridad que, como farmacéuticos, tenemos de velar en todo momento por la salud y perfecta atención a nuestros conciudadanos”.

Pero a continuación, se añade la propuesta:

-- “En la medida de lo posible, tratar de buscar alternativas a los laboratorios farmacéuticos catalanes, dando preferencia, en igualdad de condiciones, a los establecidos en otros lugares. Dada la dificultad objetiva de cambiar de forma brusca de proveedores, reducir al máximo nuestros pedidos con los laboratorios catalanes, al menos mientras dure la tensión actual”.

Así mismo, los impulsores de la campaña plantean “explicar con claridad a los delegados que nos visitan cuál es nuestro punto de vista, para que así lo transmitan a sus superiores en los laboratorios”.

“Dejando claro –explican- que no vamos contra ellos, pues sabemos que son otras víctimas más: ni siquiera contra la empresa, algunas de ellas (muy pocas) se han manifestado explícitamente contra el independentismo”.

Uno de los promotores de este boicot ha confirmado a ECD que visitó Barcelona el pasado domingo, 1 de octubre, día de la celebración del referéndum ilegal, por motivos familiares:

-- “Regresé muy triste por lo que vi: un fanatismo independentista que me recordó a las sectas. Un fanatismo que es capaz de usar a sus propios hijos como escudos humanos. Pensé que así debió surgir el movimiento nacional-socialista nazi”.

Los hoteleros notan ya las consecuencias del desafío catalán: "Empiezan las anulaciones"

La situación de emergencia institucional y social creada por el desafío independentista en Cataluña y el resto de España empieza a dejarse sentir en el sector hotelero, que no esconde ya la altísima preocupación que supone en su mercado. Así lo afirmaron muchos de sus representantes en el gran debate hotelero celebrado este jueves en Madrid. “Esto es muy negativo, así sí paños calientes”, afirmó Jairo González, CEO de B&B Hoteles.

La situación catalana cerró la primera etapa del debate y la atención del público se localizó en el asunto. Ninguno de los ponentes obvió manifestarse al respecto y el pesimismo cubrió cada una de las opiniones. “A cortísimo plazo nuestros hoteles ya empiezan a notar este proceso. Muchos han sufrido anulaciones de habitaciones o raíz de suspenderse congresos en estos días. La situación es muy preocupante, sobre todo para aquellos que tienen más dependencia del mercado internacional. Supone caídas brutales”, zanjó Alfonso del Poyo, vicepresidente de Meliá Hoteles Internacional.

El sector constata además que las consecuencias se extenderán al sector en todo el país. Del Royo aseguró que la situación “puede tener incidencias también en Madrid y en otros lugares, al menos en este momento”. A largo plazo, explicó, dependerá de cómo se desarrolla la situación. “Ahora mismo el melón está abierto”. Los participantes en el debate que contó con representación de prácticamente todos los grandes grupos y asociaciones del sector miraron con mucha incertidumbre las próximas semanas y los próximos meses, teniendo en cuenta cómo están transcurriendo los acontecimientos.

La conclusión generalizada en el debate fue exactamente esa: el escenario actual tendrá consecuencias en todo el mercado español. José Ángel Preciados, director general de Ilunion Hoteles, resaltó que los fondos de inversión ya están parando sus operaciones en Cataluña y han puesto en rojo al resto del país, como publica hoy El Confidencial, y recuerda que a nivel internacional “los inversores piensan en España”. “Fuera no tienen claro exactamente lo que está pasando en Cataluña y lo que hacen es poner en cuarentena todo lo que pueda verse afectado. Independientemente de lo que ocurra a largo plazo, ahora mismo no hay ningún beneficio. Todo lo contrario. Las caídas son tremendas”.

La incertidumbre está encima de la mesa a todos los niveles. La Generalitat confirmó que el lunes el Parlament celebrará el lunes un pleno que, a priori, está destinado a declarar unilateralmente la independencia. El Gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, sigue a la espera de determinar las acciones que tomará, con la intervención parcial o total de la autonomía encima de la mesa.

El abandono a los funcionarios del Estado en Cataluña: "Muchos pensamos en el traslado"

Cuando a Vicente Fenellós le presentan a alguien que no conoce, dice que es abogado. No miente. Solo quita una parte importante a su empleo. Vicente es abogado, pero abogado del Estado. Y está destinado en Barcelona. Son solo 19 en Cataluña defendiendo al Estado en tribunales y emitiendo informes jurídicos para la Delegación del Gobierno. “Cuando alguien me pregunta y no sé quién es, prefiero no dar detalles”.

Vicente pertenece a una especie que ha menguado con los años y que ahora sufre con el 'procés'. Son funcionarios del Estado en Cataluña: fiscales, jueces, inspectores de Hacienda, secretarios municipales… Cuatro de ellos explican sus problemas ante el proceso de independencia. Un secretario municipal resume: “El Estado lleva tiempo abandonándonos y ahora se nota”.

Diego Villafañe es fiscal en Hospitalet, pegado a Barcelona, y ha decidido hablar. “Puedes citarme, la gente está perdiendo el miedo”, explica este miembro de la Unión Progresista de Fiscales en la sede de la Ciudad de la Justicia. En las puertas hace unas semanas hubo una concentración independentista de protesta contra las primeras detenciones por el referéndum ilegal. Villafañe, natural de León, lleva 10 años en Cataluña, donde se casó y ha tenido familia. “Hay una gran fractura social, Cataluña está partida en dos y tiene muy difícil arreglo. Hemos tenido concentraciones ahí abajo con un cariz intimidatorio claro. Gritaban: ‘Fuera justicia española, fuera las fuerzas de ocupación'. Somos un baluarte del Estado aquí y nos sentimos desamparados”, explica.

Los jueces y fiscales son funcionarios del Estado por una oposición nacional. Según la puntuación que obtengan, eligen destino. Por eso en Cataluña hay mucho funcionario procedente de fuera —y no 'indepe'—, no como en los cuerpos autonómicos. En la Fiscalía de Hospitalet la inmensa mayoría nacieron fuera de Cataluña. Aunque la revolución catalana insiste en que todo se basa en la palabra y en la no violencia, está plagada de gritos y actitudes intimidatorias. El pasado martes, durante la huelga general remunerada, los piquetes cerraban centros comerciales al grito de "no llevamos armas” y una de las consignas más repetidas es “las calles serán siempre nuestras”, sin que muchos jóvenes vean ningún problema en ese 'nuestras'.

Los que no tienen las calles son los no independentistas. Ante la tensión creciente, muchos se plantean solicitar otro destino. “Evidentemente que la mayoría de nosotros hemos pensado en pedir el traslado. Tendríamos trabajo, pero no sé por qué me voy a tener que ir yo de Barcelona, que ya es mi ciudad y donde tengo la familia”, critica Villafañe, que añade: "Puedes hablar de esto con tu familia, pero con tu familia nuclear directa, y con los compañeros del trabajo. Y ya".

Las competencias de Justicia están transferidas, así que las sedes, el sistema informático y otros funcionarios son de la Generalitat. En la Ciudad de la Justicia, algunos de estos funcionarios autonómicos bajaron a manifestarse por las detenciones —ordenadas por un juez— contra sus compañeros. Otros hicieron la huelga general del martes, ya que la Generalitat no les descontaba la parte de su sueldo.

Muchos de estos funcionarios del Estado tienen formación jurídica y ven con una mezcla de asombro y desesperación la aprobación de la independencia con un marco declarado ilegal. "Para una persona de leyes, el 'procés' se lleva francamente mal porque es un sinsentido jurídico", razona el abogado del Estado, que llegó a Barcelona procedente de Valencia hace nueve años. Vicente cuenta que no ha afectado a sus relaciones personales, más allá de camuflar a veces su condición de abogado del Estado o de simplemente evitar el tema con amigos. A menudo se enfrentan en los tribunales con los letrados de la Generalitat, un cuerpo mucho más numeroso. Este afirma que no tienen ningún problema entre ellos: "Los letrados de la Generalitat son tan profesionales y válidos como nosotros. De hecho, muchos prepararon oposiciones a abogado del Estado y actualmente son letrados de la Generalitat. Ha habido cenas con ellos y buen trato".

La Abogacía del Estado aquí se dedica, además de a representar a la Agencia Tributaria en los casos de delito fiscal como los de Messi, a impugnar decisiones de la Generalitat o de ayuntamientos: desde no poner banderas españolas, acuerdos municipales para financiar la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), la creación de la Agencia Catalana del Medicamento o la Agencia Tributaria propia. En otras comunidades tiene más atribuciones, como las multas de tráfico, pero aquí está cedida la competencia. Conforme el Estado ha ido cediendo competencias, el número de funcionarios con una oposición nacional menguaba.

Donde más se nota es en la Cataluña interior. En zonas rurales, donde hay una abrumadora mayoría independentista. Es en uno de esos pueblos, Arenys de Munt, donde surgió la primera consulta a favor de la independencia. "En muchos pueblos hay un notario, un registrador y los secretarios municipales como único resto del Estado central", cuenta un secretario municipal que pide el anonimato. Él vive en un pueblo pequeño y ha sufrido momentos tensos. "En un pleno en el que se votaba la adhesión a la AMI, tuve que levantarme y decir que era ilegal. Estaba el salón lleno de gente de la CUP, que me abucheó. El alcalde ahí me defendió. Aunque no estamos de acuerdo, no nos llevamos mal. Dijo que yo estaba haciendo mi trabajo".

Este secretario municipal cuenta que muchos compañeros suyos que llegaron de fuera de Cataluña se han ido poco a poco, pidiendo traslados. De forma que muchos de los que van quedando simpatizan con el independentismo. Cuando los ayuntamientos se debatían entre si podían o no ceder locales públicos para el referéndum declarado ilegal, hubo secretarios municipales independentistas que buscaron una interpretación para permitirlo. Después, la Diputación de Tarragona transmitió las instrucciones de la AMI a todos los secretarios para no colaborar con la Fiscalía con el argumento —jurídicamente defendible— de que ya había una investigación judicial abierta y que por tanto la Fiscalía tenía que apartarse.

La ley de transitoriedad aprobada por el Parlament establece que con la independencia todos los funcionarios pasarían a depender de la Generalitat o, si no quisieran la nacionalidad catalana, tendrían que pedir otro destino. Un juez de lo Social de Barcelona que no quiere dar su nombre se lo toma a broma. "Ni me la he leído. Eso no va a pasar". Este juez coincide en que "hay una creciente sensación de desamparo" entre los funcionarios del Estado en Cataluña. "Nos preocupa la situación de desbordamiento del orden constitucional, la pérdida de confianza en la que hasta ahora era nuestra policía judicial, y la situación en que quedaremos después de esto como representantes del poder del Estado, al ver cómo se está fracturando la sociedad".

Los policías y guardias civiles destacados estos días en Cataluña han sufrido escraches y han sido la cara visible de un problema mayor. "Ellos se irán, pero nosotros nos quedamos", resume este juez, que no piensa de momento en moverse: "Llevo unos años muy buenos aquí y he estado muy a gusto y quiero seguir estándolo. Confío en que se arregle". Lo que tiene difícil solución es la quiebra de la confianza en los Mossos tras su pasividad el 1-O. Este magistrado no se imagina en sus tiempos al frente de un juzgado de instrucción que no pudiera confiar en la policía autonómica como policía judicial: "Trabajaban muy bien y con profesionalidad. Ahora ya...".

Uno de los consultados lamenta que hasta ahora la respuesta haya sido solo policial y judicial. Y ahora que el Gobierno se plantea aplicar el artículo 155 de la Constitución, este funcionario de la Administración General del Estado se pregunta: "¿Quién y cómo va a aplicar eso en Cataluña? ¿O lo van a llevar desde Madrid?".

Análisis: Junqueras, el suicidio económico

Xavier Vidal-Folch

Cae la cotización de la banca catalana (los afectados matizarán); se desploman reservas turísticas en la seductora capital de Cataluña (los perjudicados suavizarán); se paralizan inversiones (los grandes despachos no concretarán); se largan sedes de compañías punteras, Oryzon, Naturhouse, hasta (con coartada de fusiones) la Coca-Cola de Sol Daurella, esposa del chófer de Jordi Pujol, Carles Vilarrubí.

¿Conspiración? No: Oriol Junqueras.

Rebobinemos. Venía Junqueras, carlista y con castillo, recorriendo el vía crucis de embajadores y banqueros. Les susurraba a los católicos que cómo sospechaban de él, si él era de misa, no diaria, pero de misa, y pues, rechazaba revoluciones, solo era un reformista social.

Le creyeron, alguno apostó por él como recambio del Astut Mas, una fundación/fondo reservado financió digitales secesionistas y de repente, ay, compuestos y sin novio.

Vuelta al presente. El 20 de septiembre, día del registro a su Departamento de Economía (responsable logístico del referéndum del 1-O), tras ver que el juez ha hecho detener a todo su equipo, Junqueras escribe, como ha contado Claudi Pérez (EL PAÍS, 29/9/2017).

¿A quién? A Mario Draghi, presidente del BCE, minutos después de que lo hiciera otra empleada suya. Es un memorial de agravios políticos y reclamaciones del referéndum, tipo abate Sieyès, en comarcal.

Pero se focaliza en la intervención de las finanzas autonómicas por el Ministerio de Hacienda, como “un acto altamente irresponsable” que “amenaza al sistema de pagos”, la “financiación del gasto público” y, quietos parados, “la estabilidad del sistema financiero de la eurozona”, augurando estampidas de depositantes y alzas de los costes bancarios.

Nada de eso sucede enseguida, hasta el día D+1, el 2-O. Pero Junqueras lo tenía perfectamente previsto y programado, aunque acabase culpando a Hacienda del desaguisado.

El 13 de noviembre de 2013, en Bruselas, donde cobraba de eurodiputado, ya amenazó con que podría “parar la economía catalana durante una semana”, lo que finalmente concretó anteayer, de momento por una jornada: el ensayo de suicidio económico.

El envite era afectar a la “estabilidad” de los mercados financieros y perjudicar a toda España: “¿Qué impacto tiene [por tendría] sobre el PIB español, qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española?”.

Lo ratificó en Barcelona, ante empresarios catalanes (el 27/1/2015): “Continuaré afirmando lo mismo”, aseguró.

El cauteloso gobernador del Banco de España, Luis Linde, avisó (21/9/2015) de que la secesión podría generar un posible “corralito”.

Le zumbaron. El consejero proseparatismo del mismo banco central, Guillem López Casasnovas, se burló de él: “Todo es posible, también un terremoto”, dijo. Artur Mas le acusó de “indecencia”. Linde ha vuelto a advertir con sordina del riesgo económico “por las tensiones políticas en Cataluña” (28/9/2017).

Ahora ya ni le insultan. Pero el dentífrico (la ruina catalana) empieza a salir del tubo.

Fuente: El Confidencial, El País, El Mundo, ECD

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